Por incumplir el XXII Ayuntamiento de Tijuana con la resolución del pleno del Tribunal Contencioso Administrativo, de retornar a Taxis Amarillos a Línea Internacional de San Ysidro, éste órgano aplicó el apercibimiento de una multa y está por notificar una segunda sanción administrativa, si continúa el desacato; informó a ZETA el Magistrado Presidente del TCA, Carlos Rodolfo Montero Vázquez.
Aclaró que, de acuerdo a la Jurisprudencia del Tribunal, la multa no se aplica a la administración municipal, sino que es aplicada en lo personal a los funcionario señalados en los actos de autoridad impugnados, en este caso al secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, y al director de Transporte Municipal, Javier Palacios Bórquez.
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El magistrado presidente precisó que el 11 de julio se hizo efectivo el apercibimiento equivalente a un mes de sueldo -en el caso de Sotomayor, 109 mil pesos, y en el de Palacios alrededor de 60 mil pesos-, requiriéndose al gobierno municipal acreditar el cumplimiento de la resolución; caso contrario, a partir del 19 de julio, el Tribunal podría emitir un segundo apercibimiento, pero esta vez por una multa igual a tres meses de sueldo. Ambos funcionarios coincidieron en indicar que el acatar el cumplimiento de la resolución del Tribunal y todo lo relacionado con el tema de taxis amarillos, incluido el pago de la multa, se encuentra en manos de la Consejería Jurídica del XXII Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de Leonardo Martínez Delgado.
Sin embargo, como estrategia jurídica, el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro optó por ampararse para no pagar las sanciones administrativas impuestas; compartió el tesorero Ricardo Chavarría Morales.
Montero Vázquez recordó que el 8 de junio, el TCA resolvió conceder la suspensión definitiva en favor del gremio de Taxis Amarillos, por lo que la autoridad demandada “deberá de abstenerse de impedir u obstaculizar a la parte actora que preste el servicio en los términos y lugares en los que los venía prestando hasta antes de la revocación, todo ellos sin perjuicio de sus facultades de inspección y vigilancia, que son de orden público e interés social”.
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En este caso, son cinco los sitios ubicados en la Línea Internacional que deberán ser retornados, por ser esa la cantidad por la que se amparó el gremio de Óscar Morales; pero ni la autoridad municipal ha notificado si ya acató la resolución, ni los taxistas beneficiados con la resolución han informado al Tribunal si ya les cumplieron.
Aunque el director de Transporte Municipal, Javier Palacios, admitió haber sido notificado por el Tribunal de la resolución del 8 de junio, tanto el secretario de Gobierno Municipal, Leopoldo Guerrero, como el consejero Jurídico, Leonardo Martínez, coincidieron en anotar que se revisan los alcances de la resolución.
El consejero Jurídico añadió: “el juicio principal aún no se ha resuelto, hay una resolución interlocutoria de la suspensión, pero el juicio todavía no se ha resuelto”; por su parte, Guerrero agregó: “la suspensión tiene que ver con el amparo, pero el fondo del asunto no está resuelto. El Tribunal no ha dado la razón a los taxis para volver ni al ayuntamiento para impedir que lo hagan”.
Al respecto, Montero Vázquez reconoció que si bien no se ha resuelto el fondo del juicio, “la suspensión ya es cosa juzgada y fue favorable al grupo de autotransporte”, lo que obliga al gobierno local a cumplir, independientemente si la segunda parte del juicio sigue su curso.
DEMANDAN, PERO NO NOTIFICAN A ÓSCAR MORALES POR SU ESTADO DE SALUD
En tanto, de los 50 socios del Sindicato de Taxis Económicos de Baja California C.R.O.C., mejor conocido como Taxis Amarillos, 36 presentaron una demanda por administración fraudulenta contra Óscar Morales, en la que reclaman la devolución de inmuebles valuados en 10 millones de dólares.
Pedro Zúñiga, quien fuera tesorero de esa agrupación y actualmente lidera al grupo de taxistas que desconocen a Óscar Morales como su líder, dijo que la recuperación de los sitios de los que fueron desalojados a mediados de 2017 está en segundo término para el grupo disidente.
Después de que por mayoría legalmente destituyeron a Morales como Secretario General de la organización, pues expuso que se encuentran en la espera de la resolución de la demanda para recuperar 12 inmuebles, propiedad del organismo, los cuales se ubican en Tijuana y San Felipe. Una vez recobradas, las propiedades serán divididas entre los 50 socios, incluyendo los que continúan reconociendo a Óscar Morales como su líder.
Zúñiga indicó que el procedimiento para recuperar el patrimonio adquirido con los recursos de la organización sindical ha sido lento, debido al crítico estado de salud de Morales. “Cuando fuimos a notificarle la demanda a su domicilio, estaba siendo trasladado de emergencia en una ambulancia, por lo que tuvimos que esperar hasta poder notificar a su abogado”, compartió.
