Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal de Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, tiene una orden de aprehensión desde el pasado 11 de mayo, solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE), por su presunta participación en la desaparición forzada de al menos 13 personas, por lo que ofrecieron 5 millones de pesos como recompensa por su captura, según lo informó el Gobierno estatal este domingo.
Tanto a María del Rosario Zamora González, alias “La Chacala”, exdirectora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía de Veracruz, como al ex fiscal se les acusa de apoyar a personal para ocultar y alterar el hallazgo de 19 cuerpos, de los cuales 13 fueron presuntamente desaparecidos por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el pasado 19 de enero de 2016.
“En la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de su comisión eludieran la acción de la justicia. La Fiscalía General del Estado cuenta con datos de prueba contundentes que acreditan que Luis Ángel Bravo ordenó a personal, bajo su mando, ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos. Mismos que fueron localizados en el lugar conocido como La Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz”, informó el mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, durante una rueda de prensa del Grupo de Coordinación Veracruz.
De 19 personas localizadas en La Barranca de la Aurora, se dio la instrucción oficial de únicamente reportar a seis, según las investigaciones ministeriales. Mientras que, de las 13 víctimas que no se reportaron, sólo se ha podido lograr la identificación del ex policía David Lara Cruz, cuyo cuerpo fue llevado al municipio de Alto Lucero, para simular que ahí fue hallado.
Lara Cruz era policía y desapareció el 12 de enero de 2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cuando salía del Centro de Evaluación, Control y Confianza.
Aunado a las imputaciones contra el ex fiscal y la ex directora de de Investigaciones Ministeriales, el pasado 3 de abril, la Fiscalía de Veracruz informó el arresto de otros dos exfuncionarios de seguridad, por su presunta vinculación en el mismo caso: el exdirector general de Servicios Periciales, Gilberto “N”, y la exdelegada regional de la Policía Ministerial Zona Centro Xalapa, Carlota “N”. Asimismo, están acusados y sometidos a procesos por el mismo delito, el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermudez Zurita, y al menos 16 policías estatales más.
Bravo Contreras estuvo al frente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). Luego, el 26 de febrero de 2014, asumió el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, y el 30 de enero de 2015 el Congreso de Veracruz lo nombró como Fiscal General del Estado. Sin embargo, renunció a la llegada del nuevo Gobierno en diciembre del 2016, y lo sucedió Jorge Winckler Ortiz.
