“La religión, la libertad, la venganza, no importan; basta una palabra para arrastrar el género humano a una carnicería; algunas frases facciosas, inventadas y propagadas por la astucia para que reine el crimen”. George Gordon
En los años de 1960 y 1970, del pasado siglo XX, nuestro país registraba una baja incidencia delictiva. Durante el tiempo ya mencionado, la mayoría de los delitos que se cometían eran “menores”. De acuerdo a la legislación constitucional, las policías que operaban en aquel entonces se dividían en: 1. Policías preventivas municipales que tenían como función primordial, las actividades de prevención y vigilancia; 2. Las policías judiciales o las también llamadas policías ministeriales, con mayor propiedad porque dependen del mando directo e inmediato del Ministerio Público; estas policías se encontraban adscritas a las Procuradurías de Justicia de cada Entidad Federativa y a la Procuraduría General de la República (PGR), mismas policías que eran encargadas de la investigación de delitos de bajo perfil, bajo la dirección del Ministerio Público del Fuero Común o del Ministerio Publico de la Federación.
Las capacidades de investigación de las policías ministeriales eran sumamente pobres, casi insignificantes, en virtud de que el tipo de delitos que se cometían, generalmente eran de bajo perfil. Por ejemplo, robo, lesiones, allanamiento de morada, etc., y generalmente en aquel entonces, las averiguaciones previas -hoy, Capetas de Investigación- se instruían con detenido en virtud de que los imputados eran atajados en el rudimentario concepto de flagrancia, que existía en aquel entonces, aunado a que la legislación no establecía con precisión, el término legal en que una persona detenida, podía estar a disposición del Ministerio Público. Generalmente, las personas detenidas eran aseguradas por la policía municipal que realmente era la que hacia una labor importante y significativa en la captura de los presuntos responsables de los delitos.
Como consecuencia de este estado de las cosas, no había ninguna preocupación política realmente seria por combatir el delito y el fenómeno criminal, como ya lo expresamos, realmente no representaba una zozobra y preocupación social como actualmente ocurre. A mayor abundamiento, incluso al día de hoy, muchos gobernadores de las diferentes entidades federativas y presidentes municipales, tampoco se preocupan por el fenómeno delictivo de sus estados o ciudades, siendo su obligación primaria, brindarles seguridad a la ciudadanía; sin embargo, es hasta los momentos críticos que para desligarse de esta obligación, recurren a solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas del país, mostrando con ello, las autoridades civiles su falta de eficacia y su notable irresponsabilidad.
Como consecuencia de la estabilidad social y política de los años 1960 y 1970, el nacimiento de las organizaciones criminales pasó prácticamente inadvertido.
En aquel entonces, el Estado aplicó el modelo político del “Desarrollo Estabilizador” que pregonaba, como parte de su política económica, el proteccionismo y consecuentemente, las empresas nacionales tenían que ser protegidas de sus competidores extranjeros.
Una fórmula que se puso en práctica fue consecuentemente evitar la importación de productos de uso común -aparatos eléctricos, juguetes, ropa, etc.-, dando así surgimiento a un mercado negro y a la proliferación del contrabando.
Las mercancías provenientes generalmente de Estados Unidos, se introducían de forma ilegal, es decir, de contrabando al país. ¿Cómo ocurrió esto? Se crearon redes de corrupción gracias a la complicidad de todo tipo de autoridades en aduanas, policías federales y preventivas. Cabe remarcar que la ciudadanía no vio este “comercio” como ilegal y consecuentemente, dedicarse a la “fayuca” era una actividad “comercial” muy socorrida y dejaban beneficios económicos satisfactorios a quienes se dedicaban a ella.
Sin embargo, hacia 1980, las políticas proteccionistas perdieron vigencia y el país abrió sus fronteras al comercio exterior, lo que ocasionó que cada día resultará más fácil adquirir mercancía del extranjero, que antes eran “fayuca”. De manera que usted podía adquirir de manera directa las mercancías y a precios más bajos; por ende, el contrabando dejo de ser un negocio atractivo y las organizaciones que se dedicaban a ello, buscaron otras fuentes de actividades ilegales, pero igual o más redituables, como el narcotráfico, debido a la alta demanda de narcóticos del país del norte, así como el delito de tráfico de personas.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
