La falta de coordinación, protocolos y leyes en materia de desaparecidos, aunado a la falta de sensibilidad y capacidad de las personas encargadas de las dependencias involucradas en el tema, han generado que los procesos burocráticos se conviertan en tortuosos laberintos que más allá de coadyuvar, en muchas ocasiones obstaculizan los trámites y avances de las investigaciones. Capea, Ministerio Público, hospitales, delegaciones, Semefo, funerarias, son algunas de las instancias donde tienen que hacer escala obligatoria los familiares de desaparecidos para poder indagar el paradero de los suyos. Autoridades señalan que se necesita de mucha “certeza”, por ello los procesos son tardados
El señor “José”, como decidió identificarse para resguardar su seguridad, está convencido que cuando desaparece una persona, no solamente se va “así nada más”, dejando un hueco en la familia, sino que se lleva también el ánimo, la alegría, el amor y parte de la felicidad que los demás tenían cuando el desaparecido estaba en casa, además que deja un profundo dolor que difícilmente desaparece de sus corazones.
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Sin embargo, a personas como él le duele todavía más que a pesar de la situación de vulnerabilidad en que los deja un desaparecido, tengan que enfrentarse a largos procesos con la insensibilidad, la falta de protocolos y profesionalismo entre las personas que encabezan y laboran en las dependencias enfocadas en el tema, quienes en muchas ocasiones, contrario a coadyuvar, retraen y truncan las investigaciones.
Sobre todo, el propio personal del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) y del Servicio Médico Forense (Semefo), como coincidentemente señalaron algunas de las víctimas consultadas por ZETA, a quienes acusan también de tener una falta grande de coordinación y de protocolos en estos casos, los cuales permitan agilizar los procesos tanto de indagación como de identificación y liberación de los cuerpos, una vez que han sido encontrados.
Un ejemplo que puntualizan los afectados es el constante ir y venir que deben hacer entre una instancia y otra, debido a los requisitos que se piden en un lugar, tienen que ser revisados en otro, y viceversa, generando “una pérdida de tiempo, de dinero, de energía y de ánimos”; otro gran obstáculo es el hecho de que los agentes que les son asignados, difícilmente mantienen una comunicación y contacto, lo cual conlleva que las personas hagan la búsqueda por su propia cuenta.
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Autoridades como el licenciado Miguel Ángel Guerrero, titular de Capea, aseguró en entrevista para este Semanario que, más allá de entender el dolor de las personas y la desesperación, provocados por el hecho de no saber nada de sus familiares, se requiere ser muy prudentes y además de tener mucha “certeza” en lo que se hace y se aplica, tanto en los procesos de investigación, como al momento de identificar y liberar un cuerpo.
Sobre todo porque no siempre, los casos son denunciados como realmente suceden los hechos, se omite información relevante que muchas veces tiene que ver con el narcomenudeo o se identifican cuerpos que no corresponden y no se pueden incurrir en una omisión de tal magnitud que les implique una irresponsabilidad muy grave.
Proceso truculento; encuentra cuerpo de su hijo gracias a notas periodísticas
El 29 de mayo de 2017, el hijo del señor “José” salió de la casa y no mandó ningún aviso de su paradero durante toda la noche, al día siguiente, sus padres se preocuparon por no saber nada de él y eso les llevó a buscarlo con foto en mano en todas las delegaciones de la ciudad para ver si lo habían detenido, pero no estaba y emprendieron una larga marcha por la Cruz Roja, el Hospital General y otros centros médicos, sin resultados positivos.
Foto: Archivo.- Personal de Semefo colocando cuerpos en fosa común.
Tres días después, el señor supo de Capea y se dirigió a poner el reporte, le pidieron datos precisos, como su nombre, lugares que frecuentaba, señas particulares como cicatrices, lunares, tatuajes o alguna otra que les ayudara a investigarlo, sin embargo, su hijo no tenía ninguno de estos rasgos y en la estancia le hicieron saber que eso haría un poco más difícil el proceso para localizarlo.
Sin otra instancia o persona a quién recurrir, el señor “José” se aventuró a buscar noticias, tanto en las redes sociales y medios electrónicos, así como algunos impresos como ZETA, donde comenzó a obtener los primeros indicios gracias a una nota en la que se mencionaba que el día 30 de mayo habían detenido -por el área donde viven, en la colonia Mariano Matamoros- a tres personas con un cuerpo decapitado, situación que le compartió al “Agente Arreola”, quien llevaba su caso en Capea.
Primer obstáculo, las pruebas de ADN
A partir de ese momento, su calvario comenzó y se agudizó. A pesar de que había hilado concretamente la historia de su hijo gracias a que estuvo día y noche relacionando hechos, personas, momentos, lugares, historiales delictivos y demás, en Capea solamente anexaron al expediente la información que él les había compartido, mientras aseguraba que su hijo era el que había sido decapitado, sin descartar alguno otro que había sido calcinado por las mismas fechas y en la misma zona.
Eso lo llevó a solicitar pruebas de ADN, pero se las negaron, tenía que estar seguro de que se trataba de su hijo y además porque son “muy caras”, a pesar de que en Semefo de Mexicali facilitarían lo necesario para que allá, la Procuraduría hiciera una prueba, pero tampoco se concretó.
Agentes periciales, otro trabuco
Sin embargo, José siguió investigando por su cuenta y dos meses después, en otra nota publicada en este Semanario, encontró que uno de los tres detenidos hacía alusión al apodo de su hijo, por lo que insistió en Capea sobre su cuerpo, debido a que su hijo había desaparecido el 29 de mayo y al día siguiente detuvieron a estas personas con el cuerpo, todo sucedió por la misma zona de su casa y además hacían alusión al sobrenombre, pero eso no bastó para convencer al “Agente Arreola”.
