López Obrador promete reconfigurar el gasto público. Un punto clave que promete, será combatir a la inflada nómina de los funcionarios públicos mejor pagados del país, superando en ahorros los 20 mil millones de pesos para financiar su plan de desarrollo
Luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciara el cierre del ejercicio presupuestario 2018, el cual concluyó el 16 de julio pasado, todas las dependencias de gobierno ejecutoras del gasto público quedaron inhabilitadas para la contratación de personal, ya sea para puestos eventuales, plazas de carácter permanente o servicios profesionales y de honorarios. Esta medida que representa un punto culminante en medio de la transición hacia el nuevo gobierno, es a la vez el preámbulo de lo que bien podría ser, el ajuste salarial más ambicioso en la historia del país, impulsado por el dirigente de Morena y virtual presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador. Un ahorro que comenzaría desde el cargo máximo del Ejecutivo -con un tope salarial propuesto en 108 mil pesos mensuales- y bajaría por secretarías de Estado, oficialías mayores, jefaturas y direcciones generales, impactando directamente los sueldos de más de cinco mil funcionarios federales de alto nivel, cuyos sueldos actuales superan y en ocasiones triplican los 100 mil pesos netos al mes.
Estas drásticas medidas, mencionadas por el tabasqueño desde el comienzo de su campaña, están siendo retomadas con gran fuerza por distintos sectores, los cuales comenzaron el análisis y discusión del plan de “austeridad republicana” propuesto por la próxima administración. En este proyecto, tanto Obrador como su equipo de trabajo, contemplan la ejecución de 50 puntos medulares para la transformación de las finanzas públicas, el combate a la corrupción y la transparencia como ejes del nuevo gobierno. De estos puntos, destacan reformas al Artículo 108 de la Constitución para que la figura presidencial pueda ser juzgada por delitos electorales y actos de corrupción; la suspensión de los fueros y la obligación, sin excepción, de todos los funcionarios públicos de presentar sus declaraciones de bienes patrimoniales y de familiares cercanos.
Foto: Tomada de Internet.- El presidente de la república Enrique Peña Nieto con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Salvador Cienfuegos (izq.) y Francisco Soberón (der.).
Sin embargo, en el tema del manejo de recursos públicos, existen puntos cruciales para el ahorro de la Federación que arrancan con la reafirmación del Artículo 127 Constitucional, el cual prevé que ningún servidor público podrá ganar una remuneración por el desempeño de sus funciones mayor a la establecida para el Presidente de la República; al proponer de forma tajante, que el futuro mandatario ganará menos de la mitad que actual dirigente, sin ninguna clase de compensación adicional por dicha labor. De entrar en vigor, esta reforma en la estructura supondría un ahorro de más de un millón y medio de pesos anuales, tan solo en lo referente al sueldo del Presidente de México, fijado en dos millones 579 mil 938 pesos anuales, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación.
Las áreas más afectadas
En una revisión de los sueldos que exceden los 108 mil pesos mensuales propuestos como tope por AMLO, las áreas que representarían un mayor ahorro, producto de los recortes, serían la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con un monto aproximado de 731 millones de pesos y el Consejo de la Judicatura (CJF), cuyo capital en sueldos para funcionarios de alto nivel brindaría 10 mil 697 millones de pesos extras al gobierno entrante para la aplicación de programas sociales. En este tenor, una de las primeras figuras en manifestarse contra el plan de austeridad fue Luis María Aguilar, presidente de la SCJN, quien defendió los ingresos de los jueces y magistrados al puntualizar que los salarios actuales no son un “beneficio personal” para los juzgadores ni “privilegios” de los mismos, sino montos necesarios para el ejercicio en libertad de su labor, dotándolos con toda la seguridad y tranquilidad para la ejecución de su trabajo en condiciones dignas.
