La Caravana Migrante 2018, que arrancó desde Chiapas al pasado 25 de marzo con alrededor de mil 700 centroamericanos, se desplaza desde Oaxaca a la Ciudad de México, donde el grupo se dividirá entre quienes decidirán continuar hacia distintos puntos de la frontera con Estados Unidos y quienes renunciarán a perseguir el sueño americano ante el temor de arriesgar su vida.
El grupo de centroamericanos inició el recorrido en Tapachula, con la intención de llegar hasta en la frontera norte de México para pedir refugio al gobierno de Estados Unidos, ante el clima de violencia, amenazas y falta de oportunidades de trabajo digno en sus lugares de origen, expusieron en un manifiesto público al arrancar el recorrido.
No obstante, tras las declaraciones del Presidente Donald Trump en relación a sus planes de reforzar con militares la seguridad de la frontera, el miedo se diseminó entre el contingente, por lo que el grueso de éste ha desistido de continuar hacia la frontera.
Durante su travesía a lo largo del país, han sido asesorados y acompañados por diversas Organizaciones No Gubernamentales que procuran visibilizar las problemáticas que enfrenta en el “Viacrucis” y garantizar que se respeten sus derechos a la movilidad y al refugio en otros países.
Una de ellas es Pueblo sin Fronteras, cuyo director, Irineo Mujica, argumentó que la decisión de disolver la caravana responde a que la cantidad de personas superan la capacidad para seguir; además, con casi 500 menores y mujeres embarazadas se complica el traslado en el tren, como lo han hecho tradicionalmente. Aun así, aseguró que continuarán apoyando a aquellos que decidan seguir su camino al norte.
Se prevé que la Caravana Migrante arribe a la frontera de Baja California a finales de abril, por lo que las asociaciones civiles que dan atención a la población en tránsito, se preparan para recibirlos, como el llamado Hotel Migrante de Mexicali, que ha ofrecido 600 espacios.
El también llamado “Viacrucis Migrante” se realiza desde 2010, con el objetivo de ejercer el derecho a la libertad de movilidad y el derecho de las personas a buscar protección internacional.
La más reciente edición de la caravana es un reflejo de las condiciones que alimentan el desplazamiento forzado, explicó en un informe del Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG) sobre derechos humanos, migración y corrupción y seguridad pública en Honduras y El Salvador.
Del grupo que inició este año, el 80 por ciento son hondureños y el resto guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses, quienes demandan en sus países el fin de la violencia contra diversos sectores como niños, mujeres y comunidad LGBT; acabar con la corrupción política, injusticia e impunidad.
“A México y Estados Unidos exigimos se nos respeten nuestros derechos como refugiados y a tener un trabajo digno para sostener nuestra familia como migrantes, que se nos abran las fronteras porque somos ciudadanos. Que se detengan las deportaciones. No más abusos contra migrantes”, señalan durante su recorrido.
También confían en recibir la solidaridad del pueblo mexicano, organismos de Derechos Humanos y organizaciones civiles. “Esperamos poder ser un ejemplo de solidaridad y de lucha en el mundo”, manifestaron.
