Sirak Anwar Ramírez Ferrer, abogado litigante quien fue empleado de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tijuana durante tres años y auxiliar del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por tres meses, fue imputado junto con Zozy Abad Hernández Escalante, Leonel Guadalupe Sánchez Nieblas y José Adrián Sánchez Nieblas, por el delito de secuestro agravado en contra de un empresario local, quien fue rescatado el pasado 23 de mayo en un operativo de la Unidad de Atención al Delito de Secuestro de la PGJE.
En la audiencia de control, el juez Daniel Aguilar Patiño consideró legal la detención de los cuatro señalados, por lo que fueron imputados y se estableció mantenerlos en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.
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De acuerdo con la fiscalía, el pasado 18 de mayo, la víctima, identificado con las iniciales VJZ, fue interceptado por sujetos en dos camionetas Dodge Ram blanca y una Ford F150, ambas con estrobos, simulando ser patrullas, cuando conducía su vehículo en la rampa Valle Sur, de la colonia del mismo nombre, sobre el libramiento de la ciudad.
Los hombres armados le informaron a la víctima que era sujeto de una investigación, por lo que lo obligaron a subir a uno de los vehículos, con el supuesto objetivo de llevarlo a unas oficinas a interrogarlo.
VJZ fue trasladado a una casa de seguridad en la calle Progreso 7704, de la colonia Zermeño, en donde los captores le preguntaron “cuál era su clave para lavar dinero” y como la víctima dijo desconocer a qué se referían, fue golpeado en repetidas ocasiones.
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Los presuntos secuestradores se comunicaron desde varios números telefónicos con familiares de la víctima, a quienes les dieron varias pruebas de vida y les exigieron 500 mil dólares por su rescate.
El 22 de mayo, la policía ministerial identificó que el aparato de teléfono desde donde se hacían las llamadas estaba registrado a nombre de Sirak Anwar Ramírez Ferrer, por lo que al día siguiente se montó un operativo de búsqueda en su domicilio en el Fraccionamiento Cortés. Alrededor de mediodía, el hoy imputado salió de la vivienda y abordó un vehículo modelo Malibú y se dirigió al estacionamiento de Calimax Fiesta, donde se encontró con José Adrián Sánchez Nieblas y Zozy Abad Hernández
Escalante, para abordar un vehículo tipo sedán marca Nissan y dirigirse a la casa de seguridad, hasta donde los siguieron los agentes.
Salieron, regresaron al estacionamiento del supermercado y cambiaron nuevamente de vehículo, antes de dirigirse a la Plaza Mundo Divertido. Ahí, en una caseta telefónica, los presuntos secuestradores colocaron una tarjeta bancaria, a modo de señal para que los familiares dejaran el dinero del rescate, que finalmente se acordó en un millón de pesos, y llamaron a éstos para darle las indicaciones para la entrega.
Al regresar nuevamente al estacionamiento del supermercado, los agentes de la unidad antisecuestro los aprehendieron. El Informe Policial Homologado señala que de manera espontánea, José Adrián dijo que ya sabía por qué los detenían, “que no quería problemas”, y les dió detalles de la ubicación de la víctima y sus custodios, quienes tenían orden de disparar a matar.
Con ese antecedente, otro grupo de agentes ingresó a la casa de seguridad en donde encontró a Leonel Guadalupe Sánchez Nieblas y a un menor identificado como Edwin Enrique, quienes custodiaban a la víctima y a quienes les aseguraron un arma R15. En la inspección, observaron otra arma con las mismas características y las dos camionetas que simulaban ser patrullas en las que fue levantado VJZ.
En una de las habitaciones, encontraron a un hombre con los ojos vendados y grilletes en las manos, quien se identificó como la víctima a quien buscaban, por lo que fue asegurado, mientras que los cuatro adultos detenidos fueron fueron puestos a disposición del Ministerio Público y el menor fue enviado al Centro de Atención para Adolescentes.
Entre los indicios identificados en la vivienda, se encuentran dos camisas con la leyenda “PGJE” y tras las primeras investigaciones se descubrió que Ramírez Ferrer habría sido auxiliar del Ministerio Público en dicha dependencia y había trabajado por tres años también en la PGR en Tijuana.
Tras la imputación las fiscalía solicitó la vinculación a proceso, pero los acusados pidieron al juez el periodo de 144 horas reglamentario para definir su situación jurídica, por lo que se estableció la audiencia para el próximo 30 de mayo.
