El “problema invisibilizado” que refieren activistas en favor de los derechos de la mujer, ha cobrado ya más de 10 mil víctimas de delitos sexuales –la mayoría féminas- de 2014 a la fecha, según las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), lo que para Rebeca Maltos deja claro una falla en la política pública de la entidad. Para solucionar este problema, diputados propusieron un registro de agresores sexuales, además de endurecer las penas contra este tipo de agresores, pero la iniciativa lleva ya 14 meses “congelada”
De 2014 a la fecha, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recibió 10 mil 257 denuncias relacionadas con agresiones sexuales -violaciones, abuso, acoso, hostigamiento, entre otros- de cualquier índole, siendo mujeres y niñas, las principales víctimas de criminales.
Año tras año la entidad se ha mantenido entre las primeras seis en la comisión de esos delitos, compitiendo con Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Chihuahua.
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El caso del pequeño Isaú Alexander, de 9 años de edad, encendió las alarmas por unos días en Mexicali, pero la problemática con los delitos sexuales está mucho más allá de un caso que consternó a la entidad; se trata de una conducta repetida y generalizada, de un “problema invisibilizado”, según declaró la presidenta de la agrupación Gente Diversa, Rebeca Maltos, quien considera existen severos errores en la política pública para garantizar comunidades libres de este tipo de agresiones.
En abril de 2017, el diputado Bernardo Padilla presentó una iniciativa que pretende endurecer las penas contra este tipo de victimarios, otorgándoles hasta a 50 años de prisión en ciertas condiciones, además de crear un Registro Estatal de Agresores Sexuales, cuyo objetivo sería que la sociedad tenga en sus manos una herramienta sencilla para identificar a los criminales sentenciados por este tipo de actos y así tomar precauciones. La propuesta lleva 14 meses “congelada” en comisiones.
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Luis Alberto Aguirre Castellanos, es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
DESCONOCEN PROBLEMA Y OCULTAN CIFRAS
Para la activista Rebeca Maltos, el Estado no cuenta con políticas públicas con perspectiva de género y por ello cualquier acción para reducir las agresiones contra la mujer será poco efectiva.
La presidenta de Gente Diversa, agregó que falta gran cantidad de información referente al tema, pues no hay investigaciones que ayuden a comprender los problemas sociales a través de una perspectiva de género y ni siquiera las conocen en el gobierno.
Ejemplo de ello es que las cifras expuestas en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) resultan engañosas. En el apartado de agresiones sexuales, específicamente en el de violación, deja fuera las que se cometen contra menores, es decir, contabiliza solamente las denuncias de mujeres y hombres adultos, rezagando a “otros delitos sexuales” cualquier otro crimen de esta índole, incluso los que se cometen contra menores.
Esto resulta oportuno para las autoridades, máxime porque no hay registro sobre víctimas menores. Dicho movimiento quedó al descubierto debido a que este año el Gobierno Federal obligó a definir los ataques de esta índole de manera detallada, por lo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) exige especificar cuándo es una violación simple o una equiparada.
El Código Penal de Baja California establece como violación equiparada “al que tenga cópula con persona menor de catorce años de edad o que por cualquier causa no esté en posibilidad de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa; se le impondrá de doce a veintidós años de prisión y hasta quinientos días multa”.
A diferencia de su apartado, el SNSP establece la cifra de violaciones contra personas mayores de edad y agrega las que son en agravio de menores, robusteciendo los números de manera importante.
Para ejemplificar, los datos de la SSPE indican que en 2017 se denunciaron 667 violaciones, pero el SNSP reconoce el mismo dato en la entidad y contabiliza otros 349 contra menores de 14 años.
Si se cuentan todas las variantes, se superan las 10 mil denuncias durante la actual administración estatal, teniendo un promedio de 2 mil 400 casos nuevos por año y con su principal foco de alerta en Tijuana.
En este periodo, las violaciones consumadas en agravio de adultos llegarían a 2 mil 796, mientras que las de menores, se habrían registrado otros mil 229 de enero de 2015 –último año disponible- a la fecha, teniendo un promedio de alrededor de 350 casos al año. En otras palabras, el promedio es prácticamente de un infante al día.
