El párroco, miembro del colegio católico “Fray Junípero Serra”, desalojó a una familia de su casa por un adeudo de colegiatura. Desde hace meses está ilocalizable. Maricela Horta, responsable pastoral, ventila una serie de irregularidades y posible fraude entre abogados y la institución educativa
Por una deuda de 40 mil 982 pesos más intereses moratorios, una madre y sus dos hijas perdieron su hogar tras ser desalojadas en noviembre 2016, cuando el padre se retrasó con el pago de mensualidades en el colegio católico “Fray Junípero Serra” en Ensenada.
Aunque legal y jurídicamente se agotaron todas las instancias para que la familia pudiera recuperar su vivienda, el próximo 15 de abril viajará a Ensenada un representante del Papa Francisco para abrir un expediente sobre el caso y probablemente reparar el daño.
La escuela “Fray Junípero Serra” mantiene un método de cobro inusual que consiste en que los padres incumplidos empeñen el patrimonio con la firma de pagarés.
La responsable pastoral en Ensenada, Maricela Horta González, adoptó el caso de la familia, desencadenando una serie de arbitrariedades y posible fraude, cometidos por la dirección del colegio en 2016, justo cuando el Papa Francisco lo llamó el “Año de la Misericordia”.
La religiosa sabe que hay otras diez familias cuyas propiedades están en riesgo de desalojo.
“Mucha gente no sabe que tienen derechos, hay más personas a punto de perderlo todo y quiero que nos unamos, que sepan que tienen derechos, que no los pueden despojar de sus bienes”, alertó.
El párroco Bertín Pantoja, quien no se encuentra en la sede de Ensenada desde hace varios meses, es señalado de tener dos hijos que residen en el Estado de Jalisco, hecho que consta en dos actas de nacimiento en poder de ZETA.
Aunque existe una polémica dentro de la comunidad religiosa sobre el tema del patriarcado entre sacerdotes, en la legislación interna de las iglesias se considera “violación a la promesa de guardar celibato”.
DÓNDE QUEDÓ EL DINERO COBRADO A LAS CÓRDOVA
En el expediente 976/2014 del juicio mercantil en contra de Luciano Pérez, padre de las menores, consta que Fray Bertín cedió los derechos de los pagarés a una particular.
En total fueron tres, por las cantidades de 9 mil 979, 13 mil 064 y 17 mil 939 pesos, que dan un total de 40 mil 982 pesos, que fueron cobrados de manera legal por Elva Estudillo Zamora.
Los abogados desconocen el motivo por el cual se transfirieron los derechos, sin embargo, dedujeron que el dinero cobrado en el Juzgado jamás ingresó a la cuenta del colegio “Fray Junípero Serra”.
El primer comprador de la vivienda embargada fue precisamente el abogado que le llevó el caso al fraile, hecho que sorprendió también a los abogados defensores de la familia de Celia.
Marisela Horta
La casa fue valorada por el Juzgado en 246 mil pesos mexicanos, cuando en realidad tenía un costo aproximado a 540 mil y se vendió en alrededor de 160 mil pesos.
El Juzgado entregó a Zamora 106 mil pesos y poco más de 50 mil pesos al padre de las menores; Celia no recibió dinero porque en ese momento existía una jurisprudencia, la cual cambió en 2017, que para tener derechos en bienes, el matrimonio en mancomunado tiene que estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
El señor José Luciano se dedica a la venta de carnitas y en varias ocasiones entregó al director del colegio producto para la venta en diferentes eventos organizados en la escuela. Creyó que con especie estaba abonando a la deuda, pero no fue así, sino que los intereses moratorios al 7 por ciento mensual seguían corriendo.
DESALOJO DE LAS CÓRDOVA FUE LEGAL: ABOGADOS
De acuerdo con una narrativa de hechos documentado por el Grupo Jurídico Litigio Estratégico “Mariano Otero”, que de manera gratuita atrajo el caso para defender a la familia, legalmente ya no hay nada por hacer.
La casa de interés social se encontraba en el fraccionamiento Villas del Sol I, y Celia Córdova Córdova, madre de las adolescentes, era quien pagaba las mensualidades ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).
La pareja se separó en 2008 pero nunca se divorciaron, él estaba empeñado en que ambas hijas acudieran al colegio “Fray Junípero Serra”.
Ante el retraso en el pago de mensualidades puso como garantía el patrimonio de la familia, firmando tres pagarés: dos en agosto de 2013 y otro más en agosto de 2014.
Las estudiantes, de entonces tenían 8 y 14 años de edad, mostraban renuencia para asistir a la escuela porque cada mes los maestros, siguiendo instrucciones de la dirección, no les aplicaban los exámenes.
“El Fray (Bertín) sabía de mi situación, le dije varias veces que quería sacar a mi hijas, y me dijo que no, que el que pagaba era mi esposo, que además no me iba a dar los papeles para meterlas a otra escuela pública”, describió Celia.
