Al canjear el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa contra Javier Duarte, la Procuraduría General de la República está favoreciendo una reducción sustancial en la pena aplicable al ex gobernador de Veracruz. Además, se abre la puerta para que se analice el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por alguna diversa. Dos procesos penales en Veracruz y una investigación por desaparición forzada impedirían que el ex mandatario pise la calle. En julio de 2017, ZETA advirtió que Duarte “camina a la impunidad”
La historia del proceso penal que se sigue al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no es muy distinta a la que se conoce de otros políticos incómodos al sistema y que después de ser enjuiciados terminan recibiendo una magra penalidad o incluso son exonerados. La reclasificación de delito que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) allana el camino del veracruzano para recuperar en breve tiempo su libertad.
Cuando ZETA cabeceó un reportaje bajo el título “Duarte camina a la impunidad”, en la edición 2260, tras habérsele decretado auto de vinculación a proceso en julio de 2017, ya se advertían serias deficiencias ministeriales en la integración de la carpeta de investigación por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Poco faltó para que el Juez de Control que conoció del caso en Ciudad de México derribara la pobre actuación del Ministerio Público Federal con los costos políticos que ello implicarían.
Ahora que el fiscal varió la acusación del delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, la situación parece más cómoda para la defensa legal y su cliente, quien podría enfrentar el proceso en libertad provisional bajo caución, de insistir sus abogados y acreditar que Duarte no representa un riesgo para la sociedad, como tampoco se evadiría de la acción de la justicia.
Sin embargo, el político continuará privado de la libertad, pues el juzgador le impuso en su momento la medida cautelar de prisión preventiva por insistencia de la representación social, principalmente por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y no tanto por el de delincuencia organizada, ya que en el primero de los ilícitos se tendría que cubrir la reparación del daño que -en este juicio- asciende a solo 38 millones de pesos presuntamente desviados del erario público.
Pero el ex mandatario no quedaría libre inmediatamente. Su defensa tendría que promover el incidente respectivo y el juez tendría que concederle la razón. Por si fuera poco, Javier Duarte enfrenta dos procesos penales ante juzgadores del fuero común en Veracruz y autoridades federales supuestamente le integran una nueva carpeta de investigación por el delito de desaparición forzada.
La razón por la cual la PGR, a través del Ministerio Público Federal realizó la reclasificación del delito en la acusación, es porque “no cuenta con los datos de prueba suficientes” para acreditar la responsabilidad plena del ex gobernador en el tipo penal de delincuencia organizada, informó la propia dependencia. La PGR no desea que le ocurra una situación similar a la de la absolución de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, que curiosamente, hasta hace unos meses, compartía el mismo abogado de la defensa, Marco del Toro.
La información conocida en los minutos iniciales del miércoles 22 de agosto de 2018 cayó como una “bomba” en el ámbito político y el primero en reaccionar fue el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien se convirtió en persecutor de su antecesor. Aseveró que Duarte de Ochoa seguirá tras las rejas y en caso de que salga del penal capitalino donde se encuentra, deberá ser entregado a autoridades veracruzanas para enfrentar las causas penales pendientes.
“Existe el precedente ya de que Duarte está siendo sometido a dos procesos penales en la Ciudad de México, es decir, no hay ningún elemento que permita afirmar hoy que Duarte tenga un pie fuera de la cárcel, tiene los dos dentro de la cárcel y así debe permanecer durante muchos años”, dijo enfático Yunes Linares.
¿PRE-AMNISTÍA PRIISTA?
La PGR se bajó del ring antes de iniciar la pelea. No es una situación frecuente, pero si una facultad de la que goza el Ministerio Público, reclasificar los delitos, o como ha ocurrido en contadas ocasiones en la historia, de formular conclusiones no acusatorias.
La situación resulta extraña después que apenas decretado el auto de vinculación a proceso en julio del año pasado, el director general de Procesos de Amparo de Delitos Federales de la PGR, Pedro Guevara Pérez, aseguró que “si el caso contra el ex gobernador Javier Duarte no fuera sólido, el juez no lo hubiera vinculado a proceso”, y agregó que los yerros mostrados en las audiencias previas no eran graves, sino que se criticaba sin sustento a los fiscales, porque “la gente no entiende el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.
