La incapacidad de las autoridades encargadas del desarrollo urbano de la ciudad para llevar a cabo un análisis social que permita al Ayuntamiento de Tijuana determinar las zonas en donde se pueden instalar las estaciones en donde se manipule, almacene, venda y/o transporte combustibles, es la razón por la que el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro ideó la creación de la Comisión de Energía e Hidrocarburos.
Su conformación se encuentra bajo el análisis de la Comisión de Gobernación, que preside Arnulfo Guerrero, la cual agendó su aprobación en la vigésima cuarta sesión extraordinaria del XXII Cabildo de Tijuana celebrada el 27 de febrero de 2018.
Pero la exigencia de algunos ediles de que en el mismo documento se garantizara la continuidad de la moratoria que prohíbe a la autoridad municipal otorgar licencias de usos de suelo para la instalación de estaciones de gas L.P. en la ciudad, el dictamen fue retirado de última hora del orden del día y retornado para su adecuación.
A más de un mes el ajuste no se ha realizado, y aunque Arnulfo Guerrero expone que “no necesariamente” la creación de la Comisión de Energía e Hidrocarburos vaya a eliminar la moratoria, tampoco garantiza que al entrar en funciones la nueva comisión edilicia no se vaya a eliminar la moratoria vigente desde el 1 de noviembre de 2016.
En tanto, la Síndico Municipal, Marcela Guzmán Valverde, continúa sin resolver las 18 quejas presentadas por vecinos afectados con la instalación de la misma cantidad de gaseras en colonias populares de Tijuana.
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