Para empeorar el panorama, Maltos afirma que la cifra negra es muy alta. De hecho, psicólogos consultados por ZETA que ejercen en centros de salud estiman que podría hablarse de que uno de cada nueve casos llega ante el Ministerio Público.
Por su parte, la procuradora de la Defensa del Menor, Consuelo Luna Pineda, comentó que las cifras de atenciones se han mantenido en los últimos años, con pequeños incrementos o descensos. Abundó que solo en 2018 se han contabilizado 800 atenciones, de las cuales entre el 10 y 15 por ciento serían de índole sexual.
La dependencia ha intervenido en por lo menos 80 ocasiones para atender a menores víctimas de abuso sexual, siendo este el tercer lugar en incidencias.
SE LOS DIJE: PADILLA; VAN POR REGISTRO DE AGRESORES SEXUALES
En abril de 2017, el diputado priista Bernardo Padilla presentó una iniciativa relacionada con el endurecimiento de las penas a agresores sexuales, sobre todo de niños, además de la creación de un Registro Estatal de Agresores Sexuales.
“Se los dije”, comentó en referencia al caso de Isaú Alexander, el cual pudo evitarse si se contara con una herramienta que advirtiera que el vecino era un agresor sexual sentenciado.
Aunque no logró definir criterios de cómo funcionaría ni de su reglamentación, afirmó que la SSPE sería la responsable de formular este padrón y mantenerlo en internet, el cual pudiera ser consultado por cualquier ciudadano a cualquier hora, donde se describa a la persona físicamente, la agresión que cometió, su status legal, su domicilio y hasta una fotografía.
Ejemplificó que California cuenta con un sistema similar donde a través de una plataforma de internet se puede determinar si en una colonia reside algún agresor sexual sentenciado que haya purgado su condena o lleve su proceso de reinserción en libertad.
Agregó que si el señalado decide cambiar de residencia, es su obligación notificarlo a la SSPE, o de lo contrario se haría acreedor a una sanción de seis meses a dos años de prisión.
Sobre una posible controversia que atentaría contra los derechos de las personas a reinsertarse a la sociedad y de la protección de sus datos personales, afirmó que estaría en análisis y se trabajaría para no violentar el derecho de nadie.
Por su parte, Rebeca Maltos se dijo a favor de esta medida y señaló que por encima de cualquier derecho se encuentra el bienestar del menor, por lo que ante una controversia podría salir adelante sin ningún problema.
“Es necesario que se exhiba a estas personas”, comentó Maltos, para quien existe demasiada impunidad en este tema por desconocimiento y desinterés.
Actualmente existe una herramienta para medir los casos de violencia hacia la mujer a través del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra la Mujer (BANAVIM), cuya función es reconocer las agresiones que existen en el país.
El BANAVIM no ha sido implementado en Baja California de manera directa, pues aparentemente necesitan adquirir un software cuyo costo alcanza los 100 mil pesos, pero que podría servir para cargar información sobre agresiones sexuales en cada región del país.
Además de ello, se contempla el endurecimiento de las penas, que van de 15 a 30 años en caso de violación impropia, e incluso de 30 a 50 años cuando se comete contra menores de edad.
Sobre un posible padrón de agresores, Luna Pineda no emitió comentarios, ya que el Congreso no ha solicitado alguna opinión y desconocen los pormenores de la iniciativa. Sin embargo, aseveró que cuando ellos se encargan de atender casos de índole sexual, es poco probable que se permita que la víctima vuelva al sitio donde se encuentra su agresor, pues este quedaría en riesgo.
Si después de un juicio emprendido por el familiar el juez lo determina, podría ocurrir, pero su recomendación en condiciones generales, es que el infante no vuelva a vivir con el familiar que lo agredió.
Y es que los casos de índole sexual son especialmente delicados, pero algunas personas han buscado sostener nuevamente convivencia con las víctimas, lo que podría aceptarse dependiendo de una serie de factores, como la decisión del menor, quien es la prioridad en estos casos.