En esas fechas, la PGR expuso públicamente que se habían aportado 82 pruebas en contra del ex mandatario, y en el caso concreto de la imputación por delincuencia organizada, se acreditó preliminarmente que Javier Duarte “fue líder de una organización delictiva conformada por lo menos por nueve personas”. De acuerdo con la dependencia, los ilícitos se llevaron a cabo en Veracruz, Campeche y Ciudad de México entre los años 2011 y 2016, periodo en que el imputado se desempeñó como gobernador de Veracruz.
Entrevistado sobre el asunto, el abogado postulante, maestro en Derecho, Jorge Huerta Partida, reconoce que de acuerdo con el Artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al momento que el Ministerio Público Federal formula la acusación, la tiene que realizar por los hechos y por las personas que se encuentran señaladas dentro del auto de vinculación a proceso decretado por el Juez de Control, “pero establece este mismo párrafo de la fracción XII, del numeral referido, que se puede efectuar, y faculta al órgano ministerial a realizar una distinta clasificación a la del delito por el cual le fue decretado el auto de vinculación. Nada más tiene que hacerse del conocimiento a las partes.
“Es decir, sí existe la facultad para el órgano de la representación social (fiscal) para que haga la acusación por un delito diverso al que en un inicio se consideró para consignar al imputado y se le dictara auto de vinculación”, consideró el experto.
Desde luego la nueva situación jurídica favorece al imputado, señala Huerta Partida. “Con base en esa reclasificación que se está manejando, pues hablamos que hay una variante total de la penalidad aplicable. Por ejemplo, estaríamos hablando que por el delito de delincuencia organizada la pena es de 20 a 40 años de prisión; mientras que, por el delito de asociación delictuosa, se establece una pena de cinco a diez años de prisión. O sea, entre la mínima de un delito a otro hay una variante de 15 años, y de la máxima hay una variante de 30 años, imagínense nada más”.
El abogado Jorge Huerta estima que este tipo de situaciones “lo único que da a denotar a la sociedad mexicana es una total desconfianza por los órganos de procuración e impartición de justicia, ¿por qué? Porque da a pensar, y de manera presumible, una cierta negociación para poder canjear un delito por otro. Por las penas, en primer término, que eran elevadas por el delito de delincuencia organizada al de asociación delictuosa; y en segundo lugar, hay que recordar que el delito por el cual se cambió la acusación, no está establecido en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales como de los que requiere de prisión preventiva oficiosa”.
Sobre la posibilidad de que Duarte salga de la cárcel, el litigante y asesor jurídico en medios de comunicación dejó en claro que “si bien es cierto, cuando se decretó el auto de vinculación y se le inició el proceso penal, se ordenó la prisión preventiva oficiosa por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ésta fue por el riesgo que se pudiese tener de que el imputado se evadiera de la acción de la justicia. Ahora, sí la defensa logra acreditar que no hay riesgo fundado para que su cliente no comparezca a las audiencias, pues automáticamente como no es delito que amerite prisión preventiva oficiosa, el ex gobernador podría reclamar y recuperar su libertad”.
En cuanto a la defensa le sea notificada la acusación formulada por el Ministerio Público de la Federación en contra del ex gobernador Duarte, dicho órgano de defensa técnico cuenta con un plazo de diez días para responder a esa acusación y presentar las pruebas que considere oportunas. Posteriormente el juez fijará una fecha para la audiencia de etapa intermedia, en la cual se van a depurar las pruebas a ofrecerse en la tercera etapa, la del juicio oral, y se va a decidir por cuáles delitos se ordenará la apertura de juicio a prueba.
MAL COMIENZO
El conocido adagio de “lo que mal inicia, mal acaba” parece cobrar relevancia en el presente asunto, ya que cuando se realizaron las primeras audiencias en el Juzgado Penal de Control se advirtieron garrafales y vergonzosas pifias del Ministerio Público Federal. Los fiscales comisionados para llevar el caso mostraron desconocimiento total y falta de capacidad y conocimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal en vigor.
Durante el desarrollo de su teoría del caso, uno de los agentes ministeriales afirmó que en el tiempo de su gestión como gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa encabezó una organización delictiva que operó en esa entidad, Ciudad de México y Campeche, y facilitó recursos económicos que desvió a través de transacciones bancarias para establecer empresas “fachada”.
