Los panistas y priistas que gobiernan Baja California y sus cinco municipios, están en etapas diferentes de duelo, tras la aniquilación electoral que el 1 de julio les propinó el electorado.
En el caso de los azules, tienen más de diez días instalados en la negación, no admiten responsabilidad y se comportan como si el arrase morenista fuera una “ficción transitoria”, parecen creer que si no lo mencionan, no existe. Mientras en lo nacional, los albiazules no han podido superar la ira, esa explosión de emociones al darse cuenta que sus sueños o esperanzas “no se van a cumplir” y necesitan buscar culpables, cazarlos.
Por su parte, los priistas bajacalifornianos, con más experiencia en derrotas recientes y acumuladas desde el año 1989, transitaron rápidamente -tan veloces como su candidato al reconocer que las tendencias no le favorecían el mismo día de la elección-, pasaron de la negociación a la depresión, hasta la aceptación. Y por nonagésima ocasión en los últimos 29 años, llegaron a la conclusión de que la ciudadanía volvió a jalarles las orejas y necesitan reinventarse.
Los ciudadanos no pudieron ser más claros. Basados en las votaciones de los distritos, en el caso de los que llegaron por la coalición PRI-PANAL-PVEM, en Ensenada el 79 por ciento votó contra estos tres partidos que pusieron en la cabecera a Marco Novelo Osuna; y el 84% no quiso apoyar a las agrupaciones políticas que representa Nereida Fuentes González, alcaldesa en Tecate.
Contra los panistas, el rechazo también fue amplio: 82% de los sufragistas en contra en el municipio presidido por Juan Manuel Gastélum Buenrostro; 77% los rechazó en Mexicali, municipalidad administrada por Gustavo Sánchez Vásquez; y 82% en contra de la institución política de la alcaldesa Mirna Rincón Vargas en Rosarito.
Como el gobernador Francisco Vega de Lamadrid también llegó por el Partido Acción Nacional, entonces el 80% de los californios también rechazó su gestión, lo mismo que la de los diputados locales que representan a esos partidos y han servido de comparsa a los grupos en el poder, y no han tenido la voluntad de servir de contrapeso.
El mensaje es simple: 8 de cada 10 ciudadanos con derecho a voto, de los que no están dispuestos a quedarse con los brazos cruzados, de los participativos, están muy defraudados, escépticos, no confían en ustedes, no les creen, no los quieren como cabezas de gobierno. Y en este escenario, la necesidad para legitimarse en sus actuales cargos es enorme.
Recién terminó una veda y como el año 2019 también será electoral, quedan apenas nueves meses antes que en abril próximo inicie la siguiente veda, período que los políticos locales han mal entendido y aprovechado como pretexto para no hablar de los temas importantes en la entidad y hacer muy poco o nada para solucionarlos.
Al titular del Poder Ejecutivo estatal le restan 15 meses, 17 meses a los alcaldes, no tienen más tiempo para demostrar a sus gobernados que su palabra vale, que cumplen sus compromisos y que son capaces de ponderar y atender las necesidades de la sociedad bajacaliforniana por encima de sus negocios, sus necesidades y las de su partido.
Como la desconfianza es ante gobiernos ineficaces y/o corruptos, por qué no empezar con apoyar la creación de un Sistema Estatal Anticorrupción, pero de verdad, porque al actual, no asignarle presupuesto en 2018 y designar como uno de los consejeros al priista Javier Rebelín Ibarra, ex tesorero del ayuntamiento tecatense denunciado por irregularidades en 2014, no son síntomas de un buen comienzo.
En los cinco municipios, más allá de culpar a la Federación -que ciertamente comparte responsabilidad e irresponsabilidad-, alcaldes, diputados y gobernador están obligados a trabajar para reducir la ola de homicidios que afecta a toda la entidad en diferentes proporciones. Y hacer lo necesario para abatir las condiciones de inseguridad que en algunas colonias han llevado a los ciudadanos a auto protegerse.
Todos tienen como principal pendiente el incumplimiento en la promesa y obligación de otorgar eficiente y suficiente servicios de recolección de basura, de alumbrado y poner orden al transporte público.
Ensenada continúa con el problema de abastecimiento de agua y finanzas insanas; en Mexicali no han trabajado para combatir la contaminación, ni creado el Consejo Consultivo Ciudadano que prometió evaluar la efectividad policial; en Tecate la alcaldesa está pavimentado calles que ya se habían pagado en los gobiernos de Javier Urbalejo y César Moreno, sin investigarlos administrativamente, sin posicionarse ni defender el erario de los tecatenses; en Rosarito se ha incumplido la promesa de reducir los niveles de inseguridad en robo de autos, comercio y violentos; mientras que en Tijuana se multiplica la presencia de grupos de traficantes de droga sin que exista un combate frontal y efectivo.
Ante una próxima jornada electorera, el momento no puede ser más propicio para que los partidos y sus representantes en los gobiernos entiendan que su compromiso va más allá de pavimentar calles y repartir despensas. Que llegó el momento de sacar la lista de promesas y cumplir la palabra empeñada… si es que esta les significa algún valor.
