Esta semana se cumplen 14 años de impunidad en el asesinato del editor de ZETA, maestro, licenciado en Derecho, compañero, amigo, hijo, hermano, esposo y padre, Francisco Javier Ortiz Franco.
Aquella tarde del 22 de junio de 2004, cuando Francisco se sentó frente al volante de su auto en una calle de la delegación Centro en Tijuana, un hombre pelón con camisa de cuello Mao alzó la mano. Fue la señal para que una punta de matones a bordo de una Cherokee negra avanzaran y se colocaran al costado del automóvil del editor. Un encapuchado bajó de la camioneta empuñando una Beretta calibre .380 sin seguro, la colocó frente al vidrio del lado del conductor y disparó al pecho de “Pancho”, después siguieron una bala en el hombro, otra en el cuello y una más a la altura del oído izquierdo; la vida se le fue en segundos.
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A los criminales no les importó que los dos hijos menores del licenciado Ortiz Franco estuvieran en la parte trasera del vehículo y vieron todo. Asustados tras el crimen, salieron del auto y un vecino les dio refugio, mientras los homicidas huían para abandonar la camioneta dos cuadras hacia el sur, en la misma calle donde de manera artera, acabaron con la existencia del periodista.
Las primeras indagatorias ministeriales revelaron la participación de uno de los cabecillas criminales del Cártel Arellano Félix, Arturo Villarreal Heredia, y de Heriberto Lazcano, líder del entonces brazo armado del Cártel del Golfo identificado como Los Zetas. Un tercer sospechoso fue Jorge Hank Rhon.
El ataque sucedió después que Ortiz publicara las fotografías de 76 lugartenientes criminales y sicarios de los Arellano Félix que habían recibido una credencial como agentes de la Procuraduría del Estado a cambio de 70 mil dólares. Y mientras trabajaba en la recopilación de elementos para reabrir el expediente del asesinato del codirector de ZETA, Héctor Félix, en la búsqueda de pruebas para que investigaran y detuvieran al autor intelectual, al jefe de los homicidas materiales, integrantes del cuerpo de seguridad del dueño del hipódromo: el priista Jorge Hank Rhon.
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A Villarreal lo capturó el gobierno de Estado Unidos en agosto de 2006, en compañía del menor de los hermanos Arellano, la primera vez que leyeron los cargos en su contra en la Corte de San Diego, lo mencionaron como participante en el homicidio de Ortiz, pero el tema no se volvió a tratar. En enero de 2008 se declaró culpable de tráfico de droga, delincuencia organizada y lavado de dinero. Lo sentenciaron a 30 años de prisión y a pagar una multa de 5 millones de dólares.
En México tiene órdenes de aprehensión pendientes por homicidio y secuestro, y a pesar que le quedan varios años de cárcel en Estados Unidos, en 2017 solicitó la protección judicial contra cualquier orden de aprehensión que pudiese existir en su contra en los Juzgados de Procesos Penales Federales en Jalisco, Baja California, Ciudad de México y Estado de México, entre otros. Pero ninguna de esas órdenes, es por el asesinato del editor de este Semanario.
Tampoco fueron fincados cargos contra Lazcano, que tuvo una vida criminal activa de 1998 hasta 7 octubre de 2012, cuando la Marina anunció que lo abatió. Tampoco Hank Rhon ha sido investigado.
Así, por catorceavo año consecutivo, el expediente de Francisco continúa sumado a los miles de “casos sin resolver”, de investigaciones de homicidios mal integradas, sea por incapacidad o corrupción, en las que las pruebas forenses y huellas recolectadas solo se archivaron y se dejaron enfriar, sin agregar nuevos datos o testimonios, con autoridades perezosas, incompetentes y cobardes que destruyen día a día las posibilidades de justicia.
La muerte de Francisco fue devastadora para su familia, para sus amigos y para esta redacción; ante su ausencia, el vacío sigue calando, sigue doliendo, por eso no aceptamos la impunidad, ni permitimos el olvido.
Por el tiempo que sea necesario, exigiremos resultados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, y a la Procuraduría General de la República, que en 2004 presumieron de la ejecución de una indagatoria conjunta que resultó fallida.
La demanda de justicia se hace extensiva a los actuales titulares de los poderes ejecutivos, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el Presidente Enrique Peña, porque ni el Estado ni la Federación, han cumplido con “la obligación de dirigir investigaciones oportunas, efectivas y exhaustivas” en el asesinato del editor de ZETA.
Como publicaron los relatores especiales sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, en su informe el 4 de diciembre de 2017: “… cuando no se investigan estos delitos, y no se juzga a los responsables, se crea una cultura de impunidad, que a su vez puede envalentonar a los perpetradores”. Y es precisamente esa ausencia de justicia que rodea expedientes como el de “Pancho”, la que fomenta que cada año aumente el número de periodistas asesinados, después de todo, ¿qué pueden temer los homicidas?, si hoy el 99.6 por ciento de los crímenes en contra de comunicadores en México permanecen sin resolver, y los gobiernos, las procuradurías, no son obligados a rendir cuentas de sus fracasos.
