El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, declaró competente al juez al juez federal, con sede en la Ciudad de México, Daniel Moreno García, y ordenó que inmediatamente se pongan a su disposición a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, a Antonio Enrique Tarín García y a Gerardo Villegas Madriles, los tres con procesos penales abiertos por presuntos delitos de corrupción.
El Tribunal Colegiado, a través del magistrado ponente, Carlos Lopez Cruz, y su secretaria, Virginia Jacome Plante, resolvió el conflicto competencial 4/18 entre el Juez de Distrito de la Ciudad de México y el Tribunal de Control del Estado de Chihuahua, determinando que los hechos a través de los cuales se desviaron 250 millones de pesos a través de contrataciones de servicios simulados con la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua y empresas facturadoras, constituyen un delito de peculado de naturaleza federal.
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El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, sostuvo que es la Federación “la parte afectada” y no así el estado de Chihuahua. Por lo tanto, ordenó a que en un plazo de 24 horas, el Juez de Control en la entidad, remita los procesos penales en contra de Gutiérrez Gutiérrez, Tarin García y Villegas Madriles, al Juzgado de Distrito en la Ciudad de México, para que continúen ante tal órgano jurisdiccional.
Esto significa, según Corral Jurado, que el Poder Judicial de la Federación (PJF) está siendo “sumiso” con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuyo Gobierno “maniobra para torcer la ley y garantizar impunidad” al ex secretario general del PRI, e “impedir que Chihuahua continúe con sus investigaciones y acciones de combate a la corrupción”, para cubrir con “el manto de la impunidad”, al ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
“Paisanos chihuahuenses, este viernes 6 de abril nos informaron que un Tribunal colegiado de la Ciudad de México, anticipándose al que tiene sede en Chihuahua, y le correspondía conocer del asunto, resolvió el conflicto competencial del proceso en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
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[…] declarando competente al juez federal, con sede en la Ciudad de México, Daniel Moreno García, y ordenó que inmediatamente se pongan a su disposición al propio Gutiérrez Gutiérrez, junto con Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles”, afirmó Corral Jurado en un video que publicó en su cuenta de la red social Twitter.
“Los tres están bajo proceso penal por diversos delitos de corrupción en perjuicio del patrimonio del pueblo de Chihuahua, cometidos durante el sexenio de César Horacio Duarte Jáquez, hoy prófugo de la justicia. Con esta acción se trata de cubrir con el manto de la impunidad a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, pieza clave en la red de corrupción, que inmiscuye a políticos de primer nivel, cercanos al presidente Enrique Peña Nieto”, señaló el gobernador.
“Los otros dos son los principales cómplices en el saqueo sistemático al que fue sometido en el anterior sexenio. Esta resolución absurda, contraria a derecho, y con un desaseo vergonzoso, por la forma en la que han procesado el asunto, pretende arrebatar al pueblo de Chihuahua su derecho a hacer justicia”, abundó el mandatario estatal en su video.
“Sorpresivamente, en un mismo día, en cuestión de horas, listaron, discutieron y resolvieron un caso que comúnmente se tarda entre 6 meses y un año en ser resuelto, y lo hicieron sin tomar en cuenta ningún argumento del juez local de Chihuahua”, dijo el gobernador, haciendo referencia a 4 resoluciones de Juicio de Amparo, el último la semana pasada, en los que Jueces Federales han ratificado que se trata de un delito local de peculado.
“Se confirma así lo que les había anticipado: la maniobra del Gobierno de Peña Nieto para torcer la ley y garantizar impunidad al ex secretario general del PRI e impedir que Chihuahua continúe con sus investigaciones y acciones de combate a la corrupción”, acusó Corral Jurado.
“El Poder Judicial de la Federación da así una demostración de sumisión al presidente de la República. ‘Nadie por encima de la ley’, es la máxima republicana que, se supone, impera en nuestro sistema judicial”, indicó el gobernador de Chihuahua.
“Sin embargo, en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, se confirma que hoy por hoy, sí existe la justicia selectiva en nuestro país. La justicia para el pueblo, es una, y la justicia para el influyente, es otra, y se llegan a violentar cínica y abiertamente, los principios básicos de la función jurisdiccional”, aseveró el mandatario estatal.