En esa audiencia, el propio Duarte solicitó al juez que los fiscales desglosaran cada hecho que le imputaban y de forma detallada precisaran el tiempo de la presunta comisión de los delitos para establecer sí ya era gobernador en funciones. Los representantes sociales se mostraron erráticos y contrariados, poniéndose a buscar la información solicitada en los diversos legajos de las tres cajas, durante aproximadamente una hora.
Los funcionarios de la PGR variaron las cantidades económicas que anteriormente otros fiscales habían expresado en audiencias de otros coacusados del ex mandatario. Lograron sumar 38 millones de pesos presuntamente desviados del erario público por el priista en la transacción de 21 parcelas en el Ejido Lerma, en Campeche, y no los 438 millones de pesos que inicialmente eran objeto de la acusación. También erraron al manifestar las fechas de los hechos, asegurando que habían sucedido entre 2010 y 2011, cuando Duarte todavía no era gobernador.
La exhibida que se dieron los funcionarios fue patente, lo que aprovechó la defensa de Duarte para hacer notar la diferencia de cantidades de dinero en la imputación. El juzgador dijo textualmente que efectivamente “los números no cuadraban” y los fiscales no habían sido capaces de responder a preguntas sencillas formuladas por la defensa. “Es evidente la dificultad para encontrar los datos que les están siendo requeridos”. La audiencia concluyó, pero al vencer el plazo constitucional, el juez fue condescendiente con la PGR y formuló el auto de vinculación a proceso, aunque por un monto ínfimamente diferente al planteado de forma inicial.
Con todo y estos errores el asunto sigue adelante, ahora con un Duarte “menos cargado” en la acusación federal, y con los dos procesos pendientes de sentencia en Veracruz. En esa entidad se le investiga por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada, un asunto en el que 19 personas desaparecieron y sus cuerpos fueron localizados en la Barranca de la Aurora en enero de 2016.
¿Y Karime Macías?
Aunque Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitó asilo político a la Gran Bretaña hace varios meses, hasta el momento no existe fecha probable para que el gobierno británico defina si procede o no la petición de la mexicana, en contra de la que un juez dictó orden de aprehensión por el presunto desvío de más de 122 millones de pesos del erario público.
En la segunda quincena de junio, los abogados de Karime -quien vive en una lujosa zona de Londres con sus hijos y otros familiares- aseguraron mediante un comunicado que el gobierno del Reino Unido considera que su clienta reúne las características de perseguida política, por lo que cuenta con protección. La solicitud de asilo político fue admitida a trámite. Fue lo último que se conoció de ella, además de los fallidos amparos promovidos en México.
La orden de captura que pesa en contra de la mujer de Duarte refiere que el dinero oficial fue desviado hacia empresas fantasma cuando Macías fungió como directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). La fiscalía de Veracruz argumentó que Karime utilizó recursos para la compraventa de equipo médico y sanitario, paquetes escolares, entre otros artículos, por medio de compañías inexistentes.
Por su parte, el gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares ha expresado en diversas oportunidades que la esposa de Javier Duarte no es una perseguida política, sino una prófuga de la justicia. En Juzgados federales de Ciudad de México y Veracruz han sido desechados por lo menos cuatro juicios de amparo promovidos en favor de la autoexiliada para combatir la orden de aprehensión y para que sus defensores tengan acceso a las carpetas de investigación que pudiesen existir en contra de la imputada.
Desde el año pasado se conoce del paradero de la ex primera dama de Veracruz e investigadores del gobierno estatal la ubicaron viviendo cerca del Palacio de Buckingham y, a pesar que existe una ficha roja de localización y detención emitida por la Interpol en mayo de 2018, Macías Tubilla aún no es aprehendida.
En junio último, miembros de la comunidad mexicana en Reino Unido repartieron panfletos en Londres con la imagen de la mujer y una leyenda de “Se busca por la Interpol”. En el documento se aprecian tres fotografías, una de ellas de Karime con todos los miembros de su familia, y en el texto se puede leer que la mujer participó en la red de corrupción de su esposo, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso y acusado de robar más de 3 mil millones de pesos.