Al ver la desesperación de la mujer, un empleado del colegio le aconsejó ir al Sistema Educativo Estatal (SEE), ahí le informaron que estaba en todo su derecho de cambiar a las estudiantes; primero lo hizo con la de nivel secundaria y después con la de primaria.
Una vez que estuvieron fuera las dos alumnas, el apoderado legal, Bertín Pantoja, inició el juicio Mercantil ante el Juzgado Primero de lo Civil, en contra de José Luciano Pérez García, por no liquidar los pagarés, reclamando el pago forzoso de la deuda más intereses moratorios. En total sumaban 106 mil pesos.
El 27 de noviembre de 2014 notificaron a Luciano sobre el acto de embargo precautorio del bien en el que vivían sus hijas, pero como él residía en otra casa, no respondió la demanda en su contra.
Para el 29 de mayo se dictó sentencia, antes, el día 23, Bertín transfiere o cede los derechos litigiosos del juicio de los pagarés por la cantidad de 164 mil pesos. De ahí le sigue una serie de trámites legales como remates, pagos, intercambios, avalúos de la propiedad y reventas, las cuales Celia y sus hijas no imaginaban.
El 10 de noviembre, la actuaria tocó la puerta y una de las menores, quien se encontraba sola, pidió que se saliera, acto seguido un grupo de personas en compañía de la Policía Municipal, dejó las pertenencias en la banqueta.
LA CARTA AL PAPA FRANCISCO
Los abogados agotaron todas las instancias jurídicas que fallaron a favor del colegio, por eso Maricela Horta, responsable de la pastoral social de la Parroquia San José Obrero, pretendió que las leyes religiosas hicieran justicia a las Córdova.
La primera carta a Roma fue dirigida a Michael Perry, ministro general, con la intención de hacer de conocimiento la situación “poco grata para la Iglesia en la Diócesis”.
“Quiero presentarle un caso de corrupción y abuso de poder ante el adeudo de colegiaturas de una familia en particular”, manifestó la pastoral Maricela Horta al Papa Francisco.
Le describió el problema de la familia y agregó que “esta noticia fue un escándalo para nuestra Diócesis, sobre todo porque estábamos por cerrar el Año de la Misericordia”.
De entrada una comitiva de la iglesia se encontró con Fray Bertín, quien se mostró “altanero e intolerante” hacia ellos, incluso los maltrató cuando le tocaron el tema.
“Nos dijo que éramos unos metiches y que nosotros, siendo católicos, no era posible que apoyáramos a una persona cristiana; que nosotros no sabíamos la situación y con toda la altanería dijo que el colegio era un negocio. Mi respuesta ante la arrogancia, siempre fue que estoy convencida de mi servicio humilde que realizo por los más necesitados, que estemos, y manifesté que mi Iglesia no distingue de credos”, repitió.
También acudieron con el Obispo Rafael Valdés Torres, de quien tampoco tuvieron respuesta favorable a la petición de reparar el daño.
“Cuando le solicitamos su intervención y su apoyo para plantear el caso al Papa, su respuesta fue que él no podía ser juez y parte, por lo que optamos por no volver a solicitar su apoyo”, así fue como otra autoridad negó el respaldo.
La indiferencia de los católicos llevó a un grupo de cristianos, al cual pertenece la señora Celia, a encabezar una manifestación justo el día en que los católicos cerraban el Año de la Misericordia.
“Nos adelantamos para auxiliar y ayudar decididamente, hasta la fecha, para apoyar a la compungida madre y sus dos pequeñas hijas, logramos convencerles de que la culpa no era de la Iglesia Católica, sino de malos miembros de la misma, y que no era justo que toda la comunidad pagara los platos rotos por algunos lobos con piel de oveja”, criticó.
También pidió tomar en cuenta el escrito que les dio a conocer el Santo Padre el 27 de noviembre de 2016, cuando se reunió con todos los ecónomos religiosos de la Iglesia Católica: “Repensar la economía de los Institutos Religiosos según el carisma al que están llamados”
De esa manera obtuvo respuesta por parte de Roma Vaticano, informándole de la próxima visita de un representante.
EL PEREGRINAR DE LA FAMILIA MIGRANTE
Originaria de Cárdenas, Tabasco, Celia y su esposo viajaron a Baja California con la finalidad de buscar el sueño americano, pero no lo consiguieron.
Desde que llegaron a Tecate se dedicaron a la venta de carnitas, después se mudaron al Valle de Guadalupe y por último vino la separación; su marido, quien no le ha dado el divorcio sigue en el ámbito restaurantero en la delegación El Sauzal.
Su esposo le da una ayuda de mil pesos mensuales para renta y un poco de despensa, sin embargo, ella vende productos por catálogo y tamales para sacar adelante a sus hijas.
Celia ha batallado con la renta, va de casa en casa, siempre cerca de la escuela de sus dos hijas, la más joven tiene 14 años y va a en tercero de secundaria, y la mayor está a punto de graduarse de preparatoria, lista para ingresar a la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Baja California
