“Hicieron una selección con las patas, usaron la Ley a su antojo, violaron lo que se les puso enfrente y todo por llegar a un determinación arbitraria”, expresó a ZETA uno de los consejeros de la CEDH en torno al nombramiento de Lizeth Collins frente al organismo de Derechos Humanos
“Es pertinente señalar que la actuación relevante que en este caso ha tenido el Poder Judicial Federal, lo cual demuestra con su actuación que son garantes del Estado de Derecho”, dio a conocer el 27 de abril de 2018, Alejandro Blanco Hernández, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur y presidente de la Mesa Directiva de la XIV Legislatura, luego de un resolutivo que mantenía frenado el proceso de selección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Desde el fallecimiento de Silvestre de la Toba Camacho, ex ombudsman sudcaliforniano en un atentado contra él y su familia el 20 de noviembre de 2017, Lizeth Collins Collins se desempeñó como encargada de despacho.
Pero el Congreso local estuvo equivocado en su determinación de votar por un nuevo presidente de la CEDH, ya que existía el amparo 489/2018 promovido por Yarto Chávez, uno de los candidatos que no fue tomado en cuenta en la lista y que apenas la primera semana de julio recibió buenas noticias de la justicia alternativa. Su nombre debió aparecer en la lista y comparecer ante el Congreso, lo cual le fue impedido y, por tanto, violentado en su derecho.
El caso es que, pese a que se tenía conocimiento de un amparo por impedir que se registrara un candidato a la silla de la CEDH, la máxima tribuna del Estado convocó a elección a solo seis candidatos en lugar de siete: Silvia Zulema Cota Gabilondo, Alicia Núñez Uribe, Rebeca Buenrostro, Lizeth Collins Collins, Elías Camargo y José Antonio Gutiérrez Saiz.
Al séptimo, Yarto Chávez, quien fuera desechado por el Congreso, el propio Juzgado de Distrito le otorgó la oportunidad de formar parte de la lista de candidatos. Por ello, al no haberle permitido comparecer el 18 de abril, ocurren dos situaciones muy claras y que ahora el Congreso no puede dejar pasar o ser omiso.
Primero, el 18 de abril, cuando comparecieron los seis candidatos a ocupar la silla de la CEDH; tal procedimiento debe ocurrir con un séptimo para hacerlo legal.
Segundo, diez de los diputados del Congreso de Baja California Sur tenían o contaban con licencia para la elección, por lo tanto, estaban sus suplentes y fueron los que estuvieron en la comparecencia, aunque solo algunos regresaron de nuevo al Congreso. Los suplentes conocen a los candidatos y candidatas, por lo cual no pueden emitir un voto sin escuchar de nuevo, para así evitar un sufragio desinformado.
Por otro lado, el Congreso de Baja California Sur violó las bases de la propia convocatoria lanzada el 16 de marzo de 2018, en específico en el segundo apartado y el Artículo 17 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Baja California Sur, fracción X: “No desempeñar cargo o empleo público en ninguno de los ámbitos de gobierno federal, estatal o municipal al momento de su designación”; el 27 de abril, a Lizeth Collins Collins le fue tomada protesta en el pleno del Poder Legislativo y era encargada de despacho.
Pero más grave es el hecho de que la convocatoria lanzada por la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, permitió que cinco postulantes, aun siendo servidores públicos, aparecieran en la lista de candidatos a ocupar el puesto de ombudsman: Rebeca Buenrostro, Silvia Zulema Cota Gabilondo, Alicia Núñez Uribe, Lizeth Collins Collins y José Antonio Gutiérrez Saiz.
Los 19 diputados asistentes a la sesión tomaron protesta, permitiendo de esa manera el quebrantamiento a la Ley.
PASARON POR ALTO LA LEY
“Hicieron una selección con las patas, usaron la Ley a su antojo, violaron lo que se les puso enfrente y todo por llegar a un determinación arbitraria”, expresó a ZETA uno de los consejeros de la CEDH.
Asimismo, que en la selección de Lizeth Collins como titular de la Comisión, contravinieron la convocatoria lanzada por la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado; segundo el Artículo 17 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Baja California Sur en su fracción décima, como la propia Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de BCS.
Según esta última, en su Artículo 5, no se consideran servidores públicos quienes tengan una relación laboral con las entidades o tengan un empleo, cargo o comisión en cualquier otro ente público.
De acuerdo con el amparo 489/2018, algunos señalamientos directos se hacen del conocimiento del Juez Primero de Distrito del Estado:
* Encargados de despacho no podrán postularse para puestos en los cuales serán elegidos por votación, ya que es un puesto de servidor público electivo, electivos o de nombramiento atendiendo al origen de su designación, esto es, mediante sufragio o por decisión de la autoridad competente.
