Colectivos de la lucha por el agua enfrentan un nuevo obstáculo para conocer la documentación relacionada con las plantas desaladoras de Baja California. Y es que, según el abogado Fernando Rosales, tras ganar un juicio ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) para desclasificar la información, se impuso una cuota de un millón 015 mil pesos para la obtención de copias certificadas que pretenden utilizar para robustecer la denuncia contra el gobernador y sus funcionarios por corrupción, tráfico de influencias, abuso de autoridad, entre otros
La polémica por las desaladoras continúa.
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Ahora colectivos en defensa del agua denunciaron un nuevo obstáculo para conocer los estudios relacionados con la viabilidad de dicho proyecto de Asociación Público Privada (APP) que pretende instalarse en el municipio de Rosarito.
La queja corrió por cuenta del catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Fernando Rosales, quien desde octubre de 2017 emprendió una batalla legal a través de los órganos de transparencia para acceder a la documentación en poder del Congreso del Estado.
Cuando todo parecía ganado, le informaron que para acceder a ello es necesario el pago anticipado de un millón 015 mil pesos por concepto de copias certificadas, acción que para el abogado, diputados y el propio presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), Octavio Sandoval, es un acto que atenta contra la transparencia.
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No es el primer caso en que el costo de reproducción de un documento alcanza precios estratosféricos -generalmente es en temas polémicos-, por lo que el ITAIP ya trabaja en una serie de recomendaciones para que el Poder Legislativo realice adecuaciones a la Ley para que el tema económico no sea un factor para no tener acceso a la información.
ES UNA ESTRATEGIA PARA NO DARNOS INFORMACIÓN: ROSALES
“Es una transparencia para ricos”, comentó de forma irónica el presidente del Colegio de Abogados en Ejercicio Libre del Derecho, Fernando Rosales, sobre el precio a pagar por las 8 mil 343 hojas que conforman la justificación del proyecto de APP que contempla la construcción de las plantas desaladoras de la empresa Aguas de Rosarito, comprometiendo el pago de 82 mil millones de pesos en un periodo de 37 años.
El 6 de octubre de 2017, representantes de colectivos por la lucha del agua realizaron una solicitud de transparencia para obtener copias certificadas sobre los proyectos de desaladoras en BC. Pasaron varias semanas hasta que el Congreso del Estado respondió al ciudadano que dicha documentación tenía carácter de “reservada”, debido a que -según ellos- aún se encontraba en análisis.
A los días la resolución se impugnó, argumentando que se trata de documentos públicos, máxime porque se solicitaron datos sobre un endeudamiento. Tras semanas de análisis, el ITAIP da la razón al recurrente y notificó a las partes el 15 de mayo de 2018, cuando se ordenó la desclasificación inmediata de dicha información.
Octavio Sandoval López, Presidente del ITAIP.
Pasaron 15 días para que Fernando Rosales recibiera la notificación para realizar el pago en las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado, a cambio de las copias solicitadas.
Resultó una gran sorpresa para el abogado que la cajera estableció el monto de un millón 015 mil pesos para tener acceso a dicha documentación, indicándole que tendría un plazo de 30 días para cubrirlo.
Rosales solicitó un recibo de pago, pero le fue negado con el argumento que tendría que cubrir el costo para poder entregarlo, por lo que acudió al Congreso del Estado para solicitar una explicación.
La respuesta fue clara: para obtener copias certificadas es necesario cubrir el pago de 120 pesos por hoja, lo que está contemplado en la Ley de Ingresos de Gobierno del Estado. La funcionaria de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, Yabneth Leyva Flores, le comentó que podrían darle en un disco la copia simple del documento. Sin embargo, Rosales respondió que su intención es anexar dichos documentos a la denuncia interpuesta contra el gobernador Francisco Vega de Lamadrid; el exsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Manuel Guevara Morales; el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, entre otros funcionarios de primer nivel.
Según Rosales, las copias simples pueden ser fácilmente desacreditadas durante un juicio, por lo que requería forzosamente la certificación. Agregó que tenía conocimiento que pagaría una cantidad importante, pero jamás pensó que llegaría a tal grado, ni que se le daría un plazo de 30 días para cubrir el pago, o, de lo contrario, se suspendería el proceso.
Ante ello, el abogado emitió un oficio al Ministerio Público para que solicite la documentación y absorba los gastos del mismo, pero no ha recibido respuesta.
A través del vocero Moisés Uribe, en el Poder Ejecutivo informaron que el monto se fijó con base a la Ley de Ingresos vigente del Gobierno del Estado, la cual señala el cobro por hoja de una copia certificada. Acorde con el funcionario, el cobro se realizó apegado a Derecho y agregó que una copia simple tendría un valor de un peso más otro monto derivado del apoyo educativo.
Las más de 8 mil hojas comprenden los requisitos establecidos en el Artículo 13 de la Ley de APP, para justificar la necesidad de un proyecto de este tipo. En caso de no cumplirse alguno de ellos, no puede ponerse en marcha.
