En lo que va del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) ha abierto 147 expedientes de quejas por posibles violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana, 15 de ellas contra migrantes; casos que la autoridad implicada y el propio alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, dijeron desconocer.
“La Comisión de Derechos Humanos nos advierte, ‘hay error en esto’, y eso no hay que volverlo a hacer. Pero lo demás no está advertido, no está observado, quiere decir que no está mal y hay que seguir haciéndolo. Donde hay señalamiento, se corrige. No hay señalamiento, no hay corrección (por parte de la CEDH), ¿qué significa? Que se están haciendo las cosas bien”, expuso el presidente municipal de Tijuana.
Al respecto, la presidenta de la CEDHBC, Melba Adriana Olvera Rodríguez, dijo a ZETA que durante 2018, el organismo ha solicitado a la SSPM, 224 informes justificados sobre los actos denunciados en las 174 quejas recibidas. “Después de la Comisión, la primer persona que se entera de que algo no está bien, porque probablemente se violaron derechos humanos, es la autoridad que está siendo señalada”, aseveró.
Además, comentó, debido a un convenio que mantienen ambas instituciones, este año la Comisión se ha reunido en tres ocasiones con el representante jurídico de la corporación para el seguimiento de los casos y la más reciente fue el 6 de julio.
De acuerdo con la ombudsperson, las quejas contra policías de Tijuana iban a la baja del 2015 a 2017, pero de acuerdo a la tendencia del primer semestre de 2018, este año superará las 219 registradas el año anterior. Aunque, reconoció Olvera Rodríguez, podría haber más que no son reportadas, porque “todavía hay cierto temor en la ciudadanía a presentar una queja contra una autoridad que puede estar armada”, indicó.
Las violaciones más comunes cometidas por los policías son detenciones arbitrarias, imputación indebida de hechos, como “siembra” de droga; trato cruel, inhumano y degradante, cateos realizados sin una orden judicial; uso indebido de la fuerza pública y armas, entre otras. Los derechos más vulnerados son el de la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, y al trato digno.
Al respecto, el secretario Marco Antonio Sotomayor dijo que la dependencia a su cargo no ha recibido ninguna notificación del organismo al respecto. “En el momento en que estemos notificados de esa situación, pues vamos a atenderlos como corresponda”.
No obstante, asentó que no requieren de investigaciones por parte de la CEDH para actuar ante un presunto mal actuar de agentes, muestra de ellos es la remoción de 142 elementos en lo que va de la actual administración municipal.
Tanto el alcalde Gastélum como el secretario Sotomayor, enfatizaron que los señalamientos de la CEDHBC hacen, se refiere a asuntos registrados durante la administración pasada y que de eventos de este año, no les han notificado o puntualizado faltas.
Su afirmación se contrapone con las propias denuncias expuestas por organismos de apoyo a migrantes ante la Comisión y que han hecho públicas; de las 23 quejas con que cuenta la CEDHBC de personas en contexto de migración, 15 son contra la SSPM.
Los migrantes reportan detenciones arbitrarias, robo de pertenencias, lesiones, la no entrega de información solicitada, así como estigmatización o trato discriminatorio por su origen extranjero e incluso extorsión.
En la manifestación de migrantes, realizada el 16 de julio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), el coordinador de la asociación Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, denunció que agentes municipales abordan a migrantes sin ningún motivo, incluso les quitan las tarjetas que les permiten estar legalmente en el país, “se las rompen y les exigen dinero a cambio de no entregarlos a Migración”, acusó.