* Existe conflicto de interés al tener información privilegiada, no pública, como es la administración interna del organismo, que los otros candidatos no cuentan, así como hacer uso de recursos humanos, materiales y financieros públicos para interés personal.
* La licenciada Lizeth Collins Collins jamás se separó del cargo de encargada de despacho, del cual continuó recibiendo su salario íntegro de presidente, al aludir a su dicho ser encargada de presidencia por ministerio de Ley.
* Collins Collins entrega en su documentación como postulante a presidencia de la CEDH de Baja California Sur, a la comisión permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Baja California Sur, carta de apoyo a nombre del Consejo de la CEDHBCS, documento que no fue signado por los consejeros, Doctor Ricardo Bórquez Reyes y la suscrita (Ana Laura Ozawa), por lo que se utilizó el nombre del Consejo para un interés personal de parte de la Lic. Lizeth Collins, también el amparo indirecto ante el Juzgado Segundo de Distrito, con número 607/2028, contra Lizeth Collins, Presidente de la Comisión, donde se manifiesta que la Licenciada Collins fungía como servidora pública el día de su designación.
La consejera Ana Laura Ozawa Rico presenta once pruebas en contra de la designación de la presidenta de la CEDH, entre estas:
* Plan de trabajo presentado por Collins Collins ante el pleno del Consejo en asamblea ordinaria el día 18 de enero 2018, el cual es similar al presentado en su comparecencia ante el pleno del Congreso en sesión extraordinaria del Congreso del Estado el 18 de abril de 2018 en las instalaciones del Teatro Juárez, concretamente de Postulante a Presidencia de la CEDH , que obra como antecedente y/o precedente de las violaciones que se reclaman,, misma que se relaciona con el cúmulo probatorio y se adjunta como Anexo 8.
* Informe de pago de nómina, incluidos pagos ordinarios y extraordinarios de la Lizeth Collins Collins, del periodo comprendido de marzo a mayo de 2018, que obra como antecedente y/o precedente de las violaciones que se reclaman, misma que se relaciona con el cúmulo probatorio y se adjunta como Anexo 9.
En una solicitud de Transparencia a la Plataforma Nacional Infomex, bajo el número de solicitud 000178618, se pidió a la Comisión informar sobre el “cargo o empleo que desempeña Lizeth Collins Collins al día de hoy”, solicitud contestada el 17 de mayo de 2018:
“A raíz de los lamentables y luctuosos hechos del 20 de Noviembre del 2017 (…) Lizeth Collins Collins asumió el puesto de encargada de despacho de Presidencia por Ministerio de Ley, el cual aún mantenía el 24 de Abril, fecha en que usted presentó esta solicitud de información.
“El día 27 de Abril del 2018 la Lic. Lizeth Collins Collins fue elegida por el H. Congreso del Estado de Baja California Sur como Presidente de la CEDH”, se indica en la respuesta, que confirma que Collins se encontraba activa como personal de la institución para la elección y solicitó “licencia con goce de sueldo” el 23 de abril, pero seguía en nómina y, días después, regresó como nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Todavía el 25 de abril, la licenciada se presentó en las instalaciones de la CEDH. A modo de burla, uno de los consejeros, Héctor Amparano, manifestó a voz -según grabación en poder de ZETA– que “será la licenciada Collins Collins la presidenta de la CEDH y no quisiera estar en su lugar una vez que sea ungida como presidenta”, lo que deja entrever la preferencia con que fue elegida por el propio Congreso del Estado.
ELECCIÓN EN MEDIO DE ABUSOS
Desde la llegada de Lizeth Collins a la CEDH como encargada de despacho, a partir del homicidio de Silvestre de la Toba, se detectaron irregularidades que el propio Consejo reveló a este Semanario.
Inclusive el nombramiento de Collins como encargada de despacho estaba por encima de la Ley de la institución. Un juez federal determinó que el Artículo 16 de la Comisión se establece que la institución se integra de la siguiente manera: Consejo, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Visitadores Generales y Regionales; Secretaría Ejecutiva, además del personal técnico y administrativo necesario para el funcionamiento de la CEDH.
“Yo estaba viendo ciertas irregularidades, se los hice saber, sobre todo porque les dije ‘oye, se nos olvidó algo’, está el reglamento, efectivamente, pero hay una Ley que empezó en vigor el primero de noviembre, y bajo la nueva Ley, es el Consejo quien después de 15 días tiene a bien designar quién se queda como Encargado del Despacho. Ese documento, donde se le había dado facultad a ella (Collins) de que era encargada de despacho, nunca llegó”, acentuó Ana Laura Ozawa Rico, consejera de la CEDH.
