Más de dos mil maestros en retiro han entablado demandas para poder recuperar el pago de la jubilación que ahorraron en la caja magisterial dirigida por Consuelo Dalila Carrillo, quien a su vez los ha contrademandado y cerrado oficinas. Además, desde 2011, la asociación civil realizó una serie de cambios en los estatutos que la rigen y en los convenios con los asociados para restarles derechos, lo que incluye el no poder disponer de su dinero si después de tres años no realizan movimiento alguno
A través de la conformación de una asociación civil que opera como caja de ahorro, un grupo de siete personas, encabezadas por Consuelo Dalila Carrillo Tirado, se niega a devolver los ahorros de más de dos mil maestros jubilados de Baja California, quienes han entablado demandas por fraude contra los integrantes de Camac Magisterial, A.C.
Los docentes en retiro entregaron el pago de su jubilación a Camac, organismo que se promocionó como caja de ahorro, ofreciendo rendimientos de hasta un 20% a quienes quisieran integrarse como socios inversionistas. En promedio, cada uno depositó ahorros por 800 mil pesos.
Aunque su registro data de 2001, con el aval de los representantes de los sindicatos del magisterio y del gobierno de Baja California, Camac generalizó sus operaciones en 2005 como Caja Magisterial de Mexicali A.C., recibiendo el ahorro de los inversionistas y prestando el dinero ingresado a maestros en activo.
El alto interés ofrecido a los inversionistas -desde un 12 hasta un 20%- y el que el sindicato y el propio gobierno del Estado, firmaran convenios con la asociación civil para que pudieran darse los descuentos vía nómina a los acreditados, generó confianza entre los docentes.
Conforme fue creciendo el número de asociados, también incrementaron las irregularidades en la operación de la asociación.
Al principio, los ahorradores eran pocos y el pago del rendimiento se cumplía conforme a lo acordado, pero después de 2011 comenzaron las anomalías. Primero, retrasos en algunos pagos, evasivas para entregar una parte del ahorro que los asociados solicitaban, hasta que de plano, los operadores de Camac dejaron de pagar intereses en 2015, negándose incluso a devolver el dinero a quienes comenzaron a reclamar el reembolso de sus ahorros.
En la estafa denunciada también se involucra a la diputada panista Luz Argelia Paniagua Figueroa, cuyo nombre y firma se encuentra asentado en las actas de registro de la Asociación como socia fundadora, aunque niega tener injerencia en el manejo del organismo.
Dalila Carrillo públicamente también ha negado irregularidades en el manejo del dinero de los maestros en retiro, sin embargo, promueve amparos al mismo tiempo que contrademanda a quienes la han denunciado por fraude.
Al generalizarse los procesos judiciales en su contra, a principios de mayo de 2018 cerró las oficinas de la asociación en Tijuana y Ensenada, continúo funcionando la sucursal de Mexicali, donde atiende con previa cita a quien difícilmente logra contactarla.
CONCEBIDA CON IRREGULARIDADES
Desde la constitución de la asociación, que actualmente lidera Dalila Carrillo, hubo deficiencias, señaló el abogado José Rodolfo Muñoz García, quien representa a cientos de maestros de Ensenada, Tijuana y Mexicali.
Primero, explicó, por ostentarse como caja de ahorro cuando es una Asociación Civil, hecho que le valió la observación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); motivo por el cual, en 2011 tuvo que cambiar su denominación de Caja Magisterial de Mexicali, A.C., a Camac Magisterial, A.C.
En su reglamento y en el convenio de aportación que entrega a los socios inversionistas, Camac se ostenta como un organismo que “se apega a la Ley de Ahorro y Crédito Popular”, manifestando estar en regla con los artículos que exige la Ley.
Pero en otro apartado advierte: “no es una entidad de ahorro de crédito popular, no está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni a la inspección ni vigilancia de ninguna federación”.
Otra contradicción, refirió, es la leyenda asentada en el convenio de aportación de los inversionistas, el cual establece: “en caso de cambios bruscos en la economía nacional que repercuta en los rendimientos de las tasas de interés, esta asociación civil se reserva el derecho de hacer los ajustes necesarios sin previo aviso, a fin de estar acorde con las políticas financieras…”.
