La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Irma Sandoval Ballesteros, contemplada por el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para encabezar la Secretaría de la Función Pública; mencionó que de llegar a ocupar el cargo, trabajará en cerrar los expedientes “más impactantes” que durante la administración de Enrique Peña Nieto se han abierto por motivos de malos manejos, y que a partir de ello, emprendería “investigaciones de todo lo demás”.
La académica refirió a ZOOM POLÍTICO que no pretende apelar a la “lógica de la simulación”, en el sentido de llegar a “cortar cabezas de trabajadores burócratas que se han visto inmersos en casos de corrupción”; mientras que los altos funcionarios señalados de irregularidades, quedan al margen de ser investigados, tal como ocurrió con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien presuntamente recibió sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht en aras de que ésta obtuviera contratos para desarrollar proyectos en México.
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Hay que “barrer la escalera de arriba abajo”, consideró la entrevistada, en la misma tónica que López Obrador, quien reiteradamente ha recurrido a esa frase para explicar su propuesta de combate a la corrupción. Ya lo “dice Andrés Manuel”, manifestó a propósito Sandoval. Sobre “los grandes escándalos que necesitan ser definidos y cerrados”, estimó que resulta prioritario “todo lo que es la Estafa Maestra, todo lo que es Odebrecht, todo lo que tiene que ver con la Reforma Energética”.
Tanto por el caso de la empresa brasileña, como por el de la red de desfalco operada desde distintas dependencias de gobierno (periodísticamente denominado la Estafa Maestra), se abrieron averiguaciones en la PGR, las cuales no fueron repercusivas para los titulares de las instancias implicadas. En cuanto a la Reforma Energética, Sandoval Ballesteros propuso: “hay que revisar todas las asignaciones, los 11 contratos ya asignados por vía de licitaciones, las rondas ya amañadas”.
Quien podría quedar como encargada del organismo que vigila el ejercicio público del gobierno, no solo refirió asuntos que políticamente salpican al Partido Revolucionario Institucional, cuyas siglas son emblemáticas de la administración en curso. También sugirió que por cuestiones de abuso de poder, el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, pudiera ser objeto de indagación. “Todo lo relativo a su rol como presidente de la Cámara de Diputados, a su rol como representante popular, va a ser revisado”, asumió y de paso aclaró: “Sus malversaciones que tengan una cuestión privada, eso ya no nos atañe”.
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La politóloga mexicana, que recientemente presentó un decálogo de propuestas para la SFP en el Centro Cultural Tijuana, indicó que los proyectos de desalinizadoras aprobados durante el gobierno estatal de Francisco Vega de Lamadrid, también se someterían a revisión. “Vamos a estudiar con mucha pulcritud, la asignación de estos contratos; defender al 100% todo el asunto del agua”, máxime cuando es de suponer “que estas plantas desalinizadoras están vinculadas a proyectos de despojo de los recursos naturales”, sostuvo.
