Pese a que más de 60 candidatos se registraron para buscar un espacio en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, solo se abarrotaron las vacantes a consejeros técnicos en Mexicali y Tijuana. En Ensenada y Playas de Rosarito no hubo mucha participación, mientras que en Tecate solo se inscribieron dos, mismos lugares que tienen de representación por municipio
La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tendrá que realizar una tarea titánica para seleccionar a los diez consejeros técnicos y cinco honoríficos de un total de 63 aspirantes al cargo, ya que tienen como fecha límite el 20 de junio para entregar resultados al Congreso del Estado.
Durante la primera semana de junio entrevistaron a la mitad de los aspirantes al cargo, continuando el lunes 11 con diez aspirantes, el martes 12 a nueve y el miércoles 13 a siete, para finalizar el periodo de entrevistas.
ZETA acudió a esta segunda etapa de entrevistas y pudo conocer algunas de las ideas de quienes buscan ser electos para el Comité de Participación Ciudadana (CPC), de estas entrevistas también se desprende prácticamente el nombramiento de Francisco Javier Riebelin Ibarra y Francisco Javier Parral León, ambos de Tecate, que al haber sido los únicos en registrarse por ese municipio, serán electos por default, pues hasta el cierre de esta edición, los integrantes del comité seleccionador no habían considerado declarar desierta la convocatoria y emitir una nueva.
A continuación, la lista de quienes aspiran a combatir la corrupción en Baja California.
Christian Armando Vázquez Juárez. Abogado, fue juez municipal en el Ayuntamiento de Tijuana y coordinador de jueces en Playas de Rosarito. Ante la Comisión de Selección, señaló que su inquietud por participar es para hacer algo por su Estado. Afirma que el mayor problema de la corrupción es que no existe repercusión por los hechos, lo que calificó como preocupante; situación que inhibe las denuncias y le abona a falta de credibilidad en las instituciones, ya que contribuye a la falta de información.
Fotos: Cristian Torres.- Fermín Álvaro Gutiérrez Villa-Claudia Virginia García González-Carlos EnriqueBernal Hinojosa
En su opinión, BC es la tercera entidad federativa con acceso a internet, por lo que se podría aprovechar una plataforma digital para presentar quejas y tener seguimiento en tiempo real.
Agustín Velázquez Bustamante. Tijuanense, es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional, trabajó en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, así como en el Gobierno del Estado de Nuevo León. Asegura que debido a su experiencia, puede aportar mucho.
En cuanto a corrupción, dijo que es todo un reto en México, al ser un país señalado por sus altos niveles de corrupción. El docente, quien actualmente se encuentra en año sabático, dijo que hacen falta verdaderos profesionales que ocupen los cargos en el sector público.
Benito Velázquez Hernández. También de Tijuana, fue presidente del Colegio de Abogados Constitucionalista y aspirante a procurador de Derechos Humanos en 2015, además de maestro en la Facultad de Economía de Tijuana. Calificó como un honor participar en la convocatoria, y destacó la necesidad de fortalecer los controles de gobierno a fin de inhibir la corrupción, ya que se requiere de autonomía en las contralorías, cuyos titulares deberían ser designados por concurso de oposición.
Ricardo Esteban Zurita López. Presumió haber participado en siete cargos públicos durante su trayectoria como funcionario. Abogado de profesión en Tijuana, trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública, donde tuvo que realizar los Exámenes de Control y Confianza, por lo que pretende que lo consejeros se sometan a evaluaciones continuas.
Entre sus propuestas figura que los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción tengan que aprobar los Exámenes de Control y Confianza. Tiene siete años impartiendo clases en la Universidad Autónoma de Baja California y ha participado en diferentes organismos de la sociedad civil.
Rafael Arturo Arámbula Canseco. El contador público busca ser consejero técnico y, además de consultor financiero, ha participado en el sector público por 28 años. Fue uno de los más críticos al exponer que existe infinidad de funcionarios públicos que aseguran “no pasa nada” cuando comenten algún desvío de recursos.
En su decir, la corrupción se encuentra en todos lados, desde empresarios, ciudadanos y funcionarios públicos. Agregó que los órganos de control interno tienen muchos vicios en la integración de los expedientes. Del ámbito municipal, citó que una gran mayoría de las investigaciones en Sindicatura se pierden en los tribunales de lo Contencioso Administrativo y que esa parte también debería investigarse.
Daniel Aaron Sotelo Heredia-Ramón Guzmán Paz-Francisco Javier Bernal León
Claudia Virginia García González. Contadora de profesión, dice ser “una simple ciudadana ensenadense que quiere hacer algo por la comunidad”. Actualmente labora en el área fiscal de la Cámara de Comercio de esa ciudad. Desde agosto de 2017 se integró a la sindicatura de la Cámara de Comercio ante el Servicio de Administración Tributaria. Para ella, una vez que quede integrado el SEA, será necesario realizar una revisión exhaustiva área por área y por cada persona.
