Napoleón Gómez Urrutia y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) -del cual es secretario general desde el 2002-, fueron condenados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) a regresar 54 millones de dólares para repartirlos entre sus agremiados. Esto a tan solo 52 días de la elección y con la candidatura al Senado del dirigente minero de 74 años de edad en litigio.
La JFCA resolvió favorablemente, por segunda vez, demandas presentadas en 2006 por aproximadamente siete mil 500 trabajadores, los cuales alegan que el Sindicato minero no les entregó los recursos que habían sido depositados para su beneficio por la empresa Grupo México a través de un fideicomiso, en 2005, caso que provocó acusaciones penales y por las cuales Gómez Urrutia fue absuelto.
El caso se remonta a 1990, cuando Grupo México compró Mexicana de Cananea, empresa que estaba en suspensión de pagos, por lo que se comprometió a darle al Sindicato minero una participación accionaria de 5 por ciento. La Junta ya había dictado un laudo similar a finales de 2012, que la organización sindical impugnó mediante un amparo ante un Tribunal Colegiado en materia laboral, que ordenó a la JFCA reponer fallas de procedimiento, lo que tomó más de cinco años.
“Se condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana a hacer efectivo en favor de los actores el derecho a beneficiarse de la distribución proporcional y equitativa de la cantidad de 54 millones 84 mil 470 dólares, que el extinto fideicomiso 10964526 entregó al sindicato el 3 de marzo de 2005”, se lee en el laudo notificado ayer miércoles por la Junta Especial Número Diez de la JFCA.
Al no haberse probado los pagos del Sindicato a los trabajadores, la JFCA agregó que era obligación de la organización sindical repartir el dinero entre sus agremiados, 54 millones 84 mil 470 dólares que en el 2005 representaban 600 millones 770 mil 293 pesos, y que con el tipo de cambio actual equivalen a mil 58 millones 784 mil 627 pesos, es decir, 76 por ciento más.
El fallo menciona a unos 300 trabajadores del Sindicato minero a los que se les deberá repartir el dinero, además de liquidar a los afiliados de la Sección 65 de la organización sindical que en el año 1990 laboraban en la mina de Cananea y así lograr una repartición equitativa.
El dirigente minero se auto exilió en el año 2006, en Vancouver, Canadá, año en que ocurrió una explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, que dejó 65 trabajadores muertos. En la actualidad Gómez Urrutia aspira a un escaño como senador plurinominal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Ello a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene pendiente resolver si la “renuncia” que presentó el dirigente minero a su ciudadanía canadiense -que obtuvo en agosto del 2014, después de ocho años de vivir en ese país-, es elemento suficiente para considerar que dejó de tener doble nacionalidad, condición necesaria para ocupar un escaño en el Senado mexicano.
A través de un comunicado, la Unión Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos aseguraron que la JFCA hizo justicia y destacó que el laudo “llega justo en el momento en que Napoleón Gómez Urrutia, siendo ciudadano canadiense, busca un escaño en el Senado de la República, no para servir a México, sino pretendiendo asegurar impunidad mediante el fuero”.
Los trabajadores expresaron su reconocimiento a la JFCA “por la conducción cuidadosa y puntual de un proceso legal que se vio enfrentado a múltiples trampas procesales e intentos de retraso orquestados por el Sindicato Minero” y porque, según ellos, “El dictado de este laudo implica una victoria legal, económica y moral de nuestros compañeros Mineros”.