“Paisanos chihuahuenses, los convoco a una nueva asamblea informativa, el próximo domingo 15 de abril, a las 11 de la mañana, en la Plaza del Ángel, de la ciudad de Chihuahua, para dar a conocer las medidas a tomar, ante la abierta protección de Peña Nieto a César Duarte y sus cómplices”, pidió Corral Jurado.
“El presidente de la República está traicionando su propio dicho de que ‘Nada, ni nadie, está por encima de la dignidad de México’. Nosotros le demostraremos que nada, ni nadie, ni él está por encima de la dignidad del pueblo de Chihuahua”, finalizó el gobernador del estado fronterizo.
El Poder Judicial de la Federación arrebata a #Chihuahua el caso Alejandro Gutiérrez. No nos dejaremos. https://t.co/vloyVHfgLT
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) 7 de abril de 2018
Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del año pasado. Se encuentra recluido por dos procesos penales de presunto peculado agravado, uno por 250 millones de pesos, 246 de los cuales se triangularon, supuestamente, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la administración del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
Todo ello a través de empresas fantasma, y después entregados al PRI para las campañas estatales del 2016, en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Por esta investigación, Gutiérrez Gutiérrez recibió seis meses de prisión preventiva. Mientras que el segundo proceso es porque una empresa propiedad del también ex senador, supuestamente recibió un millón 740 mil por servicios que nunca prestó, por lo que se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva.
El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que afirmó que Gutiérrez Gutiérrez era un “aliado” del presidente Enrique Peña Nieto. Además, citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente nacional priista, como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a las campañas estatales del PRI en 2016.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que a Antonio Enrique Tarín García, “se le acreditó plenamente que a través de servicios no prestados y falsas adquisiciones se cometió el desvío de 120 millones de pesos del erario público”, cuando este era el ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo que el 13 de mayo del 2017 fue vinculado a proceso, con una medida cautelar de prisión preventiva.
El gobernador Javier Corral Jurado acusó de forma directa al Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, de una represión contra su estado, por las investigaciones que lleva a cabo sobre probables delitos de corrupción del ex mandatario estatal, César Horacio Duarte Jáquez, y de posible desvío de recursos al PRI.
El gobernador chihuahuense acusó que el Gobierno de Peña Nieto no quiere detener a César Duarte, pero si detiene los recursos para el estado, ya que hay “una evidente intención” de “estrangular” a Chihuahua, además de que se está utilizando a la SHCP, como “instrumento de control político” contra los mandatarios estatales que investigan hechos de corrupción.
Corral Jurado narró que el pasado 4 de enero sostuvo una reunión con el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, y con otros altos funcionarios de Hacienda Federal, y que en ella se le comunicó que no le serían depositados 900 millones de pesos de participaciones federales que le corresponden a Chihuahua.
“Nos deben 900 millones de pesos, 700 del convenio firmado el 4 de diciembre para el saneamiento financiero, más 120 del programa de saneamiento financiero para enero, más 80 de otros tres convenios”, afirmó Corral Jurado en ese momento.
Sin embargo, el pasado 3 de febrero, se destrabó de forma momentánea el conflicto político, cuando Corral Jurado, y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, otorgaron una conferencia conjunta, en la que informaron que suscribieron “una serie de acuerdos honorables”, entre ellos, que:
1. La Procuraduría General de la República (PGR) solicitaría la captura y la extradición de Duarte Jáquez, mientras que la Fiscalia General del Estado de Chihuahua acompañaría como coadyuvante con 11 órdenes de aprehensión, “y las que se instruyan en estricto apego a la ley, a las garantías constitucionales, a los convenios suscritos entre Federación y estado y a los tratados internacionales”.
2. Trasladar del Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal, No. 1, en Aquiles Serdán, Chihuahua, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), Número 9, en Ciudad Juárez, al ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
“El acuerdo alcanzado es que cumpliendo con las disposiciones ministeriales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH], dicho traslado se realizará previa certificación que en breve plazo hará el organismo internacional Human Rights Watch [HRW], verificando en todo momento la aplicación y el cumplimiento estricto del Protocolo de Estambul”, indicó Navarrete Prida en ese momento.
3. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) depositaría los 900 millones de pesos de participaciones federales que le corresponden a Chihuahua, y que fueron la causa de la realización de la llamada “Caravana por la Dignidad Unidos con Valor contra la Corrupción”, que hoy llegó a la Ciudad de México, luego de que el pasado 20 de enero partió de la fronteriza Ciudad Juárez.
