En Baja California deberíamos aplicar aquella de que no se mata la información ocultándola.
A pesar de los esfuerzos de funcionarios del Gobierno del Estado, y del vacío de los medios de comunicación tradicionales en Baja California, la realidad es que de manera inédita por el vasto equipo que la Auditoría Superior de la Federación envió a Baja California, se están revisando con lupa las finanzas del Estado.
No es un asunto menor, especialmente cuando fue localizado un faltante -por lo menos en documentos- de más de mil 900 millones de pesos, los cuales los auditores buscan saber en qué se gastaron por parte de la administración estatal, y si la inversión fue lícita.
Como complemento a la grave situación económica del Estado, el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha ubicado las finanzas de Baja California en la categoría amarilla, lo cual indica que está al tope de su endeudamiento, y este se encuentra en observación, como se detalla en un reportaje de ZETA, escrito por Julieta Aragón Domínguez, publicado en esta misma edición (página 16), en el cual funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas fueron cuestionados y respondieron, aclarando que aun con el tope de la deuda, en esa cuenta no están registradas las Asociaciones Público Privadas (APP) que fueron signadas con la venia del Congreso del Estado: la de la desalinizadora y la de la construcción del C5i.
Sin contar esas multimillonarias obras, en mayo de 2018 la deuda de Baja California llegó a 12 mil 321 millones de pesos, resultado de un incremento del 24 por ciento respecto del año anterior. La realidad es que al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, eso de endeudarse le ha parecido bastante fácil, particularmente cuando en el Congreso del Estado tiene a la mayoría de los legisladores a su servicio y no al del Estado.
A la par está la investigación de la Auditoría Superior de la Federación, y un tercer tema en el caso de las finanzas estatales: una denuncia ante la Procuraduría General de la República, por malos manejos de los recursos públicos en el Estado, interpuesta por el diputado y líder de Transformemos, Luis Moreno, quien hay que resaltarlo, ha votado contra las propuestas de endeudamiento del gobernador y las APP que se perciben abusivas para los dineros locales.
La denuncia de Moreno, que podrá Usted leer en la página 18 de esta edición de ZETA, es por un caso distinto a los dos señalados aquí mismo. Se trata de mil 432 millones 351 mil 698 pesos que la Auditoría Superior de la Federación detectó como desviados o mal ejercidos en la contabilidad del Gobierno del Estado, pero en 2016. Además, por poco más de 204 millones de pesos que se quedaron en recurso sin ejercer.
Hay más.
Hace unos días, Kiko Vega citó a los cinco alcaldes (Mirna Rincón no acudió), a los diputados de su partido el PAN y previamente a sus funcionarios más cercanos, para “trabajar” en subsanar más de 3 mil millones de pesos que le está obligando la Auditoría Superior de la Federación en otro caso de auditorías ordinarias.
O sea, de las auditorías que cada año realiza la ASF, al gobierno de Baja California, hasta donde se sabe porque en el Estado no proporcionan información al respecto, desde 2011 y hasta un año reciente no determinado, encontraron irregularidades por más de 8 mil millones de pesos (ver página 18 de esta edición), de los cuales se insistió en esas reuniones, se habían “subsanado” 5 mil millones de pesos y restaban los 3 mil. Pidió la colaboración de todos para demostrar que esos dineros se utilizaron bien, pero no se reportaron de amanera adecuada. Vaya, hizo un llamado a demostrar que no hicieron transas, aunque eso parezca.
Para no perder el estilo, en una de las reuniones el gobernador habría dicho que el problema no le preocupaba tanto, tanto, tanto, pues lleva una excelente relación con la secretaria de la Función Pública, la maestra Arely Gómez, quien está siempre dispuesta a concederle tiempo, espacio y argumentos para sustentar cualquier irregularidad o malentendido.
Efectivamente, la Secretaría de la Función Pública ha destacado por no detectar ni sancionar a los gobernadores que han hecho malos manejos del presupuesto en estados, y algunos de ellos están en prisión o prófugos debido a ello.
No será el caso de Baja California si el gobernador Francisco Vega logra apagar los cuatro fuegos financieros que trae hasta el momento: la revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación al encontrar un saldo negativo por más de mil 900 millones de pesos; subsanar más de 3 mil millones de pesos que salieron como desviados o mal ejercicios en auditorías ordinarias de la ASF; salir de la categoría amarilla en que ha ubicado Hacienda al gobierno de Baja California respecto el endeudamiento. Y enfrentando la denuncia que ante la PGR un partido político le interpuso por mil 432 millones 351 mil 698 pesos detectados como desviados o mal ejercidos.
La información, dada a conocer en las páginas de este Semanario, fue confirmada con documentos y entrevistas formales o fuera de libreta, incluyendo funcionarios del Gobierno del Estado, del Congreso y federales. Aun cuando intenten matar la información desde la administración estatal, ocultándola o haciéndole el vacío, ahí está.
Ahora sí que Francisco Vega trae muchos fuegos encendidos hacia el final de su sexenio.