Añadió: “dentro de sus estatutos, la Asociación Civil pondera solo dedicarse a prestar directamente a los maestros y recibir vía nómina, el pago mediante descuentos, ¿en qué momento puso el dinero en la Bolsa de Valores del Sistema Financiero Mexicano? ¿Está o no en el Sistema Financiero?”, cuestionó José Rodolfo Muñoz.
DESPOJADOS DE SUS DERECHOS
Otra anomalía fue el establecimiento de estatutos que nunca se cumplieron y después se modificaron sin el consentimiento de los socios, creando una estructura nueva con la intención de despojar de todo derecho a los socios; indicó el abogado José Rodolfo Muñoz, secundado por los asesores legales de ahorradores de Tijuana y Mexicali.
Entre ellos, enumeraron el acceso a la información y el derecho a voz y voto que, a pesar de que solo eran derechos de membrete, pues las decisiones y cambios dentro del organismo, únicamente las tomaban los socios fundadores, con Dalila Carrillo al frente.
A pesar de que en la práctica no se hacían válidos, el estar asentados en el convenio, daba a los inversionistas un derecho legal que les fue retirado sin aviso alguno a partir de 2011, con cambios en los estatutos para negar el derecho a voz y voto y cualquier participación directa e indirecta de los ahorradores. “Con ello restringieron el ejercicio de los derechos de los maestros hacia Camac, para impedirles tener acceso a la información del organismo”, anotó Muñoz García.
QUEDARSE CON LOS AHORROS, EL OBJETIVO
Retirarles a los inversionistas, su derecho a enmarcar el rumbo de sus ahorros, fue el primer paso para un objetivo mayor: despojar a los maestros de sus capitales.
Para ello se les cancelaron los derechos adquiridos al invertir su dinero en Camac, cambiando los estatutos asentados en el convenio de aportación, documento que se otorga a cada inscrito al momento de invertir su dinero en la asociación, el cual es firmado por el aportador y la presidenta del organismo, Consuelo Dalila Carrillo Tirado.
De acuerdo a los estatutos originales, con un mínimo de dos años de haber invertido, los socios tienen derecho a retirar el total de sus reservas sin ser sujetos a ninguna penalización; antes de ese periodo, solo podían retirar hasta un 25% de lo invertido.
Para evitar que los asociados generaran la antigüedad suficiente para poder retirar el total de sus capitales, a partir de 2011, cada año, son obligados a firmar un nuevo convenio, medida que les impide generar una antigüedad mayor al año.
Junto con el ajuste se les entrega un certificado de ahorro, el cual también les es renovado cada año. Para efectuar el proceso de modificación, Camac exige a los socios, entregar los documentos anteriores.
Una cláusula nueva del convenio de aportación establece que Camac contará con un fondo de bienes, el cual se constituirá como un fondo de protección a las finanzas de la Asociación Civil, “mismo que se compone de un porcentaje de los movimientos diarios y del monto de las cuentas inactivas”, de acuerdo al documento señalado.
A partir de los estatutos de la asociación, “las cuentas de aportación que no presenten movimiento durante un periodo de 24 meses, se considerarán cuentas inactivas; por lo que se suspenden los rendimientos de dichas cuentas”.
Es decir, explica José Rodolfo Muñoz, los maestros que depositaron su dinero y no realizaron ningún movimiento durante dos años, dejan de recibir rendimientos de sus ahorros depositados.
Para colmo, esa inversión que no registró movimiento en dichos meses, en un año más, Camac puede transferirla a su fondo de bienes, ya que en las letras chiquitas del convenio se asienta: “por lo que a partir del mes 37 de no haber presentado movimientos, el saldo de esas cuentas afectadas formará parte de las cuentas de reserva de la asociación”.
Es decir, “a los 24 meses les dejan de pagar rendimientos y 12 meses más tarde, los ahorradores son despojados de su dinero por no haber hecho movimiento alguno”, corroboró Muñoz García.
A pesar de que los ahorradores firmaron esas nuevas reglas, tienen derecho a reclamar su inversión, incluso si no cuenta con certificado o fueron despojados del original, ya que “pueden implementar un recurso para acreditar tanto su derecho, como el engaño en la maquinación de Camac”, advirtió el abogado.
