El actual secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea, quiere ser procurador general de Justicia del Estado. La maestra, magistrada con licencia y actual fiscal de Baja California, Perla del Socorro Ibarra Leyva, no quiere ser procuradora, y su asesor José Alberto Castellanos, cree que es procurador.
En ese contexto, sin un liderazgo real, sin una presencia física permanente, sin una figura que les dé ejemplo, línea y los obligue a rendir resultados, los subprocuradores mantienen funcionando una vieja maquinaria que pese a los esfuerzos, sigue siendo insuficiente para brindar justicia en el tema de homicidios, uno de los delitos que más inquietud genera en la percepción social, el cual, solapado en la impunidad, ha crecido un 261 por ciento durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
Baja California pasó de 190 asesinatos en el primer trimestre de 2013, a 686 en el primer trimestre de 2018, lo que convirtió este volumen en una cantidad inmanejable de crímenes, imposibles de resolver de acuerdo a las capacidades de la institución. De hecho, por este delito, en lo que va del sexenio, en más de una ocasión el sector empresarial ha presentado a la Procuraduría como el eslabón más débil.
Quienes conocen a la licenciada en Derecho, Perla del Socorro Ibarra Leyva, aseguran que previo a su designación, no estaba mínimamente interesada en ser la fiscal del Estado. De hecho refieren que en aquel 2013 rehuyó cuanto pudo a su amigo Francisco Vega de Lamadrid cuando este la buscó tras convertirse en gobernador electo.
Había sido su secretaría de Seguridad Pública Municipal en el XVI Ayuntamiento de Tijuana, del 1 de diciembre de 1998 al 30 de noviembre de 2001, y tenía lógica que la quisiera para un área similar, pese al impedimento establecido en el Artículo 66 de la Constitución del Estado, que prohíbe a los magistrados numerarios “… desempeñar empleo o encargo en la Federación, Estado o Municipios ni de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia”.
Como el licenciado Vega está acostumbrado a manipular e interpretar la Ley para que esta se acomode a sus deseos, necesidades -y negocios-, cuando le propuso ser la primera mujer procuradora, Ibarra no se negó, sin embargo, establecieron un plazo de un trienio en el cargo, lo que consideraron saludable.
Después de todo, el Ejecutivo estatal había prometido que los ciudadanos elegirían con su voto al fiscal de la entidad, promesa que evidentemente no tiene planeado cumplir.
Con ese “no deseo”, el 11 de noviembre de 2013, Perla del Socorro Ibarra tomó protesta después que la XXI Legislatura del Estado interpretara la Ley y le aprobara una licencia para separarse del cargo de magistrada numeraria -por tres años-, en el cual estaba muy a gusto desde el 1 de diciembre de 2010.
Según los legisladores, al pedir licencia ya no era magistrada y podía ser procuradora, cargo en el que evidentemente se había comprometido a permanecer un trienio.
Sin embargo, el 16 de abril de 2015, tras el suicidio del entonces magistrado presidente del Tribunal, Marco Antonio López Magaña, Perla Ibarra revisó con el gobernador la necesidad de renunciar para regresar al Tribunal, pero la solicitud le fue negada; lo mismo sucedió en octubre de 2016, cuando se vencía su primer permiso en el Tribunal, así le concedieron otra separación del cargo “a modo”, y continuó como fiscal por órdenes del mandatario estatal.
Esta permanencia en el cargo que Perla Ibarra ni quería, ni buscó, ha resultado contraproducente para la seguridad del resto de los bajacalifornianos, a quienes de poco les ha servido toda la formación académica, la experiencia, las buenas intenciones y el profesionalismo de la maestra Ibarra Leyva.
Primero, porque desde 2010 la señora no estaba interesada en tener un trabajo tan demandante como el de procuradora en uno de los estados más inseguros del país, y después, porque dedica harto tiempo a los aspectos de su vida personal, lo que habla excelente de ella como ser humano, pero afecta la función pública porque en cinco años no ha encontrado el equilibrio.
El problema es dejar sus responsabilidades laborales en manos de los subalternos, subprocuradores y todavía más riesgoso, en manos de su asesor José Alberto Castellanos -lo conoció en 1998 en la Policía Municipal de Tijuana-, a quien le permite tener control total de la Policía Ministerial a través de las comandancias.
“Quien tenga tienda que la atienda, y si no, que la venda”, reza el refrán popular que, advierte, se debe dedicar tiempo y esfuerzo en el trabajo y no dejar la propia labor en manos de otras personas,
La maestra Ibarra Leyva debe estar consciente que como garante de una función, está obligada a estar muy pendiente para que las cosas funcionen adecuadamente, y que manos ajenas -que no tienen ni el sueldo ni la responsabilidad, ni la obligación- no van a ser tan eficientes como las propias.
Así que, o se hace responsable al 100 por ciento de atender las agobiantes demandas de su cargo, o lo honesto, lo correcto, es renunciar y reintegrarse a una magistratura donde seguro dará mejores resultados por ser un trabajo que sí se esforzó en conseguir. Es momento, ante el incremento de la violencia en Baja California que Perla del Socoro Ibarra Leyva deje la Procuraduría que no quiere encabezar y a la cual ha renunciado en dos ocasiones, sin éxito.