Fermín Álvaro Gutiérrez Villa. Urólogo de profesión, fue tesorero en la Cámara Nacional de Comercio Capítulo Ensenada. Refiere que México recibió una calificación de 29 en una escala de 0 al 100 en cuanto a nivel de corrupción, lo que lo pone en el lugar 135 de 180 países con mayor corrupción en el mundo.
Argumenta que la corrupción afecta entre el 9 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto y que en el hogar común tienen que destinar hasta un 40% de los ingresos; mencionó que países como Chile y Uruguay han tenido buenos resultados en el combate a la corrupción.
Carlos Enrique Bernal Hinojosa. En su intervención citó a Kurt Cobain, cantante del extinto grupo de rock Nirvana: “El deber de la juventud es desafiar la corrupción”. El abogado litigó sin cédula profesional hasta que finalmente se graduó en noviembre de 2010, fue la comisionada Yolanda Sosa y Silva quien se percató que no cumplía con los diez años como profesionista, por lo que deberá ser descartado.
Ramón Guzmán Paz.: Tres veces contralor municipal de Playas de Rosarito, participó en el Consejo Municipal para la creación del municipio en 1995 y confesó haber sido mal alumno en la universidad, pero perseverante.
Contador de profesión, dice que el ataque a la corrupción debe ser una de las prioridades, ya que inhibe la inversión, evita el combate a la pobreza y genera violencia. Un área de oportunidad es la plataforma digital, la cual deberá ser amigable y sencilla para que la ciudadanía participe.
Rolando Mejía Cruz. Biólogo, trabajó en la Comisión Federal de Electricidad en el área de Construcción y en la Jefatura de Recursos Ambientales y Seguridad, donde le tocó realizar auditorías por todo el país.
“Hasta que alguien me va a escuchar”, expresó en su exposición. Dijo que serán necesarios cambios una vez que inicie el Consejo de Participación Ciudadana, que se debe trabajar con normas de carácter interno, programas de trabajo y establecer bases, principios y procedimientos.
María Gloria Orozco González. “Me encantaría estar aquí para revisar, para apoyar”, afirmó la candidata de Playas de Rosarito, contadora pública que trabajó como directora de una financiera estatal y actualmente en un restaurante.
A diferencia de la Ley Federal, indica que la Ley de Baja California es menos ambigua y que el Comité de Participación Ciudadana es un área de oportunidad y, pese a estar integrado por 15 personas, son pocas por el trabajo a realizar. Señaló que el área de compras representa la mayor problemática, debido a que la Ley de Adquisiciones es muy ambigua.
Ignacio Calderón Tena-Eduardo Uribe Arredondo-Francisco Javier Ribelin Ibarra
Daniel Aarón Sotelo Heredia. abogado y contador de Playas de Rosarito, considera que la corrupción es un cáncer que se encuentra en todas partes, debido a la falta de cultura de la legalidad, y aplaudió que en la Ley Estatal se integrará a las sindicaturas municipales para trabajar en el SEA. Propone integrar a la Procuraduría de Derechos Humanos, así como el concepto de prepuesto por equidad de género. Fue enfático en la necesidad de realizar auditorías en tiempo real.
Francisco Javier Parral León. Si como tienen planeado, lo nombran por default, será el primer integrante del Comité de Participación Ciudadana. Durante su presentación demostró conocimiento en la Ley federal y local del SEA; calificó como positivo que las recomendaciones del CPC sean vinculantes y que el voto de calidad lo tenga un ciudadano. Para él, es necesaria la creación de un documento rector para poder trabajar, además, se requieren reformas administrativas y sanciones más severas.
Francisco Javier Ribelin Ibarra. También de Tecate, podría ser electo por default y comentó que actualmente es trascendental el combate a la corrupción en México y todo el mundo. Fue presidente del Colegio de Contadores de Baja California y dos veces tesorero municipal y oficial mayor en el Ayuntamiento de Tecate. Expresó la necesidad de elevar las sanciones administrativas con el fin de inhibir el desvío de recursos y se comprometió a fomentar la participación ciudadana.
De los que aspiran a un cargo honorífico:
Eduardo Uribe Arredondo. Fue síndico en la XIX administración municipal de Tecate. Ingeniero de profesión, afirmó que el tema de la transparencia es fundamental, incluso en su periodo como servidor público fue el único que hizo públicos todos sus gastos.
Aunque dijo no conocer la Ley nacional a detalle, recalcó que es necesario desmantelar la corrupción, ya que existen lagunas en temas de investigación y rendición de cuentas. El principal problema lo representan las obras públicas, de ahí la urgencia de reforzar los órganos de fiscalización para combatir la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía.
Lorenza Angélica Bojórquez Chávez. No acudió a la entrevista.
Fernando Cervantes Conde. No acudió a la entrevista.
Ignacio Calderón Tena. Para el ex director del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, su motivación para buscar integrar el CPC fue Constructora Mackro, ya que le pareció indignante que fue la encargada de construir el estacionamiento inservible en el Ayuntamiento de Tijuana y no pasó nada, posteriormente se entera que la misma empresa construyó el Nodo Exprés, el cual se retrasó un año y costó 100 millones de más, además de que se podía observar una estructura mal hecha.
