Por lo menos una docena de iniciativas ciudadanas se encuentran congeladas en el Congreso del Estado, al no cumplir con la agenda política de los diputados; simplemente las ignoran, violando la Ley
Derivado del Decreto 276, publicado el 21 de septiembre de 2012, en el cual se modificó el Artículo 71 de la Constitución de Baja California, cualquier ciudadano tiene la posibilidad de presentar una iniciativa, la cual por Ley, deberá ser votada en el pleno del Congreso del Estado.
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Para ello la iniciativa ciudadana deberá ser admitida o rechazada en un máximo de 30 días, premisa que no se está cumpliendo en el Congreso del Estado, ya que el trámite puede llevar hasta dos años; la propia legislación indica que en caso de error, el Congreso deberá notificar en un lapso de cinco días al inicialista en cuestión, lo cual tampoco se cumple.
En un informe obtenido por el portal de Transparencia del Congreso del Estado, de 13 iniciativas ciudadanas presentadas hasta el 11 de mayo del 2017, todas se mantenían en estudio, lo que significa que aún no se admitían o rechazaban; la más antigua fue promovida por Anselmo Jiménez Vega, relativa a la eliminación de la verificación vehicular y presentada el 8 de enero de 2016. A la fecha sigue congelada.
Nuevamente se pidió la información actualizada del tema a la Dirección de Procesos Parlamentarios, donde modificaron la respuesta, ya que la dependencia informó sobre 22 iniciativas ciudadanas, aunque muchas de ellas son solicitudes para conocer el estatus de sus propuestas.
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Del total de las 22 iniciativas, solo seis tienen dictamen, esto es, formalmente fueron admitidas, de esas, cinco fueron “publicadas” y una más turnada al Congreso de la Unión por competencia.
De las cinco publicadas, por lo menos tres fueron relativas a la modificación de los artículos 42 y 43 de la Ley de Partidos Políticos, la llamada Ley “Sin Voto No Hay Dinero”, misma que corrió bajo los dictámenes 245, mientras dos iniciativas se integraron al 244 de las comisiones unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y Reforma del Estado, que finalmente fueron omitidas en el pleno en el último momento.
Fernando Rosales
SIN VOLUNTAD POLÍTICA
El 8 de diciembre de 2016 y el 19 de enero de 2017, se presentaron dos iniciativas ciudadanas, la primera por integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre estos la ciudadana Daylín García Ruvalcaba, quien además presentó la segunda por cuenta propia, en ambos casos relativas a modificar la propuesta del Sistema Estatal Anticorrupción. La primera relacionada con la creación de la Fiscalía General, pero se atoró porque los legisladores estaban esperando el momento para impulsarla para que no les hiciera ruido político.
“Ellos (diputados) tienen sus tiempos y no ha sido la coyuntura para que la Fiscalía General se concrete, sabemos que esa fiscalía es la fusión entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría (General de Justicia del Estado), entonces no ha ocurrido”, explicó.
La iniciativa supuestamente fue enviada a la Comisión de Gobernación y su estatus señala que fue tomada por la mesa técnica redactora, sin embargo, ni siquiera cuenta con un número de dictamen, lo que significa que se encuentra congelada.
Daylín presentó la segunda iniciativa en conjunto con diez organizaciones civiles, y es sobre la reforma constitucional para el Sistema Estatal Anticorrupción con el fin de que fuera autónomo; tras meses de negociación, se logró que el Comité Coordinador del Sistema tuviera el mismo número de ciudadanos que de autoridades.
Otro de los puntos que fueron aceptados fue una fusión donde tres diputados y cuatro ciudadanos evalúen los cargos de los integrantes del Sistema Anticorrupción, aunque finalmente los legisladores deberán votarlos.
“Batallamos muchísimo, lo primero era que se declarara admitida porque pasaban como 45 días y nada, entonces solicitábamos que se declarará admitida, después tuvimos que darle seguimiento en consultoría legislativa, con el director jurídico, después buscar a los presidentes de las comisiones. Fue muy complicado sacar adelante un proyecto así, nos llevó alrededor de ocho meses”, explicó García Ruvalcaba.
De no ser por la presión y el seguimiento que le dieron, los diputados pudieron quedarse sentados, cruzados de brazos y sin hacer nada, ya que se ponen de acuerdo sin importar el color.
Indicó que tuvieron todo el apoyo de Coparmex, ya que constantemente sacaba desplegados o ruedas de prensa mientras otro grupo se la pasaba en comisiones o haciendo antesala a los legisladores.
En el caso de la propuesta “Sin Voto No Hay Dinero”, la cual fue enviada a las comisiones unidas de Gobernación y Reforma del Estado en el Dictamen 3, con número de decreto 244 y publicado el 9 de junio de 2018, contaba con el apoyo de 2 mil 500 firmas, pero fue sacada de último momento, “es un asunto de voluntad, la verdad a los diputados les da igual lo que uno quiera, finalmente se declaró admitida”, indicó la ciudadana.
La iniciativa se votó en comisiones como inviable, por lo que se desechó y, una vez que se votó la reforma política, la diputada Patricia Ríos la iba a presentar como reserva, pero en el pleno ya no lo hicieron.