Al fungir como encargada de despacho, Collins se aumentó el sueldo de manera irregular, al no darlo a conocer al Consejo de la Comisión Según el portal oficial de la CEDH, el tabulador de sueldos mensuales de un visitador oscila entre 13 mil 197 y 14 mil 340 pesos.
Lizeth obtenía un salario quincenal de 12 mil pesos, más 19 mil de compensación, premio de mil pesos por “eficiencia”, 2 mil 830 por “puntualidad” y otro igual por “asistencia”, más 530 pesos de “despensa”.
En total, su sueldo era de 38 mil 192 pesos quincenales, menos las deducciones. De percibir alrededor de 14 mil pesos, su sueldo mensual ahora supera los 76 mil pesos.
“Entre muchas irregularidades, una fue el aumento de sueldo de la licenciada Collins, que de estar ganando una cierta cantidad, se fue a dos tres veces más, tomó el sueldo de presidente, siendo que yo se lo hice notar que no consideraba ético ni congruente el proceder, porque hubiera sido diferente si ella nos hubiera dicho al Consejo”, denunció Ozawa.
Otra irregularidad se detectó en el administrador, quien fue comisionado del Gobierno del Estado sin aval del Consejo -lo cual está prohibido por la normatividad de la CEDH-, aunado a que Lizeth Collins designó a Víctor Yuen Lau como secretario ejecutivo cuando este utilizó recursos de manera irregular para realizar su presentación y solicitud de ingresar a la institución, además de que cuenta con una queja por acoso sexual contra una consejera.
“Ella dijo que no, que a sus intereses le convenía más dejarlo a él, le dije, ‘entonces quiere decir que prefieres tus intereses a los de la Comisión’, a sabiendas de que viene con todo el antecedente de conflicto de interés: entró de manera arbitraria a la Comisión, estuvimos en desacuerdo los tres consejeros”, subrayó la entrevistada.
Entre los amparos en contra de la designación de Lizeth Collins como nueva presidenta de la CEDH, destaca el 489/2018, interpuesto por Yarto Chávez. Se determinó que la omisión del candidato en la lista fue ilegal, por lo que el Consejo habrá de nombrar a un nuevo encargado de despacho para empezar de nuevo el procedimiento de elección.
“Anula la elección de la licenciada, nos mandata al Consejo, con el Artículo 20, que debemos nombrar al nuevo Encargado de Despacho para la buena marcha de la Comisión. Para nosotros, el Consejo, fue el licenciado Juan Bautista, él fue director de Quejas y ha estado en la Comisión aproximadamente por 14 años, es una persona confiable”, apuntó Ozawa Rico.
De manera que la votación deberá efectuarse de nuevo en el Congreso local, pues actuaron de mala fe en un inicio y próximamente se convocará a un proceso que sabían que estaba mal, de entrada por omitir a un candidato, y por las irregularidades en que incurrió Lizeth Collins. Hoy los consejeros sienten que no hay respeto por los derechos humanos, ni por el propio personal en la institución que está para velar por ellos.
“Hubo una digamos una agresión en términos de tratar de limitar nuestra libertad de expresión, que no se subsanó, nos cerraron una página de Facebook y, ante el reclamo, la volvieron a abrir, pero no aparece, que era lo que yo pedí, una disculpa pública y por lo menos saber quién lo hizo, porque a mí, a nosotros como Consejo, ¿quién nos garantiza que no lo puedan volver a hacer? Le pedí a ella muchas veces que si estábamos infringiendo alguna Ley, me mostrará cual”, externó Cristina Ortuño Villaseñor, consejera de la CEDH.
Es irregular cómo personas que provienen de Comisión de Gobierno del Estado, aun sobre la norma de la institución, pueden ocupar un puesto, aunado al personal que ha violado los derechos contra otras personas y por conveniencia permanecen en puestos, no se diga una violación a los derechos de manera simple, en este caso un intento de violación, hecho del que estaba enterado Silvestre de la Toba Camacho y justo actuaría en contra de Yuen Lau, pero ante su deceso, no hubo seguimiento.
“Personas que a lo mejor no deberían estar trabajando allí, deben revisarse, hemos recibido también de repente denuncias anónimas que también la contraloría en todo caso o alguien, debe revisar, tal vez deberíamos ser nosotros. Si las cosas se destraban y podemos acceder.
“Hay denuncias de nepotismo y de gente que anónimamente, esto es un supuesto, nos buscan para decirnos ‘me inventé un perfil de Facebook porque tengo miedo, porque trabajo aquí y las cosas no están bien’”, denunció la consejera Ortuño.
Sin duda, los problemas internos siguen saliendo a flote, tendrá que haber un nuevo proceso de selección y tomar en cuenta a los órganos internos que por Ley, deben participar.
