Durante 2017 se registraron 8.7 millones de reclamaciones de usuarios en el sector bancario, prácticamente 24 mil reclamaciones diarias. Procuradurías, incapaces de investigar suplantación de identidad. Deficiente esquema de policía científica o cibernética para investigar los delitos. Existe discrepancia en el nombre del delito (robo, usurpación o suplantación de identidad) y disparidad de penas en los estados. A nivel federal aún no se tipifica la figura legal y se sigue sancionando como delito de fraude
Sergio Romero tardó un año en darse cuenta que su identidad fue suplantada, y sus finanzas y su reputación resultaron severamente afectadas. Desde 2015, los problemas para el empresario jalisciense no han terminado, pues a la fecha su historial negativo se encuentra en el Buró de Crédito, no tiene posibilidades de obtener financiamientos y cuenta con procedimientos mercantiles en su contra.
La historia comenzó cuando realizó una solicitud de crédito para un proyecto y le informaron que tenía diversos adeudos vencidos y estaba en el Buró de Crédito. Al investigar, el inversionista obtuvo varios estados de cuenta en los que figura como comprador de automóviles de lujo y cuyos pagos no estaban cubiertos.
Personas desconocidas adquirieron a plazos y con la identidad del empresario, dos vehículos en diferentes agencias automotrices. Un Mercedes Benz y un BMW, ambos con valor global de casi dos millones de pesos. Además, con tarjetas de crédito a nombre de Sergio, se hicieron compras en diversos establecimientos del país por otros centenares de miles de pesos.
La víctima del robo o suplantación de identidad formuló denuncias ante la Fiscalía General, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y hasta en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Sin embargo, pocos son los resultados obtenidos a más de tres años de denunciados los hechos y cuatro de que fueron cometidos.
El abogado Jorge Huerta Partida, representante legal de Romero, asegura que hasta hoy “no hay una solución y continúa en el Buró de Crédito. En el caso de los juicios mercantiles consideramos que se han aportado los medios de prueba respectivos para que sean valorados y al momento de dictarse la sentencia se le absuelva, porque él no es la persona que compró los carros, él fue sujeto de actos delictivos, suplantaron su identidad y a nombre de él obtuvieron lucros”.
El jurista expresó que su cliente siempre cuidó su historial crediticio y cumplía cabalmente con sus obligaciones financieras y tributarias, “ahora tuvo que retirar el dinero que tenía en inversiones y cuentas bancarias para protegerse ante un posible aseguramiento por los supuestos créditos vencidos”.
VÍCTIMAS DESAMPARADAS
En el caso de las denuncias penales interpuestas no existe avance alguno, en la fiscalía exigen al denunciante aportar los nombres reales de quienes suplantaron su identidad. Sin esos datos no es posible judicializar las averiguaciones previas y carpetas de investigación. Se requiere de nombres para imputarles el delito, en tanto eso no ocurra, se está hablando de “fantasmas”.
Como sucede en la mayoría de los casos denunciados, ni la autoridad procuradora de justicia, ni los bancos, ni las empresas afectadas, menos aún el o los suplantados, dan con pistas, datos o medios de prueba contundentes para saber quién o quiénes intervinieron en los actos ilícitos, quedando un dejo de impunidad y un fenómeno criminal en claro aumento.
En el caso de Sergio, en los expedientes de las compañías automotrices se observan copias de credenciales para votar expedidas por el otrora Instituto Federal Electoral (IFE), con los datos de la víctima, cuya fotografía no concuerda con su persona. Una firma falsificada que intentó hacerse similar a la del agraviado, pero que tiene variaciones en los rasgos al ser estampada. No se consiguieron videos por el tiempo transcurrido que estima el reciclaje de las imágenes almacenadas después de determinado periodo.
“Muchas veces empleados de las instituciones bancarias proporcionan información relacionada con el estatus que guarda la situación financiera de los clientes y de ahí se dan cuenta si tienen una cantidad considerable de dinero en inversión, si manejan bien sus tarjetas de crédito, y son los datos con los cuales se basan estas personas para suplantar la identidad y solicitar los créditos”, asegura Jorge Huerta Partida.
Para desgracia social, el fenómeno del robo, suplantación o usurpación de identidad se está multiplicando en México. No existe ni siquiera unidad en cuanto al nombre del delito, y en algunos estados donde se establece una descripción legal (tipo) en el Código Penal, las penalidades son disímiles. Incluso en unas entidades aún no se tipifica como delito autónomo del fraude y todavía no se aprueba su incorporación al Código Penal Federal.
