El empresario que demandó a sus socios de las compañías que conforman la Asociación Público Privada para la construcción y operación de la desaladora de Playas de Rosarito, confirma lo que se ha afirmado en Estados Unidos, pero se niega en el gobierno de Baja California: parte del agua que se obtenga tiene como destino Estados Unidos. En entrevista, Gough Thompson hace un recuento del proyecto que costará más de 76 mil millones de pesos a los bajacalifornianos y señala que el propietario de Consolidated Water es una persona no digna de confianza. Mientras que en EU, firmas financieras advierten a sus clientes mantenerse alejados de esa empresa
Gough Thompson es el hombre que ideó la instalación de la planta desaladora en Playas de Rosarito y es el mismo que originó el embargo del terreno donde se planea su construcción.
En 2005, el empresario se encontraba ya en el retiro cuando se topó con un análisis realizado por el Gobierno del Estado de Baja California y la Compañía de Agua de San Diego sobre la mejor ubicación para instalar una desalinizadora que dotara de agua a los residentes de ambos lados de la frontera.
Treinta años antes, Thompson había participado en la ampliación de una planta desaladora en Arabia Saudita, convirtiéndola en la más grande del mundo en su momento. Veterano de la guerra de Corea y graduado de Princeton en Estudios del Medio Oriente, el estadounidense mezcló dos elementos: consiguió financiamiento coreano y entabló conversaciones con la monarquía para iniciar el negocio en tierra saudí.
Por ello, al leer cómo se habían analizado diferentes sitios ubicados tanto en California como en Baja California para una desalinizadora, vio la oportunidad de un último gran negocio.
Sin contactos en México, pero ya viviendo en el sur de California, comenzó a presentar la idea a sus conocidos hasta que alguien sugirió a Alejandro de la Vega Valladolid como el socio ideal.
Thompson es socio principal de la empresa East West Group (EWG) y, como tal, inició una nueva sociedad mercantil con De la Vega para conformar Norte Sur Agua (NSA) en 2009.
Para ese entonces, los empresarios planteaban el negocio sin financiamiento público, pero para un proyecto tan ambicioso se requería mayor inyección de capital. Thompson encontró una empresa en las Islas Caimán, Consolidated Water que, como dueña y operadora de cuatro plantas desalinizadoras en el mundo, parecía ser el nuevo socio perfecto.
Personalmente se comunicó con Rick McTaggart, propietario de la compañía y le planteó la propuesta. McTaggart aceptó de inmediato.
“Le dimos control y como parte del trato, nos pagarían 12 millones de dólares en costos de desarrollo para tomar el proyecto”, recuerda Thompson.
Por tal motivo, crearon una nueva empresa: NSC Agua, SA de CV. En ella, Thompson obtuvo el 25 por ciento de las acciones, Alejandro de la Vega el otro 25% y Consolidated Water quedó como socio mayoritario con el 50%,, pero con el tiempo, el proyecto parecía estancado, lamenta Thompson.
Thompson acusa de traición a sus socios.
Lo que pasó después, es un asunto que se ha llevado a juzgados de México y Estados Unidos. Uno de estos, el expediente 00074/2018 radicado en el Juzgado Décimo Civil, originó el juicio en el que, el 23 de marzo, se dictó el embargo del predio de la desalinizadora y la suspensión de toda actividad comercial de las empresas involucradas.
Los hechos narrados en el expediente y recordados por Thompson en entrevista con ZETA, detallan cómo Rick McTaggart y Alejandro de la Vega sostuvieron asambleas de accionistas sin la presencia de Thompson y sin su conocimiento.
El 14 de mayo de 2013, en una de estas asambleas, se manipuló el valor de las acciones. A pesar de que diez meses antes, el 25% de los activos había sido valuado en 37 mil 500 pesos, De la Vega recibió un millón de dólares por sus acciones y con ello, McTaggart se convirtió en socio mayoritario de NSC Agua.
No obstante de esta transacción, las acciones de Thompson no subieron de valor. “Después, en una asamblea, me dijeron que si no invertía 10 millones de dólares en una semana, mis acciones se iban a diluir. Yo me tomé el tiempo para intentar hacer un trato, pero no me respondían. Por Dios Santo, yo fundé el proyecto”, expresa el estadounidense.
Tras intentos fallidos por llegar a un acuerdo con McTaggart para pagar un precio menor por las acciones y así evitar que se diluyeran sus acciones, Thompson optó por presentar una demanda por operaciones fraudulentas en contra de Alejandro de la Vega Valladolid y de las empresas NSC Agua, SA de CV; Consolidated Water y Aguas de Rosarito.
En 2016, ya entrada la administración de Francisco Vega de Lamadrid, NSC Agua (propiedad de Consolidated Water y NSA Agua) y Nuwater conformaron Aguas de Rosarito, empresa que resultó ganadora de la Asociación Público Privada (APP) para la desaladora por la que los bajacalifornianos pagarán 76 mil 460 millones de pesos por los próximos 37 años.
