Burócratas de Baja California aprobaron emplazar a huelga al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, “por el incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo”, señaló el dirigente estatal de los trabajadores sindicalizados, Arturo Gutiérrez Vázquez.
Detalló que el gobierno ha incumplido acuerdos que comprometió en septiembre de 2017, entre ellos, incremento salarial de 6.5%, la jubilación pendiente de 250 trabajadores de base y el otorgamiento de 400 bases.
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“El gobierno nos ofreció solo un 3.2% y cubrir el resto con bonos, lo que no podemos aceptar porque esa compensación no la contemplan nuestros estatutos”, declaró.
Gutiérrez admitió que de ese compromiso no hay un documento escrito, pero sí un acuerdo verbal registrado en las negociaciones de 2017, las cuales derivaron que en el presupuesto de egresos del Ejercicio Fiscal 2018 se aprobara una partida de 47 millones de pesos, suficiente para cumplirles, sin embargo, a la fecha ni siquiera el aumento del 3.5% ha aplicado.
A casi cinco meses, el ajuste salarial no se ha registrado en el pago de los tres mil burócratas que laboran en el gobierno del Estado, de los 18 mil afiliados al organismo sindical que dirige Gutiérrez Vázquez -el resto trabaja en dependencias municipales o paramunicipales-.
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El representante sindical aclaró que el incumplimiento únicamente compete al gobierno de Vega, por lo que la decisión de emplazar a huelga solo fue considerada con los trabajadores del Estado, en reuniones en cada sección de los cinco municipios a partir del viernes 18 de mayo y en la última semana. Por unanimidad, dijo, aprobaron el emplazamiento a huelga, “actualmente nos encontramos en el proceso de recabar las firmas para presentar este acuerdo ante el Tribunal -de Arbitraje del Estado-. Una vez presentado, el Tribunal da 10 días para que el Estado concilie con el Sindicato, caso contrario, nos vamos a huelga”, advirtió al indicar que será en los primeros días de junio, cuando se defina esta situación.
La Oficial Mayor, Loreto Quintero Quintero, comentó, es falso que el gobierno se haya comprometido a un aumento en el porcentaje referido. Por la cantidad de empleados que registra el gobierno, la Ley de Disciplina Financiera impide proporcionar un aumento superior al 3.5% que se ofrece actualmente, “ese es el espíritu de la Ley, que el recurso público no se gaste en aumentos desproporcionados”.
Justificó que el incremento del 3.5% autorizado representará un gasto adicional en 2018 por 40 millones de pesos, “nunca se ha registrado un incremento del 6%, nos veríamos en un escenario ilegal si lo hiciéramos”, refirió. Respecto a que el 3.5% todavía no se aplica, es porque no han llegado a un acuerdo, aun cuando refiere disposición por parte del gobierno. “Estamos en negociaciones para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo que evite un posible paro de labores”, finalizó.
