Con el argumento de “hacerse de más datos” que acrediten el hecho, Marcela Guzmán Valverde, Síndico Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, mantiene en su cargo a Miguel Antonio Loza Ginuez, director del Instituto Municipal de la Juventud (Imjuv), investigado por desvío de recursos del Programa “Raite” y por acoso sexual contra una estudiante prestadora de servicio social.
“La suspensión no siempre es una sanción en resolución, sino que puede ser una medida preventiva durante la investigación”, expuso la funcionaria, intentando justificar que Loza Ginuez siga conviviendo con estudiantes y manejando recurso público en tanto se investiga, contrario a lo sucedido con la exjefa del Departamento de Usos de Suelo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), Corina López Zúñiga, a quien suspendió de inmediato al iniciar la investigación por la expedición de licencias de uso de suelo para gaseras, estando vigente una moratoria.
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En el caso de Loza, dijo Guzmán que requiere “hacerse de más datos” para acreditar las acusaciones vertidas en marzo de 2018; para ello, la Contraloría coteja información para determinar a quién se otorgaron los apoyos de “Raite”, y espera un reporte de las instituciones bancarias que detalle quién cobró los cheques.
Además intentan localizar a las estudiantes que han prestado servicio social en el Imjuv durante la gestión de Loza Ginuez, para ver si hay más señalamientos de acoso. Como medida preventiva, justificó, se les hizo saber que en caso de ser víctimas de acoso de cualquier funcionario, acudan a denunciarlo ante Sindicatura.
Marcela Guzmán dijo, será hasta el final de la investigación cuando determinarán si el director del Imjuv cometió acoso o causó daño al erario y el monto de éste. Hasta entonces se iniciará un procedimiento administrativo, aunque no hay fecha para ello: “primero la investigación y luego ya el inicio del procedimiento formal. Así lo establece la Ley de Responsabilidades”, explicó.
En año y medio, la Sindicatura ha emitido 70 sanciones contra funcionarios que cometieron faltas administrativas; sin embargo, se negó a proporcionar nombres por ser casos judicializados o que no han causado estado. Guzmán aclaró que la mayoría de las sanciones corresponden a colaboradores de administraciones ajenas a la de Juan Manuel Gastélum. Precisó que han inhabilitado a 32 exfuncionarios, destituido a cinco, suspendido a ocho, tres han recibido amonestación privada y 22 una amonestación pública.
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Entre las faltas cometidas enumeró: recepción de dádivas, devolución indebida de impuestos, uso de vehículos oficiales para fines personales, abuso de autoridad, asignación de vehículos oficiales a un particular, obstrucción de la labor del personal del área de Arrastre de Vehículos; retención de permiso a vendedor ambulante sin tener la facultad para hacerlo, uso de vehículos oficiales tras consumir bebidas alcohólicas, resultados positivos en exámenes toxicológicos, desincorporación irregular de bien inmueble para su venta, otorgamiento de una concesión para el anuncio de carteles, entre otros.
La dependencia con más funcionarios involucrados en procedimientos administrativos es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) de la anterior y actual administración.