La respuesta que le dieron fue que ellos no podían tener acceso a ello, mucho menos a cuestionar al detenido o investigarlo, porque eso llevaba “mucho tiempo” y no se podía hacer nada porque no se tenía la información necesaria, y se trataba además de procesos muy largos que requerían hasta seis meses. Claramente recibió “un rotundo no”.
Vinieron las amenazas
En un encuentro que el señor José tuvo con otro agente, a quien le mostró las notas periodísticas y toda la información que había recabado, contrario a recibir ayuda o alguna sugerencia para la investigación, el agente lo amenazó directamente para que dejara de investigar por su cuenta, que dejara de meterse en lo que no le importaba y los dejara a ellos trabajar porque a fin de cuentas, “para eso les pagaban”, y además le advirtieron que si tenía más hijos, mejor se dedicara a cuidarlos, “no les fuera a pasar algo”.
Esto generó miedo y desconfianza sobre las autoridades; de modo que José dejó de buscar durante una semana, hasta que se animó nuevamente gracias a la Asociación de Desaparecidos de Baja California, y a que personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), lo impulsaron para juntos presionar con la finalidad que se le comenzara a tomar más en cuenta.
Prueba de ADN resultó positiva
Gracias a otra nota que encontró en ZETA, el señor observó que se hacía alusión al domicilio donde se había detenido a las personas que llevaban consigo el cadáver decapitado, y con esa referencia se dirigió a Semefo para ver el cuerpo. Revisando las fotografías, no se convenció totalmente de que el cuerpo que ahí tenían, fuera el de su hijo, sin embargo, pidió que le mostraran toda la información que tenían y coincidió en fotos, que el cuerpo llevaba las mismas ropas de la última vez que lo vio.
Foto: Archivo.- Fachada de Semefo, instancia donde se resguardan y reconocen los cuerpos.
Por lo tanto pidieron las autoridades que se contrastara la muestra de ADN que se había hecho con la asociación, unos días antes, y esta dio positiva.
Fosa común, la traba final
El cuerpo de su hijo ya se encontraba en fosa común, situación que consideró, se hubiera evitado si las autoridades hubieran tomado en cuenta su petición de revisar el cuerpo desde un principio. José tuvo que realizar una serie de trámites para la liberación del cuerpo. Más trabas, pues lo mandaron de un lugar a otro, además las diligencias para la exhumación y los servicios funerarios, le causaron más gastos.
El 23 de enero, el cuerpo fue exhumado en el Panteón Municipal, otro problema: las personas enviadas por la Funeraria Latinoamericana estaban en un predio distinto al que se les había señalado en la hoja del permiso de exhumación, lo cual generó un conflicto porque no lo querían cambiar y no mostraron ni un menor ápice de respeto y profesionalismo, además les cobraron ocho mil pesos por el trabajo, cuando ese cobro se les hace directamente cuando se adquieren los servicios.
El calvario del señor José concluyó cuando recuperó el cuerpo de su hijo y lo sepultó ocho meses después de una incesante búsqueda en la que, a su parecer, nunca tuvo como aliadas a las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación.
Se requiere de mucha “certeza”
Miguel Ángel Guerrero Castro, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la PGJE, resaltó que ante toda situación referida al tema de los desaparecidos, se debe tener muchísima “certeza” al momento de decidir y hacer algo en ese sentido, debido a que se puede incurrir en una irresponsabilidad muy grave, tanto para la investigación, como para identificar o liberar un cuerpo, ya que se tiene que tener bien claro lo que se va hacer.
Justifica así lo tardado de los procesos, además que diariamente se registran alrededor de 10 reportes por desaparecidos y un solo agente lleva varios casos en investigación; por ello se pide a los familiares, una serie de requisitos que van desde que la persona que reporta el hecho sea un familiar directo para aportar la información necesaria y precisa, con el fin de tener un mayor expediente con características precisas para su investigación.
Otra situación que en Capea se toma en cuenta y que “sí vale mucho” es la aportación que la familia hace de la investigación realizada por ellos mismos, debido a la cercanía que tienen con la sociedad, ya que aportan datos que pueden ser relevantes; por lo tanto, “sí se toma en cuenta ello” y para eso se les asigna un agente en particular para estar en constante comunicación con ellos.
Explicó Guerrero que muchas veces los casos no se cuentan como realmente suceden o hay cosas de fondo que no se quieren contar, sobre todo cuando resulta que estos van encaminados al tema del narcomenudeo, en los que no se pueden aventurar solamente por el hecho de que la familia lo afirme, sino porque le consta y ahí se finca la investigación.
De las exhumaciones resaltó que se manejan de igual manera, la certeza la debe tener la familia para identificar a quien pudiera ser su consanguíneo, principalmente porque en esos casos se requiere de mucho papeleo con Ayuntamiento y Semefo, además que las pruebas de ADN son muy caras y rondan los 40 mil pesos.
Semefo dependiente de la PGJE
El doctor César González Vaca, coordinador estatal de Semefo, resaltó que todo lo relacionado al reguardo de los cuerpos, tiene que ver con ellos, los cuales pasan primero por la Procuraduría para ser registrados y posteriormente es ahí en donde se toman muestras de ADN, registran su ingreso, toman fotografías, notifican las señas particulares, los datos de dónde fue levantado, todo con fines de identificación; aunque a fin de cuentas es la Procuraduría la que autoriza si un cuerpo es liberado para su entrega o exhumación.