En concreto son los siguientes:
* Descripción técnica y la viabilidad del mismo
* Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para desarrollar el proyecto
* Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso resulten necesarias
* La viabilidad jurídica del proyecto
* El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, las afectaciones en las áreas naturales o zonas protegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto
* La rentabilidad social del proyecto
* Las estimaciones de inversión y aportaciones en numerario y en especie, tanto estatales y de particulares
* Que el proyecto considere que en igualdad de condiciones se preferirá como proveedores o socios para el proyecto a los fabricantes y distribuidores regionales de productos o mercancías regionales sobre aquellos que no lo sean
* Viabilidad económica y financiera del proyecto
* La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de APP, en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones.
Rosales afirma que el colectivo está conformado por 15 personas, entre contadores, economistas, ambientalistas y otros profesionales que revisarán cada punto para establecer la viabilidad del mismo, ya que los diputados no tuvieron tiempo para evaluar una serie de documentos tan elaborados como este.
ALTOS COSTOS ATENTAN CONTRA LA TRANSPARENCIA
El presidente del ITAIP, Octavio Sandoval López, comentó que no es la primera vez que se solicita una información y los precios de reproducción alcanzan cifras estratosféricas que un ciudadano común no puede pagar.
Antes de este caso, se han recibido cuotas hasta de 100 mil pesos por copias sobre un tema. Si bien cada quien decide cómo desea obtener la información, el ITAIP recomienda que sea de manera digital, para así no generar costos extra.
Fernando Rosales, abogado.
“En el caso de la copia no está pensada para el tema de transparencia, regularmente pide una dos o tres hojas, no está pensada para una certificación para un expediente de 10 mil copias; por eso la importancia de modificar la Ley para un tema de transparencia, porque si le aplicamos la Ley a secas, respecto al costo de digitalización o de certificación se vuelve inaccesible”, expuso.
Agregó que están trabajando en cuatro propuestas para la Ley de Transparencia, dos de ellas influirían directamente en este tema. La primera es que cuando se pida información certificada, se cobre por solicitud, no por hoja, que la volvería más accesible al ciudadano.
“La transparencia debe ir ligada a la economía”, afirmó el presidente del ITAIP.
La segunda es que cuando un ciudadano solicité algún expediente o documento sospechando que existe un acto de corrupción, esta sea gratis, a efecto de abonar herramientas para el Sistema Estatal Anticorrupción.
Para Sandoval López, la tarea del órgano garante es servir como contrapeso en favor del ciudadano, pues el gobierno cuenta con abogados, contadores, economistas, asesores de todo tipo, mientras que el ciudadano está solo, por lo que se le debe brindar apoyo para obtener la información que considere necesaria.
DIPUTADOS RECLAMAN FALTA DE TRANSPARENCIA
Los diputados Luis Moreno y Jorge Núñez, de Transformemos y del Partido Estatal de Baja California, reclamaron la opacidad con que se ha tratado el tema, al grado que siguen sin tener acceso a los estudios de viabilidad técnica, económica, social, jurídica y ambiental de los proyectos de desaladoras, pese a que lo han solicitado en reiteradas ocasiones.
Ante la negativa, los diputados Moreno y Catalino Zavala, ya se unieron a la denuncia interpuesta por los colectivos en favor del agua, y rindieron su declaración ante el Ministerio Público sobre la aprobación del Dictamen 62 convertido en Decreto 57; Núñez podría unirse en próximos días y Víctor Morán no ha emitido posicionamiento.
Luis Moreno reclama que este tipo de conductas le da la razón a los grupos sociales que exigen rendición de cuentas a un Estado que ha sido opaco la mayor parte del tiempo, no solo en el tema de las desaladoras, sino en los próximos proyectos de APP que pretenden enviar al Poder Legislativo apenas termine el proceso electoral federal del 1 de julio.
En su opinión, este tipo de candados -como el precio excesivo- son planeados y no cuestiones fortuitas, pues así simulan avances en materia de transparencia, pero a la vez establecen impedimentos para que la ciudadanía no se entere de lo que ocurre en temas sensibles.
Por su parte, el diputado Jorge Núñez envió tres oficios a los poderes Ejecutivo y Legislativo para exigir información de las desaladoras, pero a la fecha no han llegado, lo que genera una sospecha ante los manejos de la obra.
“Siempre que un gobierno esconde información indica que hubo cierto dolo, esto no abona al proceso democrático por el que tanto hemos luchado”, condenó.
Por ello que mantienen la lucha legal a través de un recurso interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde pretenden que se anule la sesión en la que se realizó la aprobación del mega-endeudamiento.
En días pasados, Núñez acudió a la SCJN para saber en qué etapa procesal se encuentra, pero aún están haciéndose las pruebas con que realizarán la evaluación.
Ambos diputados pidieron al ITAIP acelerar las propuestas arriba mencionadas, pues en próximos días podrían venir nuevos proyectos y es necesario tener la mayor cantidad de herramientas posibles para evitar actos de corrupción.
