El Gobierno de Veracruz, bajo el mando de Javier Duarte de Ochoa, entregó más de 3 mil 617 millones de pesos a una red de 400 compañías, de las que formaba parte una empresa que otorgó 15 millones de pesos en financiamiento ilegal al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la campaña presidencial del 2012, según lo demuestra un reportaje de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicado este jueves en el portal Animal Político.
El reportaje indica que antes de la elección presidencial del 2012, el Gobierno de Duarte de Ochoa otorgó 643 millones de pesos a 19 empresas fantasma cuyos propietarios, accionistas y representantes legales, entre ellos el contador Victor Manuel López Gachuz, estarían detrás de ASISMEX.
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Esta es una empresa que financió ilegalmente al PRI ese mismo año, y que fue creada en Veracruz cuatro días antes del inicio de la administración estatal de Javier Duarte, en diciembre de 2010. Dicha compañía registró movimientos por al menos mil 393 millones de pesos durante el proceso electoral del 2012.
MCCI y Animal Político recordaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) reveló, en enero de 2017, que descubrió un mecanismo de financiamiento en la campaña presidencial de 2012, principalmente en Veracruz, ya que según el organismo, al menos 15 millones de pesos fueron a parar al PRI.
Alegando secreto bancario, y dado que solicitó tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que se investigue el caso, el organismo electoral no dio a conocer a la opinión pública los documentos que prueban cómo se hicieron dichas transacciones.
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El INE tampoco ha podido explicar de dónde proviene el total de esos recursos. Sólo ha dicho que la trama incluye a 11 compañías y tres personas físicas que, a su vez, realizaron operaciones con ASISMEX.
Según la investigación periodística, ASISMEX forma parte de una red que involucra a 400 empresas creadas en la oficina de López Gachuz -un contador público que no ha sido llamado a rendir cuentas por la justicia-, con las que se desviaron recursos públicos durante la administración de Javier Duarte -del 2010 al 2016-, grupo de compañías, de las cuales 57 recibieron recursos por 3 mil 617 millones de pesos.
El PRI nunca reportó ese ingreso e incluso ha negado que exista relación entre ellos y ASISMEX. Por eso el INE multó a los priistas con poco más de 30 millones de pesos, y el caso está pendiente de resolución en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde fue impugnado.
El INE identificó que ASISMEX también gastó otros 3 millones de pesos en dichos comicios, que sirvieron para pagar a representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (PANAL), aunque en este caso, fue para que el día de las elecciones no acudieran a las casillas que les correspondían.
Animal Político y MCCI recordaron, también, que Javier Duarte dejó el cargo el 12 de octubre de 2016, 48 días antes de finalizar su mandato, supuestamente para hacer frente a las acusaciones de corrupción en su contra. Sin embargo, se convirtió en prófugo de la justicia cuando un juez dictó una orden de captura en su contra y ese mismo mes fue expulsado del PRI.
El exgobernador es acusado por la PGR de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculadas a un supuesto esquema de compra de propiedades a través de prestanombres y con recursos estatales y federales. Actualmente, está encarcelado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
CÓMPLICES DE JAVIER DUARTE
El reportaje indica que para que el millonario desvío tuviera éxito, Javier Duarte contó con la complicidad del actual diputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdalá, quien ocupó dos diferentes cargos en su administración. Pero siendo director de administración del DIF de Veracruz -del 2010 al 2012-, autorizó los primeros pagos a la red López Gachuz de empresas fantasma en 2011.
Por estos pagos iniciales un juez del estado de Veracruz giró, el pasado 25 de mayo, una orden de aprehensión en contra de Karime Macías Tubilla, expresidenta del DIF Estatal y esposa de Javier Duarte. La Fiscalía veracruzana sostiene que ella coordinó con Tarek Abdalá los pagos a las empresas de la red López Gachuz.
En febrero de 2012, cuatro meses antes de la elección federal, Tarek Abdalá dejó el DIF para convertirse en tesorero de la Secretaría de Finanzas estatal y con ello los pagos a las empresas fantasma se multiplicaron. Una serie de estos pagos se hicieron en semanas previas a la elección y sin contratos de por medio, recordó el reportaje.
Tarek Abdalá, como cabeza financiera del DIF, firmó 23 de 36 contratos otorgados a la red, pero ya como encargado de las finanzas a nivel estatal les entregó pagos anticipados antes y después de las elecciones de 2012. Hace un año, la Fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero del diputado priista, pero este proceso fue detenido gracias al voto de la fracción parlamentaria del PRI, recordó el reportaje.
