Como prácticamente cada año, la Capital del Estado fue nombrada la ciudad con la peor calidad del aire del país, resultado de una evaluación de la Organización Mundial de la Salud que la posiciona por encima de grandes urbes como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. En tanto, la Secretaría de Salud informa que solo en 2017 se registraron más de 300 fallecimientos prematuros relacionados directamente con la contaminación
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Mexicali tiene una población muy cercana al millón de habitantes. Pese a ello, la calidad del aire es tan mala que sobrepasa la de urbes como Monterrey, Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México, cuya industria o movilidad es varias veces superior a la que registra la Capital bajacaliforniana.
La situación es tan crítica que el último informe de la Secretaría de Salud indica que hubo 304 muertes prematuras ligadas directamente a la contaminación, además de realizar 25 mil consultas atribuibles a la mala calidad del aire, lo que representaría costos por 25 millones de pesos directos y hasta 199 indirectos, derivados de incapacidades y otros factores.
Para Thelma Castañeda Custodio, titular de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), era urgente que el tema ambiental se tomara no solo como un esfuerzo por la preservación de los ecosistemas, sino como un problema de salud pública.
Por ello se han acercado a instituciones de salud, a académicos y otras agrupaciones, en busca de una solución para reducir los altos índices de partículas suspendidas. De hecho, la alerta surgió desde diciembre de 2017, cuando los niveles de polución sobrepasaron la capacidad de medición en las estaciones de monitoreo.
Según la funcionaria, la situación en ese momento fue tal que incluso pudieron haberse suspendido actividades industriales, de movilidad u otro tipo. Sin embargo, no se realizó debido a que no se contaba con protocolos de actuación ante contingencias ambientales.
Pese a que se reconoce la situación, el Gobierno del Estado no ha hecho mucho para combatirlo. De hecho, de los más de 70 millones de pesos que recaudó durante cuatro años por el pago de engomados de la Verificación Vehicular, ni un solo peso ha ido destinado a combatir los altos índices de polución. Las multas a empresas tampoco van a resarcir el impacto ambiental.
ENFERMEDADES LIGADAS A LA CONTAMINACIÓN
Según el informe ProAire, de la SPA, las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos y diabetes Mellitus Tipo II, son las principales causas de muerte en Baja California. Todas vinculadas con partículas PM2.5 -originadas primordialmente por quemas agrícolas, caminos no pavimentados, generación de energía eléctrica, entre otros factores-, que debido a su reducido tamaño penetran el organismo con mayor profundidad.
La titular de la Secretaría de Protección al Ambiente Thelma Castañeda Custodio
El documento está fechado en 2015 y fue parte de un diagnóstico que debería ejecutarse cada dos años. Sin embargo, las condiciones financieras y de personal complican la operación.
El documento precisa que alrededor de 250 muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares y tumores podrían haberse evitado si se tomaran acciones para resarcir la polución en el aire.
Durante la última revisión, se estableció que solo dos de las seis estaciones de monitoreo evalúan las partículas PM2.5, y en ambas revisiones de 24 horas y anuales, se incumplió con los límites establecidos por la Norma Oficial Mexicana 025-SSA1-2014 de PM2.5.
Además de ello, la principal causa de enfermedad son las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), cuya relación con partículas las PM10, PM2.5 y So2 que se encuentran en el aire, están directamente relacionadas. En 2015, en toda la entidad se brindaron 508 mil atenciones de ese tipo, gran porcentaje tuvo relación con la contaminación del aire.
Estos primeros datos son el inicio de una investigación que realizan académicos y funcionarios de salud para medir un impacto más exacto.
El ingeniero agrónomo Reyes Gasca Gutiérrez, experto en materia ambiental, indicó que durante diciembre de 2017, el 10 por ciento de la población de Mexicali provocó severos daños a la salud pública de casi un millón de habitantes, lo que no puede considerarse una simple falta, sino un delito que debería contemplar sanciones más severas.
Comentó que específicamente los contaminantes generados por la pólvora son especialmente peligrosos, sobre todo por diversas partículas como el aluminio, el azufre, carbono, entre otros, que además de los daños anteriormente mencionados, son factores para provocar lluvias ácidas que afectan a los habitantes, a los cultivos y a la flora en general.
Agregó que en ese periodo se sobrepasaron los 300 puntos en el Índice Metropolitano de Calidad del Aire (Imeca), suficiente para considerar una contingencia ambiental, ya que cualquier cifra superior a los 100 Imecas es considerada insalubre, y este tipo de cohetes genera además partículas PM0.1, consideradas ultrafinas y ni siquiera contempladas en las estaciones de monitoreo.
LA SPA Y SUS ADVERSIDADES
Pese a que las autoridades tienen pleno conocimiento de la crisis en materia ambiental en Mexicali, la SPA trabaja prácticamente con las uñas, pues las seis estaciones de monitoreo de calidad del aire no operan al cien por ciento desde hace muchos años, por lo que gran parte de las partículas como Ozono, Óxido de Azufre y otras, no pueden ser medidas en su totalidad.
