Mujer policía ganó amparo al argumentar que el Centro de Evaluación Estatal de Control de Confianza en Baja California no demostró que está acreditado por el Centro Nacional de Certificación. El caso podría replicarse con una carretada de juicios de garantías como ocurrió en Jalisco, donde se anularon decenas de evaluaciones. Otros agentes obtienen amparos porque no fueron notificados del inicio del procedimiento de separación del cargo. En la entidad se ha evaluado al 99 por ciento del personal operativo, siendo no aprobados un 5% del total de 9 mil 702 elementos
En Jalisco y otras entidades ya sucedió.
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En Baja California se presentan los primeros casos y parece que se promoverán en efecto “cascada”. Se trata de juicios de amparo que anulan los procedimientos de baja de elementos policiales que obtuvieron resultados de “no aprobado” en los Exámenes de Control de Confianza.
Abogados de los uniformados han puesto en duda que el Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza de Baja California, por lo que ve a sus procesos y su personal, cuente con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación que mandata la Ley al momento de realizar los exámenes.
En el caso concreto de Yuridia “N” (nombre ficticio), oficial de la Policía Municipal de Tijuana, ganó la partida parcialmente a las autoridades estatales y municipales. Ella obtuvo de un Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, invalidar el procedimiento administrativo de separación del cargo por sus malos resultados en algunas de las pruebas que le efectuaron en noviembre de 2015.
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Pese a que el Centro Estatal de Evaluación la declaró “no aprobada” sobre todo en la prueba psicológica, y la corporación policial a la que pertenece vació una serie de malos antecedentes de su actuación como servidora pública, en el reporte integral en que se funda el procedimiento no se acredita la referida acreditación del Centro Nacional de Certificación hacia el organismo estatal.
En el Estado de Jalisco, ese fue motivo suficiente para que se declarara sin validez el procedimiento de separación y todo lo actuado por el Centro Estatal de Control de Confianza en beneficio de decenas de policías municipales, estatales, investigadores y agentes viales durante 2017.
Los resultados de las pruebas toxicológica, psicológica, socioeconómica, clínica y médica quedaron sin efecto. Magistrados ordenaron que el Centro Estatal Jalisco mostrara su acreditación vigente y la reposición de las pruebas a los elementos operativos. Y no es porque no contara con dicha certificación, simplemente omitió el dato en sus reportes integrales, aunque se probó que en algunos periodos careció de la acreditación del Centro Nacional.
En el caso de Baja California, el amparo concedido a la oficial “Yuridia” no fue demoledor. No anula los resultados de las pruebas, como debería haber sido, sino que solo ordena que el Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza de la entidad, deje insubsistente el acuerdo de 30 de junio de 2016, mediante el cual se inició el procedimiento de baja y subsane el requisito de validez con la constancia de acreditación que expida el Centro Nacional de Certificación, “para solicitarse de nuevo el inicio del procedimiento”, de encontrarse aún dentro del término legal.
Es decir, no se dio pleno valor a lo establecido por el Artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a la letra dice: “Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que establezca el Reglamento que emita el Ejecutivo Federal”.
La legislación es clara en el segundo párrafo del mismo artículo: “Cuando en los procesos de certificación a cargo de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En caso contrario, el proceso carecerá de validez”.
Foto: Cortesía
Sin embargo, el precedente de que ya comience a concederse la protección de la justicia federal a algunos de los policías quejosos, los cesados que están en posibilidad y tiempo de interponer demandas de amparo y los que están ‘en capilla’ por no habérseles notificado oficialmente del inicio del procedimiento de separación de su cargo, ya es aprovechado por abogados para patrocinar jurídicamente a los elementos en desgracia.
LA POLICÍA AMPARADA
Yuridia “N” no es una blanca paloma. Tampoco se le puede satanizar violentando su derecho al principio de inocencia. Lo que es claro es que su expediente personal en la Policía Municipal tiene muchas manchas. El reporte integral de la Evaluación de Control de Confianza, además de informar sobre la presunta falta de autoestima de la agente, ofrece un panorama de “vagancias” de la servidora pública en los últimos años.
Actos deshonestos como validar detenciones que resultan ilegales, corrupción al aceptar dádivas para dejar de cumplir cabalmente con su función, falta de responsabilidad y compromiso hacia los fines que persigue la institución, son solo algunos de los resultados que arrojaron tanto el polígrafo como la entrevista directa del área de Psicología.
Como muchos policías del país, Yuridia tiene problemas de alcoholismo y en horas de servicio llegó a consumir bebidas embriagantes como cerveza o whisky, influenciada por compañeros de labores. Admitió que ha tomado dinero de los ciudadanos para evitar infraccionarlos y se ha presentado a trabajar con resaca.
En su expediente institucional, se cuenta que la mujer fue sometida a un procedimiento de responsabilidad administrativa grave en 2011. Otro procedimiento similar en 2012, derivado de una queja ciudadana de 2011 por abuso de autoridad sin especificar más información.
La oficial está relacionada con cinco averiguaciones previas: en 2012 por daño en propiedad ajena -culposo-, disparo de arma de fuego, robo de vehículo y lesiones; en 2011 por abuso de autoridad; en 2010 nuevamente por abuso de autoridad; en 2009 por lesiones; en 2006 no se especifica el delito, pero presenta una orden de presentación activa; y en 2003 por el delito de lesiones.
