Especialistas coincidieron en que la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública no es el instrumento adecuado para combatir a la delincuencia organizada, ya que están adiestrados en otras áreas, por lo que se pronunciaron a favor de especializar a las corporaciones civiles de la policía.
Durante el Foro Nacional “La Seguridad que a México le urge”, Guillermo Valdés Castellanos, del Grupo de Economistas y Asociados A.C., propuso que en lugar de que elementos castrenses combatan al crimen en las calles, se integren diez mil cada año a la policía federal, y que después se restituyan esas plazas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Destacó que en México la impunidad sea mayor a 90% de los 2.8 millones de delitos denunciados, los cuales representan tan sólo 7% de los cometidos.
Si bien, ninguna corporación en el mundo tiene la capacidad de resolver un caso en dos días, es patente la insuficiencia de Ministerios Públicos en nuestro país, agregó y apuntó que el presupuesto para la seguridad aumentó significativamente en el sexenio del presidente Felipe Calderón, sin embargo, a partir de 2012, éste se estancó.
Por otro lado, Ernesto López Portillo, académico de la Universidad Iberoamericana, planteó que las corporaciones policiacas implementen un sistema de certificación, que sea llevado a cabo por una instancia en la que no tenga injerencia el gobernador, de tal manera que cada elemento reclutado cumpla con los parámetros de confianza.
En el tercer el panel, titulado ¿Qué opinas de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública?, Lázaro Gaytán Aguirre indicó que mientras los gobiernos estatales se afianzan a la participación del Ejército dejan de lado la creación de esas capacidades en sus instituciones.
Propuso incrementar el presupuesto para combatir el crimen organizado, ya que es hasta 18% inferior al que se destina a otros rubros como al pago de docentes y médicos.
En tanto, Eduardo Guerrero Guerrero propuso que lo primero que debe hacer un gobernador al tomar posesión es enviar un mensaje público a todos los criminales para aclararles que si incurren en actos intolerables: matar niños en balaceras, protagonizar combates al interior de las poblaciones, y matar elementos policíacos -como ha sucedido en diversos estados-, se usará toda la fuerza pública, los recursos y el poder político para aplicarles castigo.
Se decomisarían sus bienes, se clausurarían sus negocios y se llevarían a cabo todas las acciones necesarias para “arruinarles el negocio”, puesto que actualmente el crimen organizado no tiene límites toda vez que son capaces de bloquear avenidas e incluso instalar retenes.
También recomendó que las fuerzas estatales estén al frente de los operativos conjuntos, no como sucede en diversas entidades en donde son encabezados por las fuerzas castrenses. “La seguridad pública debe ser una tarea directa del gobernador”.
En su oportunidad, Jorge Tello sostuvo que las Fuerzas Armadas son un arma de guerra, por lo que no se deben combinar con las actividades de la policía. “No desvirtuemos la seguridad pública”. En el encuentro estuvo moderado por el periodista Carlos Puig.
