Fraudes y despojos de terrenos están a la orden del día; la autoridad se ve imposibilitada para actuar por tratarse de predios en litigio, mientras legistas recomiendan otras medidas como órdenes de restricción. Las situaciones se presentan porque la gente no está informada, desconoce cómo funcionan las prescripciones o no lee el clausulado al momento de firmar contratos
Cada semana, en la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Zona Ensenada, ingresan por lo menos dos denuncias relacionadas con despojo y fraude.
Un par de denuncias ciudadanas, relacionadas con el delito de fraude y despojo y que fueron resueltas por distintos Juzgados, tienen en común la violencia e inseguridad.
La primera con Número Único de Caso 0201-2018-10195, por parte de la ciudadana Inés Aguilar Galaviz, quien vive amenazada dentro de su terreno por un grupo de hombres contratados por la contraparte en la demanda civil.
Mientras que en la averiguación previa 1449-016-311, que se le inició a Antonio Jiménez Lozano, está dispuesto a “matar” porque perdió un amparo para recuperar una vivienda que fue adquirida por su ex esposa, quien falleció en 2013.
Según Alfredo Valbuena, socio de la firma Logística y Defensa Jurídica en Ensenada, la mayoría de los juicios relacionados con propiedades se generan porque una de las partes, en general los compradores, no leen el clausulado.
Gran parte de los familiares de los compradores establecen que habrá un seguro de vida que cubra el importe total de crédito, sin embargo, ello está sujeto a que las pólizas se encuentren vigentes o que no haya tal.
“La obligación corre a cargo del acreditado, no se dan cuenta porque están pagando y piensan que así se pagan las pólizas”, sostuvo el especialista, aclarando que existen recursos legales para quienes aún no los han desposeído, con solo comportarse como dueño e iniciar una prescripción por mala fe y por ser parte, de forma continua y pacífica, por un plazo de diez años de ese terreno.
DISPUESTO A “MATAR” POR UNA PROPIEDAD
Marco Antonio Jiménez interpuso una denuncia por fraude en contra del arquitecto Erick Picket Briseño, asentada con el número 1449/16/301. Asegura que aprovechó la muerte de su esposa para despojarlo.
Sus problemas económicos han incrementado a tal grado que amenaza con “matar” a los responsables de su desdicha.
Ana María Lama Vargas era su esposa y falleció en 2013. Antes de casarse, ella había firmado una carta compromiso con la inmobiliaria Cinco Estrellas, donde hizo una inversión de 106 mil pesos para conseguir una casa dentro de un lote.
Una vez que la inmobiliaria le consiguió el bien, este tuvo un costo aproximado a 350 mil pesos incluyendo intereses y costes, pero ella solo saldó 200 mil, por lo que no se concretó la escrituración de la propiedad.
Al morir la mujer, Cinco Estrellas dejó pasar un año como indica la Ley para que los posibles beneficiarios se acercaran a negociar.
Lama Vargas compró otra propiedad a través de Infonavit en el fraccionamiento Villas del Real. Aunque crio a una menor como su hija, pero sin registrarla como suya, la niña no pudo tener el beneficio testamentario.
Al no haber nadie dispuesto, la inmobiliaria hipotecó el bien y al no pagar las mensualidades, en 2016 el banco desalojó a Antonio Jiménez junto con su hija.
Han pasado casi dos años, y en ese lapso el Juzgado sobreseyó el caso porque no se logró configurar el delito de fraude.
El arquitecto Picket informó que durante ese tiempo dieron 6 mil pesos mensuales al viudo, pese a que este no entregó las pruebas de que la señora Lama murió. En total le han entregado 90 mil de los 200 mil pesos que la mujer pagó por el inmueble.
A decir por el arquitecto, dejaron de darle mensualmente el dinero porque, además de que no hay orden de un juez que los obligue a pagar, encontraron que Antonio usaba el dinero en el casino y no en la hija de 12 años de edad que vive prácticamente en la calle desde que los desalojaron.
Tras la denuncia, Erick Picket aclaró a ZETA estar dispuesto a pagar los casi 100 mil pesos que restan, pero solo a través de una orden del juez.
FINGEN HUELGA PARA INVADIR PREDIO
Inés Aguilar Galaviz afirmó que en 1991 compró a un profesor de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) una propiedad de 24 mil metros cuadrados, ubicada en el Kilómetro 103 de la Carretera Escénica Ensenada-Tijuana.
El predio frente al mar, se encuentra a un costado del hotel Coral y Marina, una zona de alta plusvalía en Ensenada.
Tras adquirir la posesión de la superficie, usó el espacio para vivir y rentar en casas semifijas.
Años después aparecieron abogados de Carmen Aldrete Barrón de Estudillo y sus familiares, quienes iniciaron un proceso legal para recuperar lo que supuestamente les pertenece.
Luego de amparos y revisiones, en septiembre de 2017, una veintena de hombres arropados por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) -según la quejosa también por el dirigente César Soto Agüero- llegaron al predio para instalarse en casas de campaña.
Con banderas color rojo y negro, cubrieron un espectacular que se encuentra en el terreno que está protegido por una barda.
ZETA los cuestionó sobre el motivo de la huelga, pero respondieron con una negativa y pidieron al reportero retirarse, además de impedir la captura de imágenes.
Los hombres, que ahora viven en casas rodantes, conviven con la familia Aguilar, pero el domingo 24 de junio, asentaron una vivienda semifija y colocaron una malla de alambre alrededor de la casa de los Aguilar; para no encerrarlos, derribaron una parte de la barda.
Inés pide justicia, ya que ella y su familia viven con temor de que la multitud contratada por la familia Aldrete Barrón los vuelvan a agredir, incluso teme por su vida.
Aunque han solicitado la intervención de la Policía Municipal, los agentes les han informado que no pueden garantizar la seguridad porque se trata de un terreno en litigio.
Resumió que en México no existe una cultura de la legalidad donde el ciudadano dé la prioridad que amerita la legal posesión de un bien. Si bien es común que se den abusos por parte de terceros, aun cuando hay derechos accesibles para una persona, el desconocimiento general conduce a que los pierdan.
“Es como cuando muere una persona intestada y los familiares por desidia no le mueven a los trámites, pero siempre hay alguien que al ver que nadie hizo nada, un tercero ejercita una acción para apropiarse del inmueble generando una complicación”, señaló Aguilar.
POLICÍA NO PUEDE INTERVENIR EN PROBLEMAS LITIGIOSOS
Sobre la inseguridad que viven quienes están inmersos en un litigio relacionado con bienes, lo único que se puede hacer, además de conseguir una orden de restricción, es generar los antecedentes necesarios para subir de nivel la custodia.
El abogado Alfredo Valbuena indicó que si los afectados ya solicitaron esas medidas cautelares y el denunciado incumple, puede generar evidencia a partir de llamadas al 911, así como partes informativos para elevar a una medida, o a su vez judicializar el abuso.
En el caso concreto de amenazas, imponer medidas más restrictivas con certidumbre para salvaguardar la integridad física de la persona y de los suyos.