Todos los antecedentes y el resultado de la evaluación poligráfica llevaron al Centro de Evaluación a concluir que la gendarme “vulnera con su actuar los principios constitucionales, poniendo en riesgo no solo el cumplimiento de metas y objetivos, sino también la imagen institucional, pues un servidor público debe mostrar una imagen recta, proba e intachable, comprometida con la sociedad ante quien debe fomentar una cultura de confianza, apegándose a norma y lineamientos, ya que carece de aptitudes para desempeñarse eficientemente en su trabajo y sus actos se contraponen a las metas y objetivos que persigue la institución”. Por ello le declararon “no aprobada”.
CENTROS ACREDITADOS
Durante la última actualización, con corte al mes de marzo de 2018, del seguimiento a la Evaluación en Control de Confianza a personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública (policías, peritos, agentes del Ministerio Público, etcétera) por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refiere que todos los Centros de Evaluación en el país han sido renovados en su acreditación por parte del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, al menos en una ocasión. Se habla de 38 centros acreditados, 35 de ellos en entidades federativas y tres en dependencias federales.
Sin embargo, la lentitud del proceso ha traído como consecuencia que, durante algunos lapsos, diversos Centros de Evaluación Estatales hayan quedado sin acreditación vigente, aunque fuese por algunas semanas. Tal tortuguismo propicia que apenas en 2018 se esté despidiendo a los policías que no aprobaron sus evaluaciones de 2015 o 2016. De los examinados en 2017 hay una inmensa mayoría que ni siquiera conocen sus resultados, menos aún que serán separados de su cargo.
Para colmo, a un buen número de oficiales que se les inicia el procedimiento de separación no se les notifica tal acción, con lo que se vulneran sus derechos fundamentales y son otro importante sector que obtiene la protección de un amparo para retrasar su despido y seguir cotizando en tiempo ante una eventual demanda laboral.
Aarón, un policía tijuanense, había aprobado las diferentes evaluaciones, pero el sustento para que resultara “no aprobado” derivó de la investigación socioeconómica. El uniformado contaba con un antecedente penal generado antes de pertenecer a la corporación municipal.
Rafael, su compañero, corrió con la misma suerte, fue fichado por la comisión de delito en 2005. A ambos les fue concedido un amparo en el Tercer Tribunal Colegiado porque el auto del inicio de su procedimiento de separación fue dictado unilateralmente por el presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, sin la asistencia de su secretario, o bien, colegiadamente con los demás miembros de la comisión.
5% NO APROBADOS
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sus avances publicados al 31 de marzo de 2018, en Baja California ha sido evaluado el 99% del personal operativo, de un universo de 9 mil 702 elementos, de los cuales el 91% aprobó sus exámenes, 5% no los acreditó, 3% está pendiente de recibir su resultado y solo 1% está pendiente de evaluación.
La mayor parte de la plantilla operativa la integran elementos de las diversas corporaciones de Policía en los municipios, con 5 mil 737 agentes por mil 808 activos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mil 194 custodios de Prevención y Reinserción Social, y 963 oficiales de la Policía Estatal Preventiva.
Desde luego, la mayoría de los no aprobados son elementos de las corporaciones municipales, de los cuales todavía faltan unos cuantos por evaluar, en tanto que custodios y policías estatales ya fueron examinados en su totalidad.
Roberto “El Cuate” Toscano, libre por homicidio y preso por posesión de armas
El 29 de diciembre de 2015, las autoridades localizaron partes del cadáver de Jesús García, desmembrado y escondido en maletas abandonadas en el hotel Houston de la calle Primera de la Zona Norte, y otras en el estacionamiento de la tienda Elektra en la calle Segunda de la Zona Centro.
El 30 de enero de 2017, dos años después, la Procuraduría General de Justicia del Estado reunió elementos suficientes para que le fueran concedidas cinco órdenes de aprehensión por ese asesinato, en contra de cinco hombres identificados como narcomenudistas y homicidas: Brayan Julián Zataraín García “El Boys”, acribillado por sus socios criminales en una reunión después de un funeral el 12 de agosto de 2016; Fernando Castañeda Estrada “Fercho”, también ultimado; Antonio de Jesús A. Cázarez, detenido durante un enfrentamiento con la Policía Municipal en un robo violento fallido el 30 de noviembre de 2017; Isaac López Salazar “El Teto”, capturado el 26 de abril de 2018 como parte de un grupo de once personas detenidas con un arsenal -solo 10 fueron vinculados a proceso y tres quedaron presos-. En el caso de “El Teto”, por la orden pendiente de homicidio.
El quinto es Roberto Toscano, quine contrario a sus presuntos socios criminales fue liberado de este cargo de homicidio desde septiembre de 2017 en el Juzgado 1º Penal.
Capturado en posesión de un arma calibre 9 milímetros el 16 de mayo, desde abril de 2015 el Grupo Coordinación lo identifica como líder de una célula delictiva que sirve al Cártel Arellano Félix, dedicada al narcomenudeo y homicidios en la Zona Norte de Tijuana; fue detenido en múltiples ocasiones y dos veces víctima de intento de homicidio. Será presentado ante el juez federal argumentando peligrosidad.
El Ministerio Público solicitará prisión preventiva como medida cautelar, con base en dos detenciones previas por posesión de arma. En el primer expediente lo sentenciaron a tres años, mientras que en el segundo se encuentra bajo proceso, acudiendo a firmar.