“Si se vuelve a dar todo el proceso y (a Collins) la vuelven a elegir, franca y sinceramente espero que no, porque creo que eso hablaría muy mal del Congreso, de hecho me parece que hay tantas irregularidades que ¿dónde está la ética de todos? Siento que se está tomando o que se ha tomado hasta ahora a la ligera, es una percepción que estaba la gente, la misma licenciada Collins, quizá gente del gobierno, del Congreso, pensaban que el Consejo era de adorno”, lanzó.
El propio Gobierno del Estado ha abogado por la participación ciudadana en todos los procesos y justo ahora debe prevalecer sobre la elección de servidores públicos.
EN DEFENSA DE LO INDEFENDIBLE
Luego que se diera a conocer que existe un amparo en contra de la decisión del Congreso del Estado en la designación de la nueva presidenta de la CEDH, Lizeth Collins afirmó que el proceso sigue su curso y actualmente sigue ocupando el encargo de la Comisión, aunque haya una sentencia por parte de un juez federal que afirma “debe regresar al acto reclamado”.
Asegura estar a la espera de que el Congreso local se contraponga a un mandato federal, continuando por encima de la Ley y la ilegalidad.
“Hay una sentencia de amparo en cuanto a la elección del presidente, y en ese sentido, está en manos del Congreso la resolución de este tema, estoy a la espera de que el Congreso me notifique o determine cuál es el o los pasos a seguir para dar cumplimiento precisamente a la sentencia; mientras tanto, sigo al frente de la Comisión, mientras el Congreso notifique, determine o me haga del conocimiento del paso, seguido de la situación actual”, dijo Lizeth Collins Collins a ZETA.
Otro de los amparos solicitados, tiene que ver con los interpuestos por los consejeros, a los cuales “se determinó que no hay violación de derechos humanos”, advirtió.
“Si ellos interpusieron un amparo, el cual en lo personal, tanto el visitador como el secretario ejecutivo, y en caso mío como presidenta, se nos solicitaron los informes previos y los informes justificados, de los cuales dimos respuesta en tiempo y forma. Actualmente se tiene ya una resolución, determina que el amparo se sobresee, es decir, queda hasta ahí, toda vez que no hay elementos para hablar de una violación a derechos”, evadió la funcionaria de la CEDH, pero el juez fue claro: el órgano máximo de la CEDH no es ni el presidente, ni el secretario ejecutivo o visitador. Es una autoridad superior al Consejo.
Collins reiteró que en tanto el Congreso del Estado no acate el fallo de nombrar a un nuevo presidente o se ratifique a la actual, ella permanecerá en el encargo, atendiendo las necesidades de la institución.
“En lo cuanto a la Comisión, en el amparo y que está pendiente, tiene que ver con la elección del presidente, y bueno, quiero ampliar que en el caso de los del Consejo, siempre las puertas de la Comisión están abiertas para el diálogo y para cualquier aclaración”.
En su opinión, la mayor afectación la ha recibido la propia CEDH, por la imagen problemática y sin unidad que transmite.
Para conocer la violación u omisión del Congreso del Estado, y que confirma sabían que estaban pasando por el derecho de alguien y continuaron con el procedimiento, el diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, Camilo Torres Mejía, confirmó que sabían que estaban violentando los derechos de una persona pero decidieron seguir, incluso interpusieron un recurso para que un juez les autorizara violar el derecho de un candidato.
“Hubo quien se inconformó, en este caso el licenciado Yarto, fue el que se informó, entonces cuando estábamos en la comparecencia de las compañeras y compañeros, nos llegó una orden del juez de que suspendiéramos la votación, no así la exposición de todos. Terminaron todos los expositores, ya no pasamos a votar a partir de ello y metimos un recurso de queja, fue aceptado y se nos autorizó para que termináramos el procedimiento; terminamos el procedimiento, votamos y nombramos en este caso. Por mayoría se nombra la compañera presidenta de Derechos Humanos que está actualmente, después nos llega otro requerimiento del juez”, expuso el regidor emanado del Partido del Trabajo.
Lo que queda claro es que tanto diputados como diputadas tenían conocimiento de que se estaban violentando los derechos de un ciudadano y pidieron permiso a un juez de pasar por encima de sus derechos; ahora que se inconformó y metió un amparo es como consiguió que los legisladores se retractaran -o fueran obligados a retractarse-.
Esto deja entrever que los diputados pretenden dejar el caso tal cual, para que llegue la próxima Legislatura y sean ellos quienes designen al presidente de la CEDH.
“Son tiempos que ya no manejamos nosotros, por eso no puedo decir, dentro de una semana, en tres días, cuatro días, pero esperemos que esto lo puedan solucionar prontamente, si no, tendría que pasar a la siguiente Legislatura. En tanto el juez no nos ordene, entonces ya determinaremos como Congreso a quién proponemos para que se quede interinamente al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, finalizó el petista.