Maestro en Derecho, Huerta abunda que las investigaciones de estos delitos, ya sean cometidos con herramientas tecnológicas o acceso a internet, se encuentran muy rezagadas y con pocas esperanzas de ser aclaradas. “Se habla de una Policía Científica, de una Policía Cibernética. Realmente estamos en pañales. No contamos con la capacidad ni los equipos necesarios para poder hablar de ese nivel de pesquisas, lo que nos devuelve al círculo de la impunidad”, refiere.
DELITO EN CRECIMIENTO
Ante la falta de unificación del nombre del delito en México (robo, suplantación o usurpación de identidad) y el registro en algunos estados como fraude genérico, no existe una certeza estadística del fenómeno, sobre todo tratándose de adquisición de bienes muebles costosos tramitados a crédito.
Los indicadores sobre el tema se obtienen a través de las quejas, denuncias o reclamaciones de las compras realizadas en el comercio electrónico o compras por internet, pago de servicios con tarjetas de debido o crédito en los llamados puntos de venta y por la extracción de dinero de los cajeros automáticos.
En su reporte sobre Buró de Entidades Financieras de enero a diciembre de 2017, la Condusef registró 8.7 millones de reclamaciones de los usuarios en el sector bancario, prácticamente 24 mil diarias. Un 20 por ciento más (1.5 millones) que en 2016, cuando la cifra fue de 7.2 millones. El 75% fueron por un posible fraude (6.5 millones) y el resto por diversos movimientos operativos de la banca.
En el caso de reclamaciones por posible fraude o robo de identidad con tarjeta de crédito y débito, la suma fue de 6.4 millones, 25% más que en 2016. Por tarjetas de crédito fue el 58% de las inconformidades y el 42% restante por tarjetas de débito, la mayoría de estas, de nómina.
Según la Condusef, anteriormente las quejas por posible fraude en comercio electrónico representaban un 7%, mientras que ahora son del 51%. En ese sentido, las afectaciones en 2017 incrementaron en un 106% respecto a 2016. Un total de 993 mil personas afectadas reclaman más de 3.7 millones de pesos.
Por lo que ve a los posibles fraudes en terminales punto de venta, las reclamaciones disminuyeron en 22% entre 2017 y 2016. El monto reclamado es de 4.2 millones de pesos por 758 mil personas afectadas. Muchas de ellas en restaurantes y gasolineras.
LEGISLACIÓN INADECUADA
En materia federal, la tipificación del delito por el robo o suplantación de identidad se encuentra en el limbo. Si bien en muchas de las entidades federativas se ha legislado al respecto y se cuenta con un tipo penal en su Código local, a nivel nacional no sucede lo mismo, pues el Código Penal Federal carece de esa figura delictiva y se sigue sancionando con las modalidades y penas del fraude.
El 29 de noviembre de 2016, la Cámara de Diputados aprobó con 414 votos a favor el dictamen que adiciona el Artículo 430 al Código Penal Federal para sancionar el delito de usurpación (ni robo, ni suplantación) de identidad con penas que van de uno a seis años de prisión y multa de 400 a 600 días de multa, y en su caso, el correspondiente pago de la reparación del daño.
La iniciativa aprobada fue enviada a la Cámara de Senadores, donde a la fecha, nada se ha resulto para confirmar el dictamen y regular el vacío legal de este tipo de delito. Sin embargo, en febrero de 2018, se presentó otra iniciativa al Congreso de la Unión, para que no se tipifique como usurpación de identidad, sino como una especie del fraude adicionándose una fracción XXII al Artículo 387 de dicho delito.
La nueva propuesta establece que lo que ahora conocemos como robo, usurpación o suplantación de identidad, es en realidad el delito de fraude, solo habría que agregar todas las modalidades en las que se puede llevar a cabo y quedaría más adecuado, ya que en este ilícito se sanciona al infractor de acuerdo al monto del daño ocasionado.
A nivel estatal, las penas máximas para la persona que por cualquier medio usurpe o suplante con fines ilícitos o de lucro la identidad de otra, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación o suplantación en su identidad, es de hasta seis años en el caso de Baja California; siete años en Colima, y de ocho años en Jalisco y Chihuahua.