Gran parte de las revisiones arrojan datos insuficientes para realizar una evaluación profunda, por lo que es urgente emprender acciones para resarcir la problemática, empezando por la reparación de los sistemas de monitoreo.
Castañeda Custodio comentó que cuando llegó al cargo, el comité ProAire en Mexicali se encontraba desintegrado, por lo que fue necesario ponerlo en marcha y hacer lo propio con su homólogo estatal.
Luego de una revisión, consideraron urgente rehabilitar por sistemas de monitoreo y, tras diversas gestiones, lograron obtener un recurso de 20 millones de pesos para ese concepto, además de poner en marcha un sistema de emergencias para combatir los incendios forestales, el cual contará con drones y una serie de herramientas para detectar posibles siniestros.
Sobre el impacto que ha tenido la verificación vehicular en la reducción de emisiones, la funcionaria no podría establecer un dato exacto, pero aceptó, han podido establecer ciertos parámetros, como que el 30% de los vehículos de la entidad no generan contaminación excesiva. Es decir, alrededor de 300 mil de los más de un millón de automóviles que circulan en la entidad.
El ingeniero agrónomo Reyes Gasca denunció afectaciones a la salud
Sin embargo, esto quiere decir que existe incertidumbre en el resto de los autos, ya que un gran porcentaje mantienen una estancia ilegal en el país, por lo que no atienden los llamados a la verificación.
La secretaria comentó que es urgente darle más seriedad a la verificación ambiental, ya que reduciría las emisiones de contaminantes de manera considerable. De hecho, según el informe de ProAire, el 89% del Monóxido de Carbono que prevalece en el aire es a causa delos automóviles.
Según una solicitud de Transparencia, la venta de hologramas de la verificación vehicular en Baja California ha generado ganancias por 76 millones de pesos de 2014 a 2017. Sin embargo, ese recurso ha ingresado a las arcas estatales, por lo que no sirve para beneficiar o mejorar la calidad del aire en la entidad, convirtiéndose en una medida meramente recaudatoria.
Acorde con la funcionaria, con ese dinero podrían sacar adelante muchos de los proyectos, como mejorar la revisión de los centros de verificación, pues actualmente solo tienen a dos personas para revisar todos los establecimientos de Baja California. De igual manera, podrían rehabilitar los sistemas de monitoreo y mejorar el equipamiento con que se trabaja diariamente.
LEYES Y REGLAMENTOS LAXOS
Aunque este año se endurecieron las penalidades contra personas que contaminen y arrojen basura, las leyes y reglamentos continúan siendo laxas para los infractores, por lo que para el ingeniero Reyes Gasca, resulta urgente tomar cartas en el asunto.
El subprocurador Fernando Ramírez Amador, comentó que de 2016 a la fecha se han recabado veinte denuncias por contaminación a empresas o a particulares, de las cuales solo se han emitido cuatro determinaciones; en ninguna se ejerció acción penal, debido a que se determinó que se trató de accidentes, por lo que no fue posible establecer alguna responsabilidad de los acusados.
Pese a ello, Ramírez Amador afirmó que la Ley brinda las herramientas necesarias para sancionar, además, que la procuraduría cuenta con personas especializadas para atender estos casos. Reconoció que necesitan acelerar los trabajos en estos temas, donde se apoyan de personal especializado de la SPA para poder integrar los casos.
Por su parte, Luis Flores Solís, director de Protección al Ambiente, declaró que se han emprendido acciones preventivas y operativas en busca de sancionar a las empresas contaminantes, sobre todo los negocios de comida y otro tipo de giros que provocan emisiones.
Normalmente la calidad del aire en Mexicali es considerada en nivel “amarillo”, generando afectaciones solo a personas vulnerables como niños pequeños y adultos de la tercera edad, y solo en el periodo decembrino se incrementa por la quema de fogatas, cohetes y otro tipo de acciones realizadas por la ciudadanía.
Recordó que ante la situación adversa tuvieron que reforzar las medidas preventivas y operativas durante esta fecha. De igual forma, señaló que durante febrero se da otro pico de contaminación, derivado de los fuertes vientos, ya que provocan que la tierra se suspenda en el aire.
Por su parte, el ingeniero Reyes Gasca consideró que la quema de leña, neumáticos, pólvora y otros contaminantes, es una actitud irresponsable que debería ser sancionada de una forma más severa, pues se está dañando la salud de los ciudadanos. Actualmente los delitos ambientales requieren denuncia para abrir una investigación, lo que a su juicio, es un error.
Mientras que Thelma Castañeda Custodio indicó que además del reforzamiento de leyes y la creación de reglamentos, debería ponerse en marcha una Procuraduría Ambiental Estatal, encargada de investigar y procesar delitos ambientales en la entidad.
En su opinión, falta mucho por trabajar en el tema no solo ante los ciudadanos, sino ante el gobierno, pues hoy en día faltan ministerios públicos, jueces y magistrados especializados en la materia.
Las penas actuales van de uno a siete años de prisión, con multas de 50 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), según el Código Penal vigente.
