En lo que va del proceso electoral 2017-2018, ha habido 17 agresiones contra precandidatos y candidatos, las cuales han terminado en la muerte. De acuerdo con el consejero del INE, Benito Nacif Hernández, los casos han tenido que ver con aspirantes adscritos al ámbito de las elecciones locales, a celebrarse el 1 de julio, a la par de los comicios federales.
Apenas el 17 de mayo, Hernán de Mata Quintas, candidato a regidor por el PT en Tehuantepec, Oaxaca, fue asesinado durante un festejo por el Día de las Madres. Su compañera de partido, Dennis Gutiérrez, candidata plurinominal a diputada local, calificó la agresión como crimen político. El 11 de mayo, José Remedios Aguirre, contendiente de Morena por la alcaldía de Apaseo El Alto, Guanajuato, fue ultimado a balazos en plena realización de campaña; ante el suceso, los candidatos guanajuatenses de la fórmula Morena-ES-PT suspendieron actividades en vista de “no contar con las garantías indispensables” para desempeñarse en la contienda, según reclamó el abanderado a la gubernatura Ricardo Sheffield.
El martes 8, Abel Montufar Mendoza, quien aspiraba a una diputación local en Guerrero bajo el cobijo del PRI, fue muerto a balazos en Ciudad Altamirano, momentos después de haber estado en su casa de campaña. En tanto que el viernes 5, trascendió que Addiel Zermann Miguel, contendiente de Encuentro Social por la alcaldía de Tenango El Aire, Estado de México, resultó víctima de asesinato (a golpes), luego de que un día antes desapareciera.
Se trata de episodios que tan solo se han registrado en este mes.
Mientras que Benito Nacif refirió a ZOOM POLÍTICO que los crímenes contra aspirantes a cargos de elección popular, han ocurrido “en zonas en donde la violencia y la inseguridad tienen niveles muy altos”; su compañera consejera Pamela San Martín manifestó (en entrevista por separado) que es necesario investigar si ese tipo de delitos tienen “una relación con el proceso electoral o no”, ello para efectos de “garantizar el libre desarrollo de los procesos electorales”. La funcionaria del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó en claro que la investigación de semejantes actos violentos no es tarea del organismo público.
A su vez, Nacif Hernández afirmó que el INE está “haciendo un llamado a las instituciones encargadas de seguridad pública a que refuercen sus operativos, su vigilancia”, en el marco de un proceso en el que participan “más de 40 mil candidatos a diferentes tipos de cargos, tanto locales y federales”.
El mes pasado, Dagoberto Santos Trigo, presidente del consejo local del INE en Guerrero, anunció que debido a los índices de violencia en el Estado, no se instalarían 10 casillas (de un total de cinco mil). En territorio guerrerense ocurrieron 20 agresiones vinculadas a la figura de actores políticos, “entre septiembre de 2017 y el 13 de mayo”, según publicó El Financiero.
A decir de Benito Nacif Hernández, el Instituto Nacional Electoral lleva “muchos años organizando elecciones en condiciones de inseguridad”. Aseguró que en ese contexto, los funcionarios del organismo público han aprendido a coordinar comicios e integrar casillas, de manera que el derecho a sufragar quede garantizado, por lo que el actual proceso no será la excepción.
