Sin la autorización del Gobierno Federal, el nuevo censo de vehículos “chocolate”, anunciado por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid con el fin de reducir su participación en delitos y facilitar su control y regularización, “es como una aspirina para curar un cáncer”, declaró el consejero de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) e impulsor del censo realizado por el gobierno estatal en 2016, Gilberto García Leyva.
“La respuesta de Hacienda siempre ha sido negativa completamente a un posible programa de esa naturaleza”, expuso el exlíder de loteros en Tijuana, quien consideró que una campaña de legalización de vehículos que ingresaron de manera ilegal al país, ayudaría a los usuarios de menos recursos, pero no solucionaría el problema de autos “chocolate”.
Es por ello que los comerciantes de autos usados organizados, aspiran a una ley de importación que regule de manera permanente, baje los costos y garantice el negocio por dos o tres décadas, sin la zozobra de cada sexenio, esto en relación al siguiente presidente.
Dijo que, aunque en un encuentro, Andrés Manuel López Obrador se mostró abierto a escuchar sobre los vehículos “chocolate”, apenas está por verse su posición al respecto, por lo cual, los loteros organizados ya preparan también una propuesta para presentarle el siguiente año al presidente electo.
A pesar de que no la tienen definida, aspiran a solicitar la importación de vehículos modelo 2006 y anteriores, de cualquier marca, exceptuando las de lujo, siempre y cuando pasen la certificación ambiental de la NOM 049, con una reducción del precio estimado de hasta 40 por ciento.
En entrevista con ZETA, el director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, Nolberto González Grajeda, reconoció que para llevar a cabo el censo anunciado por el gobernador, sin verse obligados a decomisar las unidades, se requiere que la Secretaría de Hacienda publique el acuerdo con la logística en el Diario Oficial; no obstante que la actual administración no ha cambiado su posición al respecto y no ha arrancado la administración de López Obrador, motivo por el cual, las áreas jurídicas y de innovación del gobierno estatal trabajan en el planteamiento y criterios del censo local.
A partir del empadronamiento, detalló el funcionario, el gobierno de Baja California apelaría por una revisión de los esquemas de importación y ampliación de los modelos y marcas que están definiendo.
El responsable de Ingresos del Estado no estableció un plazo para reiniciar el registro de vehículos, pero confió en que será mucho más fácil y rápido, por la experiencia con el anterior, en el que se enlistaron 24 mil 383 unidades, aunque considera que actualmente deben ser más.
Por su parte, García Leyva calculó que luego de la restricción a las importaciones en 2008, ingresaron al Estado, más de un millón de vehículos irregulares, los cuales superan el Registro Vehicular del Estado que, según la propia Dirección de Egresos, cuenta con un padrón de un millón 038 unidades, mismo que en 10 años, en lugar de aumentar, se redujo en 150 mil vehículos.
Otra interesada en el asunto es la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nancy Sánchez Arredondo, quien el 28 de julio pasado presentó en la Comisión Permanente del Congreso, un punto de acuerdo para que la autoridad federal y gobernadores implementen un programa de regularización definitiva de vehículos “chocolate”.
En entrevista con este Semanario, la legisladora por Baja California dijo que es un llamado urgente a aplicar, una medida que además de ordenar y legalizar los vehículos, permitirá reducir su uso en actos delictivos, beneficiar a los ciudadanos que no pueden pagar las costosas importaciones y recaudar recursos por parte del gobierno. “No tiene desperdicio”, consideró.
En ese sentido, Gilberto García Leyva dijo que la única vía de que haya un programa especial de regulación de autos usados antes del cambio de administración, es mediante un decreto del Presidente Enrique Peña Nieto. “Entraría en vigor al siguiente día”, aseveró.
Finalmente, el vicepresidente ejecutivo y ex coordinador especializado en autos usados de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, Jorge Macías Jiménez, dijo que, además de no solucionar el problema, un programa social paralizaría la actividad de los comerciantes de vehículos usados, que ya ha sucedido anteriormente.
“Esa iniciativa es desde hace tiempo y no ha prosperado. No suena a nada nuevo y no creo que vaya a prosperar”, expresó.
Consideró que solo una ley que regule la importación de los vehículos usados, podría funcionar para regularizar de manera permanente, el parque vehicular de esta frontera.