Jorge Antonio Sauceda Esquerra-Omar Marrón Luna-Edgardo Silva
Al revisar la Auditoría Superior de la Federación, se enteró que se habían perdido las fianzas en la construcción del estacionamiento, por lo que no entendía cómo el Gobierno del Estado podía seguir dando obras a esa constructora. Calificó como corrupto a Manuel Guevara (ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado) por seguir contratando a una empresa marcada.
Omar Marrón Luna. Ingeniero en Electrónica, dijo dedicarse al comercio, y, aunque desconoce la Ley Anticorrupción, puede apoyar desde su área de conocimiento. Su motivación fue la corrupción, la cual considera “casi natural”.
Afirmó que los comerciantes de Tijuana día a día tienen que enfrentar los abusos de inspectores que se aprovechan de los reglamentos; mencionó que le gustaría apoyar en la plataforma informática.
Rosa Martínez Esquivel. Abogada y docente, presentó dos ponencias y, ya que participó para el cargo de consejera Técnica y Honorifica, dijo ser propuesta por el Sindicato de Trabajadores de Casinos Caliente.
Trabajó en el servicio público en la Federación y en el municipio de Tijuana, dijo estar a favor de que sean 15 los integrantes del CPC, además de que las recomendaciones y exhortos sean vinculantes.
Jorge Alberto Menchaca Sinencio: Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada, columnista en El Mexicano y ex policía federal de Caminos, socio del también aspirante Omar Marrón Luna.
Según el comunicado del 3 de abril de 2018 del Partido Acción Nacional en Ensenada, Menchaca fue nombrado vocero del candidato presidencial por la coalición “Por México al frente”, Ricardo Anaya; esta condición lo podría dejar fuera del CPC.
Marina del Pilar Olmedo García. Catedrática de la UABC, fue directora general académica por la misma universidad, fue consejera electoral y pertenece al Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali.
Felipe Ruanova Zárate-Rosa Martínez Esquive-Agustín Velázquez Bustamante
Impartió la materia Ética en el ejercicio del Derecho, publicó el libro “Régimen de Responsabilidades del Servidor Público”, en la cuarta edición anexó un nuevo capítulo, “Ética Pública” y es coautora del libro “Combate a la Corrupción”. Aunque no se precisó en la entrevista, es madre de la candidata a diputada federal por Movimiento Regeneración Nacional, Marina del Pilar Ávila Olmedo.
Rubén Esteban Roa Dueñas. Presidente del Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial de Baja California, sus primeras acciones a realizar en el CPC sería un plan de trabajo a partir de un diagnóstico y trabajar en un marco normativo.
Roa asegura que se tiene que trabajar con el Plan Estatal de Desarrollo, entre sus aportaciones como integrante del comité indicó estar capacitado para la evaluación de proyectos de innovación y diseño de indicadores, además de la creación de bases de datos, las cuales ayudan a realizar comparaciones y con ello detectar irregularidades.
Felipe Daniel Ruanova Zárate. En su opinión, el CPC se encuentra fuera de la realidad, ya que BC tiene dos problemas, los delitos y la violencia que se vive día con día. Indicó que antes, en los cambios de administración, los nuevos funcionarios metían a la cárcel a los antecesores que les encontraban irregularidades con el fin de inculcar miedo y evitar más corrupción, sin embargo explicó que esto se terminó cuando llegó el PAN al poder.
Fue militante del PRI por más de 45 años, incluso fue representante por ese partido ante el IEPC en 2012. Fue aspirante a alcalde y a gobernador en dos ocasiones, en 1995 por el Partido del Trabajo, y en 2013 por Movimiento Ciudadano.
Jorge Antonio Sauceda Esquerra. Al ahora ex director jurídico del Poder Judicial le tocó jugar con dos cachuchas, la primera como funcionario, cuando integró las mesas de trabajo para la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, la segunda como miembro de la sociedad civil como abogado de la célula ciudadana 686, Avanza sin Transa y Verificadores de México.
Abogado de profesión, trabajó en la mesa redactora de la Ley, ahora como ciudadano, cree que es necesario impulsar el Servicio Profesional de Carrera y buscar un sistema de protección a funcionarios que denuncien casos de corrupción.
Rubén Roa Dueñas-Christian Armando Vázquez Juárez-Benito Velázquez Hernández
Edgardo Silva Rivera. También fue aspirante a la Comisión de Selección, misma que en ese momento lo evaluaba. Se metió en el tema de la lucha anticorrupción al ser comerciante, pero luego de violarse el Tratado de Libre Comercio, resultó muy afectado.
Posteriormente se organizó en la Célula 686, en la cual lograron abrogar la Ley del Agua aprobada por el Congreso; cabe señalar que “Chito” Silva acudió al domicilio de algunos diputados del PAN con una ratonera para exigirles dar marcha atrás a la Ley. Entre las críticas que ha recibido por Mexicali Resiste, destaca su relación familiar con el vocero del Gobierno del Estado, Raúl Reynoso Nuño, ya que son cuñados.
De entre ese mar de ex funcionarios, ex candidatos, activistas y miembros de partidos, tendrán que seleccionar a quienes en el Sistema Estatal Anticorrupción, combatirán los delitos.
