Al conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Desarrollo Sustentable y firmó diez Decretos de Reserva de Agua, utilizando dicha figura legal para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación, una Reforma Estructural que no pasó por el Congreso de la Unión.
Peña Nieto anunció la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. Lo que se autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en esas cuencas.
Los decretos servirían para que 55 por ciento del líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales, municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.
Además, los decretos firmados por el titular del Poder Ejecutivo Federal favorecen los trasvases de agua a gran escala, como los de varios megaproyectos hidráulicos. Con ellos se ha despojado el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido el líquido. Sin embargo, ahora podría ser expropiado para llevarlo a grandes áreas urbanas.
En 2015, tras la aprobación de la serie de leyes sobre la reforma energética, en el Congreso de la Unión no trascendió la llamada Ley Korenfeld, misma que pretendía una modernización de la Ley de Aguas. En 2016 y en 2018, el último intento se dio en la Cámara de Diputados, a través de la llamada Ley Pichardo, impulsada por el hijo del exgobernador del Estado de México, José Ignacio Pichardo Pagaza.
La coalición Agua Para Todos advirtió que los decretos firmados por Peña Nieto “van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar volúmenes de agua que tengan las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de los sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y sectores urbano populares”.
Ante ello, según la misma coalición, estarían afectando a cerca de 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente que está en manos de comunidades indígenas. Sin embargo, la Conagua, responsable del manejo de las grandes cuencas hídricas del país emitió ayer un comunicado, en el que niegan que los decretos firmados por Peña Nieto signifiquen privatizar el agua.
El agua NO se privatiza. Conoce los #MitosyRealidades sobre las #ReservasDeAgua y comparte. ?????? Con los 10 decretos México garantiza el vital líquido para consumo de generaciones futuras y preservamos el #medioambiente. ??? pic.twitter.com/iwPVdb0QEi
— SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) 20 de junio de 2018
“De ninguna manera otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen (sic), en una proyección a 50 años”, indicó la Conagua.
Con las reservas del agua se busca “ayudar a amortiguar el cambio climático, pues se conservarían lugares emblemáticos que no hay en ningún lugar del planeta, como la Selva Lacandona, en Chiapas, y no se afectarían los derechos y concesiones de otros usuarios”, afirmó la Comisión.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, tuiteó que con el decreto firmado por Peña Nieto, México “supera en 12 por ciento las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociada a caudal ecológico”.
“Los decretos de reserva son un instrumento de certidumbre para la sociedad, ya que establecen la cantidad de agua disponible para el ambiente, la población y otros usos en cada una de estas casi 300 cuencas. Las reservas de agua protegen el agua en beneficio de todos, y son sustento del derecho humano al agua y a un ambiente sano”, aseguró WWF, la mayor organización conservacionista independiente en el mundo.
“Son una herramienta jurídica más robusta que las vedas porque establecen condiciones para distribuir de manera justa el agua, empezando por la gente y el ambiente. Son además una efectiva estrategia de adaptación al cambio climático pues mantienen el ciclo natural del agua para enfrentar la variabilidad climática”, indicó la ONG a través de un comunicado.
