“Al omitir, realizar las inspecciones de vigilancia y supervisión del proyecto de desarrollo de Grupo Melo, las autoridades municipales también incurrieron en incumplimiento de sus obligaciones”, expuso el regidor Roberto Quijano Sosa, quién espera resultados de la denuncia interpuesta en Sindicatura Procuradora, contra quienes resulten responsables del colapso en Lomas del Rubí.
Sin la comisión de actos irregulares por parte de la Dirección de Administración Urbana (DAU), los movimientos y/o cortes realizados al predio desarrollado por Grupo Melo, que afectaron a la colonia colindante, Lomas del Rubí, nunca se hubieran podido realizar; expuso el regidor presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y de Administración Pública.
Indicó que una vez liberados los permisos correspondientes, la administración municipal debe vigilar que se cumplan a cabalidad, las especificaciones de los planos aprobados y evitar modificaciones o incumplimiento sin previa autorización; caso contrario, está obligada a hacer las observaciones necesarias y de ser requerido, ordenar la suspensión y clausura de la obra, lo cual no sucedió con la obra de Melo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la autoridad municipal, “causó no solo el perjuicio de los vecinos de la colonia Lomas del Rubí, sino también afectó el patrimonio de la ciudad, al afectarse vialidades y equipamiento urbano, daño del que se tiene que responsabilizar a alguien”, aseveró el edil independiente.
El deslizamiento ocurrió el 2 de febrero de 2018 y dañó a 161 casas, de las cuales, 94 colapsaron totalmente junto con las calles Reforma, Constitución, Grupo APBC y gran parte de la Liberal Patria, perjudicando alrededor de 150 personas que se quedaron sin hogar.
Las casas están valuadas en aproximadamente 700 mil pesos cada una de ellas, de acuerdo a la estimación que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) compartió a ZETA. El daño patrimonial al municipio aún no se cuantifica.
De la omisión, Quijano Sosa demandó a Marcela Guzmán Valverde, Síndico Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, fincar responsabilidades en contra de los funcionarios omisos, particularmente de la DAU, cuyos responsables omitieron vigilar y hacer cumplir la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, lo que afectó la estabilidad de los predios de Lomas del Rubí.
De la denuncia recibida desde el 14 de febrero por la Sindicatura Procuradora, Roberto Quijano aún no recibe respuesta de Marcela Guzmán.
Cuestionada al respecto, la funcionaria respondió que la dependencia a su cargo mantiene una investigación abierta.