TRIANGULACIÓN IRREGULAR
De acuerdo a las transacciones asentadas en el Registro Público de la Propiedad (RPP), Consuelo Dalila Carrillo, a nombre y con recursos de Camac, ha adquirido propiedades de varios millones de pesos, entre las que se encuentran residencias y complejos deportivos, los cuales vende a Addelco, inmobiliaria que paga a Camac con acciones.
Pero las acciones no quedan a nombre de la asociación magisterial, sino al de Consuelo Dalila Carrillo Tirado.
El ejercicio es calificado por los abogados de los ahorradores demandantes como irregular, puesto que “al ser Camac una Asociación Civil, no puede tener propiedades; por lo que conforma Addelco para comprar las propiedades, pero un organismo civil no puede hacer ese tipo de negociaciones con uno mercantil, no es legal”.
Para el abogado José Rodolfo Muñoz, Consuelo Dalila Carrillo dilapidó los recursos de Camac, adquiriendo bienes que puso a su nombre para crear un estado de insolvencia que ahora enfrenta en el organismo civil.
NI EL SINDICATO, NI “KIKO” LOS ESCUCHAN
Ahorradores de Tijuana le enviaron un oficio al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, exponiéndole la situación de Camac, pero no han tenido respuesta. También acudieron ante la procuradora General de Justicia del Estado de Baja California, Perla del Socorro Ibarra Leyva, pero también los ha ignorado.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Abogado José Rodolfo Muñoz
“Eso nos dice que las autoridades estatales también están involucradas en este fraude, estamos solos las víctimas de estos trúhanes”, manifestó Isabel Anzaldo, quien junto con su esposo y 23 maestros jubilados de Tijuana, promueven una demanda conjunta en contra de Camac.
Los afectados han pedido apoyo a la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la cual dirige Mario Aispuro, “pero se han negado a proporcionarnos apoyo legal para actuar contra Camac, ‘Ustedes no vinieron a consultarnos para que les aprobáramos ahorrar en Camac’, nos dicen”, compartieron a ZETA.
Entrevistado al respecto, Mario Aispuro sostuvo que el Sindicato pidió al gobierno del Estado, frenar los descuentos vía nómina, “pero no podemos hacer más porque es un acuerdo entre particulares. El sindicato solo puede intervenir legalmente cuando se trata de un problema de tipo laboral”, asentó.
En tanto, el contador Luis Armando Carrasco Moreno, subsecretario de Planeación y Administración del Sistema Educativo Estatal (SEE), sostuvo que los descuentos vía nómina a favor de Camac se encuentran suspendidos completamente a partir de marzo de 2018, luego que se recibió una orden de suspensión del Juzgado Sexto de Distrito.
De los descuentos al salario de los trabajadores, se ha dejado de aportar a Camac, dos millones 250 mil pesos.
“Al ser un acuerdo firmado entre los involucrados -maestros y asociación- solo si ambas partes lo solicitan o por intervención de una orden, como fue el caso, podemos hacerlo”, acotó el funcionario.
Una vez concluido el proceso legal, el dinero “será entregado a quién corresponda, según el resultado del proceso legal”, aclarando Carrasco Moreno, que al promover Camac amparos a través de Consuelo Dalila Carrillo, si gana, el recurso retenido se entregará a la asociación.
SINDICATO SÍ TIENE RESPONSABILIDAD
“El sindicato sí tiene responsabilidad por omisión y los maestros sí siguen teniendo descuentos vía nómina”, señaló el abogado José Rodolfo Muñoz.
Al ser un representante legal, tiene la obligación de velar por los intereses de sus agremiados y esto implica que es responsable porque permitió el acceso a los descuentos vía nómina, sin corroborar la debida constitución de Camac y que estuviera regulada la como caja de ahorro.
“Existe una relación contractual entre el sindicato y Camac, al firmar un convenio como organismo gremial para que se diera un descuento vía nómina, contratos que el sindicato se ha negado a informar, a pesar de que les fueron solicitados vía transparencia; opacidad que también representa una irregularidad.