“EL AGUA ES PARA LOS DOS LADOS”
Thompson no tiene duda que el involucramiento de Consolidated Water en la planta desaladora de Playas de Rosarito es para la venta de agua a Estados Unidos. Él mismo obtuvo dos cartas de intención, una del gobierno de Baja California y otra del Distrito de Agua de Otay, en las que expresan su interés, la primera por vender el agua y la segunda por comprarla.
Con esas cartas, interesó a Consolidated Water en el negocio. “El agua es para los dos lados. En Estados Unidos quieren el agua. La planta obtendrá en su primera fase más agua de la que necesitará Tijuana y Rosarito, pueden vender esa agua (sobrante) a territorio estadounidense”, comenta.
Esto ha sido confirmado incluso por el propio Rick McTaggart, según documentos públicos de Consolidated Water, pero el gobierno de Baja California, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, continúa negando que parte del agua que se obtenga de la desaladora tenga como destino Estados Unidos.
“No queríamos meternos en el negocio de la distribución, solamente vender el agua al Estado y que el Estado la distribuyera”, explica Thompson de las intenciones iniciales de la planta que se ha convertido en uno de los proyectos más rechazados socialmente.
Sin embargo, entiende la reciente urgencia de Consolidated Water por haber colocado la primera piedra del proyecto pese al embargo.
“En un negocio así se tienen que evitar los cambios de administración. Los gobernadores duran seis años y cada vez que hay un nuevo gobernador, hay nueva gente en la administración. Este debió ser un proyecto de siete años y ya han transcurrido diez desde su planeación, plantea.
ADVIERTEN A INVERSIONISTAS EN EU, MANTENERSE ALEJADOS DE CONSOLIDATED WATER
El abogado de Gough Thompson, Roberto Vega Treviño, tiene claro que este litigio mercantil tiene consecuencias para la imagen de Consolidated Water ante sus inversionistas potenciales y actuales.
Thompson lo explica así: “La mayoría del dinero (para la desaladora) viene de desarrolladores estadounidenses, no van a querer estar involucrados tan solo que se termine el litigio”.
Añade que dentro de poco, McTaggart tendrá que rendir un informe a sus socios sobre el estado del litigio y con ello se podrían revelar aspectos de la demanda sobre cómo devaluó de sus acciones para quedar como socio mayoritario.
La consultoría estadounidense Zacks Equity Research publicó el 29 de marzo un informe titulado “Estas son las razones por las que debes mantenerte alejado de Consolidated Water en estos momentos”.
En el documento se reporta que la empresa registró pérdidas estimadas en un 20.33% en el último cuatrimestre, mientras que las ganancias estimadas para 2018 y 2019 cayeron 10.9 y 6.6%, respectivamente, en los últimos 60 días.
El informe explica que el 45% de las ganancias totales de la empresa se concentran en dos cuentas con su principal cliente. “Su fracaso al renovar contratos con alguna de estas cuentas impactará de manera adversa sus operaciones, flujo de efectivo y condiciones financieras”.
De ahí, explica por qué la desaladora de Playas de Rosarito parece su único salvavidas: “La compañía sigue buscando nuevas oportunidades para expandir sus operaciones en mercados que tienen requisitos significantes para agua potable como el proyecto de Rosarito en México, el cual vendrá a mejorar el desempeño de la empresa”.
MALA SEÑAL QUE AGUAS DE ROSARITO NO TENGA DOMICILIO
Tras el embargo dictado por el Juzgado Décimo Civil, Gough Thompson se muestra optimista de su caso. “Me siento tranquilo, me da confianza que las autoridades judiciales están actuando de manera imparcial”, dice.
Sin embargo, su abogado, Roberto Vega Treviño, comenta que solo Alejandro de la Vega ha podido ser notificado del juicio mercantil ordinario y del embargo. Esto porque el domicilio brindado por Aguas de Rosarito en documentos oficiales aparece desocupado y no han actualizado sus datos de ubicación.
“Si no tienes nada que esconder ni nada que pagar, ni has hecho nada malo, entonces ¿por qué te escondes? Es un mensaje muy negativo, una muy mala señal que la principal entidad comercial en la desaladora, Aguas de Rosarito no pueda ser ubicada”, refiere.
De no poder ser localizada la empresa ni su representante legal, se procedería a la publicación de edictos durante un periodo de dos meses y, si ni así se presentan en el Juzgado, entonces la autoridad judicial los puede señalar de rebeldía.
No obstante, ni Thompson ni su abogado descartan llegar a un acuerdo fuera de tribunales, si es que se les paga el valor real de las acciones.
“Si yo fuera ellos, intentaría tomar el teléfono y llamar para saber si se puede llegar a un acuerdo, soy litigante desde hace 25 años y cada litigio es muy costoso y consume mucho tiempo, espero se pueda establecer un puente de comunicación”, añade.
Thompson va más lejos. Advierte que Rick McTaggart, propietario de Consolidated Water y prácticamente el dueño de la desaladora, “no es una persona en quien pueda confiar, me trató de una manera injusta, me traicionó en este negocio y no se trata de venganza ni estamos pidiendo más del valor del 25% de las acciones; nosotros no hicimos nada ilegal, de su lado, sí”.