LUIS GANÓ LA CONFIANZA DE ISAÚ ALEXANDER CON REGALOS
Luis Aguirre Castellanos, presunto agresor sexual del pequeño Isaú Alexander, ya sabía lo que es carearse ante un juez. En 2005 fue sentado en el banquillo de los acusados y sentenciado a pasar los próximos 16 años de su vida en cautiverio, pena que no concluyó debido a su buen comportamiento y a las medidas alternativas para cumplir la sanción.
Su libertad llegó en diciembre de 2016 y, para el primer trimestre de 2018, ya residía en una vivienda marcada con el número 2080 de la calle Valle Verde, de la colonia Baja California, justo frente al hogar de Isaú Alexander. Le fue rentada por un conocido apodado “Don Robert”, quien conocía a “El Poblano” desde hace muchos años, pero le había perdido la huella; no sabía que estaba en prisión.
Accesible por ser conocido, le permitió instalar su negocio de desmantelamiento de autos en dicho sitio, pues a través de este oficio le pagaría el alquiler.
Según la declaración de la fiscal Luz Adriana Huerta, el pequeño Isaú fue atraído a la casa de su agresor con la promesa de un empleo sencillo. Se ganó la confianza de su madre en poco tiempo y esta le permitió laborar con él; la señora Amalia Sánchez confiaba en que desde su casa, se observaban las labores del menor.
Al pasar de las semanas, el menor le tomó aprecio a “Luis Alvarado”, nombre que utilizó para presentarse ante la familia, pues le brindaba regalos y dulces, además de pagarle 100 pesos diarios por ejercer sus labores.
El 11 de mayo de ese año, fue la primera vez que el presunto depredador sexual realizó su ataque. Según el testimonio facilitado por la fiscalía, el infante llegó de la escuela para pasar el día con Luis Alberto; vieron televisión y conversaron.
Más tarde lo invitó a pasar al cuarto donde posteriormente le quitó las prendas inferiores y lo violó. El pequeño identificó plenamente la agresión, misma que volvió a ocurrir el 27 de mayo, dos días antes de su cumpleaños número nuevo, donde nuevamente lo trasladó a su habitación para cometer actos lascivos.
Ambos hechos ocurrieron dos semanas antes de la sustracción, pero el menor no lo denunció porque identificó a Luis como su amigo, el cual se portaba bien y le prometía regalos.
El día del rapto, el niño caminaba hacia la tienda y su presunto verdugo lo interceptó. Le dijo que lo acompañara a recoger un vehículo, pero antes lo invitó a abordar la unidad para comprarle unos tacos a él y a su familia.
A las ocho de la mañana entregó la comida a su familia y para las diez emprendieron el viaje. En su declaración, el niño aseguró que el criminal llevaba sus pertenencias y hasta a su perro, por lo que le preguntó si irían lejos. El presunto agresor le comentó que irían a otra ciudad y pese a las súplicas del pequeño, no logró convencerlo.
Luego de múltiples llamadas para calmar los ánimos de la madre de Isaú, el hombre finalmente apagó el teléfono y dejó de comunicarse. El niño permaneció con su captor durante varios días en Tijuana, hasta que el 14 de junio fue rescatado por policías ministeriales del Grupo Antisecuestros.
El día de la detención, el pequeño llamó por teléfono a la madre para decirle que si quería verlo de nuevo tendría que retirar los carteles en redes sociales, pero esta se negó y pidió hablar con Luis, pero solo recibió el intermitente ruido de la línea telefónica.
El testimonio del propietario del inmueble hizo razonar a los presentes, pues afirmó que con frecuencia Isaú Alexander era visto en la casa de Luis a las nueve o diez de la noche y en reiteradas ocasiones le dijo que regresara a su casa, pues era muy pequeño para convivir con adultos a esa hora. Lamentablemente nadie lo escuchó.
Los testimonios de la madre de Isaú Alexander y de “Don Robert”, además de los exámenes médicos y psicológicos que en primera instancia confirmaron agresión sexual, fueron suficientes para otorgar la vinculación a proceso del acusado, el cual permanecerá tres meses en prisión hasta que se reanude el juicio.
