“Al crimen, siempre le abre el camino el crimen”.- Louis Jean Lemercier
México padece de una prolongada crisis en materia de seguridad pública, al menos de los dos y medio sexenios presidenciales anteriores, lo cuales corresponden a Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Vinculada esta inseguridad a la violencia criminal, desencadenada por la delincuencia organizada y también por la delincuencia común; esto se explica de manera clara e irrefutable, ya que en los últimos 42 años, el delito con mayor incidencia en el país ha sido el robo, sin que ninguno de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) de manera particular o coordinadamente lograran abatir el gran incremento que año con año se ha dado en los robos a lo largo y ancho de todo el país.
Esta delincuencia común, igual que la organizada, diariamente atenta contra nuestra seguridad personal y familiar, pues ha logrado despojarnos de nuestros bienes; nos agrede, amenaza y restringe los espacios de movilidad social que tenemos en las calles, colonias, comunidades, municipios y en todos los estados de la República.
El ambiente de inseguridad y violencia producen una gran incertidumbre y una profunda sensación de inseguridad que lastima la moral y vida pública. Ésta es la realidad que hoy prevalece en nuestro país, realidad palpable más allá de las promesas y quizá las buenas intenciones que nos hablaron los candidatos a la presidencia de México, en la pasada campaña electoral. Lo cierto es que muchos de nosotros, tal vez nuestros amigos o familiares, hemos sido víctimas de algún delito.
Hace mucho tiempo, los mexicanos desafortunadamente perdimos la capacidad de asombro y de indignación frente al delito. Sin embargo, en este proceso para reducir los altos índices delictuosos, diversas organizaciones sociales, que son ejemplo de cómo los ciudadanos se organizan para participar y contribuir para solucionar la problemática de la delincuencia y de la inseguridad, buscan objetivos como: 1. Resolver las complejidades locales de seguridad y de justicia a través de acciones cotidianas y eficaces entre ciudadanos y autoridades; 2. Transformar la cultura de colaboración entre sociedad y gobierno a través de la corresponsabilidad, confianza y eficacia en la solución de problemáticas de seguridad y de justicia; 3. Construir la paz y el desarrollo pleno para las personas y las familias.
Pero tenemos que reconocer de igual manera y señalar que las instituciones de seguridad, inteligencia, las diversas policías -federales, estatales, municipales- y de administración y de procuración de justicia que operan en nuestro país, lo hacen con amplísimos y graves déficits de eficacia y coordinación nacional, ya que el último análisis que se ha realizado sobre la eficiencia del trabajo de las procuradurías de justicia en el país, ha dejado resultados verdaderamente alarmantes, puesto que por cada 100 delitos que se cometen, solamente el 1.8 en promedio llegan a recibir una sanción mediante sentencia condenatoria, lo que indica su dejadez y falta de efectividad.
Esto se debe a que al frente de las procuradurías estatales no se encuentra el individuo más preparado y capacitado, sino el favorito e incondicional de cada gobernador, el que fue respaldado por tener el “merito” de pertenecer al partido en poder que gobierna dicha entidad administrativa o quizá por haber participado en la campaña, pero nunca por su preparación. De modo que los agentes del Ministerio Público padecen de las mismas deficiencias, pero esto también ocurre para poner un ejemplo en la Procuraduría General de la Republica (PGR), donde hace meses no hay un titular, y en la Administración Publica, sea el Poder Ejecutivo o el Legislativo, nadie, absolutamente nadie se preocupa por ello.
También es menester señalar que no todas las estrategias y políticas públicas puestas en práctica a lo largo de los sexenios ya citados, han producidos los efectos esperados, ni en el combate al crimen organizado, a los carteles de la droga, la delincuencia común, la violencia criminal, la inseguridad ni a las adicciones.
Peor aún, ante la gravedad de los incontables hechos delictuosos, el Estado optó por recurrir al uso de modelos reactivos de seguridad, utilizando a las Fuerzas Armadas para enfrentar la situación de inseguridad y de violencia que es resultado de la dejadez e ineficiencia de autoridades estatales y municipales.
Sin embargo, paradójicamente, a pesar de todas las “estrategias” ya señaladas, los ciudadanos nos seguimos enfrentando a una espiral de inseguridad y de violencia que se recicla de manera constante en algunas entidades, municipios, ciudades y regiones del país, produciéndose estampas solo comparables con las de una guerra convencional.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