“A mí me da a entender que ya se habían puesto de acuerdo, ´presenten algo para que los jóvenes digan que los consideramos´, pero al final ellos ya sabían que lo iban a votar en contra, simplemente si no hay voluntad de las cosas, no ocurren”, expuso Daylín.
Luego de las grandes movilizaciones de resistencia contra la privatización del agua, se formó Mexicali Consciente, un grupo donde participaban diversos intelectuales para apoyar jurídicamente a los otros grupos que se fueron creando. El 7 de marzo de 2017 presentaron una iniciativa para derogar el párrafo cuarto del Artículo 100 de la Constitución Política de Baja California, para eliminar la figura de las Asociaciones Público Privadas (APP).
Daylín García tiene 3 propuestas.
Para el abogado constitucionalista Daniel Solorio, la legislación de las APP es un atraco al erario de Baja California, hecho a modo del gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, para que su equipo haga negocios a costa de los recursos de la entidad.
Solorio dijo que la iniciativa fue apoyada por mil firmas, posterior a ello se anexaron otras 500 para fortalecer el proyecto.
Por Ley, el Congreso tiene 30 días para considerar la viabilidad de la propuesta y, en caso de no dar una opinión se considera como admitida, por lo que debe cumplir todo el proceso legislativo.
A raíz de la falta de respuesta, presentaron un amparo en contra del Congreso del Estado con el fin de que fuera admitida la propuesta.
“El Congreso tramposamente dictó un oficio que le dirigió al rector de la UABC y otras diez instituciones públicas y privadas que tienen relación con el tema, pidiéndoles su opinión, entonces enviaron copia certificada al juez de Distrito y le dijeron ‘No es cierto que no estamos atendiendo la iniciativa’, y el juez finalmente sobreseyó el asunto”, resaltó el abogado.
Ante la nula respuesta del Congreso, se presentó un nuevo amparo en los primeros meses de 2018, por lo que en agosto se podría dar una sentencia que ordene al Congreso dar curso a la iniciativa. Además del debido proceso, por lo que al momento de dictaminar o leer en el pleno la iniciativa, tienen que llamar a los inicialistas para expresarse respecto al dictamen final.
Daniel Solorio señaló que el Congreso puede modificar el dictamen, por lo que puede ser diferente a la iniciativa presentada, “no nos chupamos el dedo por supuesto, sabemos que el gobierno de ‘Kiko’ Vega tiene como prioridad que su grupo fomente la contratación de APP, porque eso les reditúa dinero a los funcionarios”, aseguró, por lo cual intentan llevar la iniciativa al pleno, aun determinando que los diputados se encuentran a las órdenes del gobernador del Estado.
Adicionalmente a la propuesta de Mexicali Consciente, existen otras tres iniciativas en el mismo sentido, ninguna cuenta con dictamen, por lo que no han llegado a comisiones.
Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) presentaron una iniciativa ciudadana a efecto que se reforme el Artículo 167, párrafo sexto del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de prisión preventiva oficiosa. Lo hicieron el 9 de mayo de 2017, y el 16 de junio del mismo año presentaron una solicitud de informe del estatus que, a la fecha, no cuenta con número de dictamen.
El 22 de junio de 2017, el dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática, Julio Rodríguez Villarreal, presentó una iniciativa ciudadana que garantizaría el acceso al agua potable para consumo humano y doméstico, tratamiento y reúso de aguas residuales, drenajes y alcantarillado en Baja California; aunque supuestamente fue turnada a las comisiones Unidad de Energía y Recursos Hidráulicos, y Hacienda y Presupuesto, no tampoco cuenta con dictamen.
Daniel Solorio abogado
“La presenté, no me dijeron que no, no me dijeron que si, por Ley deben votarla pero se atravesó todo el proceso electoral y otras cosas y estoy esperando, voy a irme a un tribunal para obligarlos a que la voten, pero tengo entendido que hay otras iniciativas, no votaron ninguna”, afirmó Rodríguez Villarreal, quien acusó, los diputados se encuentran inmersos en la agenda partidista, la cual dominó el proceso a lo largo de la Legislatura.
“Lo que se envuelven los diputados es la disputa del poder, por eso el legislador constituyente obligó a los estados a hacer elecciones cada tres años y empalmar con las federales para dar tiempo y respiro a la actividad legislativa”, expresó.
Por su parte, Fernando Rosales Figueroa presentó dos iniciativas ciudadanas, la primera que tiene que ver con la modificación del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al Artículo 51 d la Ley General de Partidos Políticos, con el fin de eliminar el presupuesto a los partidos políticos en época no electoral. La segunda busca reformar los artículos 42 y 43 de la Ley de Partidos Políticos de Baja California en los mismos términos.
Indicó que los ciudadanos no pueden acceder a presentar iniciativas al Congreso de la Unión, pero sí a través de los congresos locales. Argumentó que su propuesta fue votada en el pleno y finalmente enviada al Congreso de la Unión.
La segunda relativa al ámbito local pasó a las comisiones de Reforma del Estado y Gobernación bajo el Decreto 8328, pero se encuentra detenida hasta que la primera sea aceptada en el Congreso de la Unión.
Fuera de ello, no hay avances en las iniciativas ciudadanas presentadas ante el Congreso del Estado, por lo cual los diputados están ignorando a los ciudadanos en Baja California.