En tanto, otro de los terrenos que mantiene un derroche constante de recursos a causa de las elevadas dietas de los funcionarios es el sector legislativo. Aquí fue el senador Martí Batres quien llamó la atención al sumarse a la iniciativa con una propuesta de reestructuración salarial que bajaría de 300 mil pesos a tan solo 90 mil los ingresos mensuales de los miembros del Senado. Desde su perspectiva, Batres informó que el resultado de dicho ahorro -tras acabar con conceptos de prestaciones, ahorros para la estructura administrativa, contratos por honorarios, pasajes y viáticos en general- se estima en dos mil millones de pesos, los cuales constituyen el 40% del presupuesto actual ejercido por la Cámara Alta.
Para el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los tabuladores cambiarían por completo, ya que de las mil 433 plazas que en este momento mantienen ingresos superiores a los 108 mil pesos mensuales -cargos como Generales de División y de Brigada, con sueldos netos superiores a los 110 y 123 mil pesos mensuales, respectivamente- se generaría un ahorro de 734 millones de pesos a raíz de los ajustes previstos. Una medida que no afectaría los niveles de Cabo a Subteniente, los cuales ostentan sueldos menores, con rangos que van desde los 10 mil hasta los 17 mil pesos al mes, de acuerdo con datos proporcionados por el Estado Mayor.
Por último, el reajuste de sueldos para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le pegaría a dos mil 638 funcionarios de la dependencia, cuyo ahorro se prevé en más de mil 500 millones de pesos del erario público, mientras que en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), a consecuencia del aumento salarial del 3.4% -el cual entrará en vigor el próximo 1 de agosto de este año- la estimación carece de precisión, pero se vislumbra en un recorte de casi cuatro mil 600 millones de pesos provenientes del ajuste de sueldos de plazas de nivel 32 y superiores -relativos a puestos de supervisión, técnicos administrativos y operativos, entre otros-, de acuerdo con el contrato de trabajo colectivo vigente en la petrolera.
Otras medidas de austeridad
*No habrá adquisiciones de vehículos nuevos para funcionarios.
*No se comprarán sistemas de cómputo durante el primer año de gobierno.
*No más de cinco asesores por Secretaría.
*No habrá bonos (el salario será integral).
*No más gastos médicos privados.
*No habrá caja de ahorro especial o seguro de separación individualizado.
*No habrá guardaespaldas excepto para los funcionarios relacionados al sector de seguridad pública.
*No se remodelarán oficinas ni se comprará equipo mobiliario lujoso.
*No habrá chofer más que secretarios y subsecretarios.
*Se reducirá en un 70% el personal de confianza.
Candados adicionales
Vale la pena destacar que la estrategia del nuevo régimen para combatir los disparatados sueldos de los funcionarios activos del país, no solo se concentra en la figura del recorte de ingresos, ya que contempla algunos otros elementos igualmente drásticos que cambian por completo los usos y costumbres de la burocracia nacional. Uno de estos elementos es la prohibición explícita de contratación de familiares por parte de trabajadores de gobierno. De igual forma, los empleados catalogados como de confianza, deberán laborarán de lunes a sábados cumpliendo con jornadas de al menos ocho horas diarias.
Foto: Cuartoscuro.com.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar defiende sueldos actuales.
En tanto, Obrador anunció también que se reducirá a la mitad el gasto de publicidad del gobierno y desaparecerán algunos de los “beneficios” que ostentan los servidores públicos, como gastos en ropa, víveres y “protocolos ceremoniales” para funcionarios y el propio Presidente. Asimismo quedará prohibido que los policías, militares o corporaciones afines, brinden servicios para particulares sin plena justificación, mientras que las labores del servicio del Estado Mayor Presidencial cambiarán de sentido para incorporarse por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Para finalizar, en materia de combate a la corrupción, el nuevo proyecto incluye protocolos para garantizar que las compras generadas por los órganos del gobierno se hagan de manera clara y transparente, detallando que todos los contratos de obras se lleven a cabo mediante licitación pública, mientras que las contrataciones de despachos, asesores y consultores para la elaboración de proyectos, quedará prohibida durante el ejercicio de la nueva administración. Por si esto fuera poco, también quedaron prohibidos todos los regalos hacia servidores públicos cuyo valor excedan los cinco mil pesos. Un ajuste que tendrá como propósito “limpiar” la imagen de los trabajadores del Estado y evitar los famosos “moches”.
