A un México en los primeros lugares de corrupción en Latinoamérica y el mundo, sume Usted, Lector, un Presidente Enrique Peña Nieto con el discurso de “la corrupción es un asunto cultural”, después que utilizó a la Secretaría de la Función Pública para ser exonerado en seis meses, junto a su esposa y su secretario de Hacienda, tras haber recibido propiedades a precio de descuento, entregadas por la constructora Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien a su vez fue favorecido con 22 contratos de obra pública en los gobiernos peñistas.
El resultado es una comunidad descorazonada que, no obstante el pesimismo generalizado, aún es capaz de encontrar instituciones públicas en las cuales confiar.
Hoy, la sombra de duda se posa sobre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, como señalan los voceros de la institución a través de un reciente boletín, durante 18 años “… ha construido una credibilidad institucional a raíz de su independencia; una labor técnica y objetiva, basada en los principios de transparencia, legalidad y eficiencia”.
Pues resulta que buena parte de ese prestigio que presume la institución, se basa en el trabajo desarrollado durante ochos años por Juan Manuel Portal Martínez, auditor general hasta el 31 de diciembre de 2017.
Fue él quien denunció ante la Procuraduría General de la República, por lo menos a 15 gobiernos de entidades como Quintana Roo (Roberto Borge), Sonora (Guillermo Padrés), Chihuahua, Durango Puebla y Veracruz, esta última bajo la administración de Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso bajo proceso.
El trabajo de Portal Martínez y sus auditores generales también evidenció a las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), desviando recursos a través de contratos con universidades públicas; denuncias usadas después por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para investigar el desvío de mil 130 millones de pesos de la Sedesol, Petróleos Mexicanos (Pemex), Banobras y la Secretaría de Educación Pública a través de nueve empresas; indagatoria posterior al trabajo periodístico identificado como “La Estafa Maestra”.
Así mismo, advirtió de los contratos anómalos entre Oceanografía y Pemex; y alertó de las incongruencias y cambios de trazos en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México; el caso de la constructora Odebrecht, investigada por la entrega de sobornos a funcionarios en 12 países, incluido México; e igualmente detectó y denunció la opacidad en la rendición de cuentas del Senado y la Cámara de Diputados.
De acuerdo a información publicada en medios nacionales, en ocho años, el equipo de Portal ejecutó 11 mil 754 auditorías, observaron anomalías en el gasto de 541 mil 888 millones de pesos – jamás se aclaró qué sucedió con 225 mil 271 millones de esos pesos- y presentó 834 denuncias de hechos durante su gestión.
Justo este hombre advirtió en la última semana, ante la prensa nacional, que desde mayo están desmantelando la ASF y lo hace su predecesor, David Colmenares Páramo -el nuevo auditor-, a quien recordó, le pidió renuncia en 2014 “por omisiones importantes e incumplimiento de responsabilidades”. Aunque según Colmenares, se fue porque no tuvo “química” con Juan Manuel Portal.
De la salida de todos los auditores generales y algunos directores -a Javier Pérez le pidió el puesto porque “ya lo tenía comprometido” y a Dora Buchahin la acusó de conflicto de intereses-, Colmenares justificó en un comunicado de prensa que se trata de una reestructuración.
Y luego, con intención o no, buscó desacreditar a su antecesor señalando que de las 900 demandas hechas antes de su llegada por la ASF, solo el 0.04 por ciento llegaron a los jueces y únicamente el 0.16% de los casos se resolvió con la inhabilitación.
De todo lo anterior quedan claros dos puntos: David Colmenares está desmantelando el equipo que recibió con la ASF y la Ley le da autonomía para remover a sus auditores, sin embargo, eso no significa que diputados, senadores y la sociedad organizada no puedan ponerle el ojo encima, y que el auditor no esté obligado, de entrada moralmente, a exponer públicamente en qué consiste la reestructuración, los motivos de la misma y cuál es su meta.
A explicar la salida de quienes aparentemente hacían un buen trabajo, y justificar la llegada de los nuevos auditores; dar a conocer sus nombres, perfiles, capacidades y experiencia.
Porque este señor, que en su calidad de funcionario se negó a hacer públicas sus declaraciones, llegó apenas en marzo de 2018, pero dejará el puesto de auditor hasta 2025.
Como los mexicanos no conocerán de la calidad de su trabajo hasta que entregue los resultados de su primer informe, cuya fecha está pactada hasta febrero de 2019, organizaciones civiles similares en todo el país, como Transparencia Mexicana, Fundar y México Evalúa, han alzado la voz para exigir que aclare los motivos de los despidos. Están obligadas a ir más lejos, a no esperar un año y buscar un mecanismo para evaluar y analizar la operación y resultados de Colmenares Páramo tal vez trimestralmente, que es como trabaja la ASF. Lo mismo para el sector empresarial y los legisladores federales en representación de sus estados.
Esto, si se pretende que la ASF siga como uno de los pilares del ansiado y tan anunciado Sistema Nacional Anticorrupción.
