“No existe animal más peligroso que el hombre sin ley”
Girolamo Savonarola
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Está claro que no existe absolutamente ningún sistema de justicia que sea perfecto en el mundo. Los países con una larga tradición jurídica, con gran desarrollo económico y consecuentemente industrial, como Gran Bretaña o Estados Unidos, Francia, solo por citar algunos ejemplos, tienden a ver a los países en desarrollo, como México, con una visión totalmente distinta y con un proceso de severidad diferente.
El 18 de junio de 2008 se publicó el decreto mediante el cual se realizó la reforma jurídica más trascendente e importante en México, dentro de la administración del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa. La reforma abarcó tres aspectos fundamentales: A) El Sistema de Seguridad Pública; B) La incorporación del sistema acusatorio de Justicia en Materia Penal y C) La Reforma en Materia Penitenciaria. Por ahora abordaremos el tema relativo al Nuevo Sistema de Justicia Penal que en principio, una gran cantidad de abogados aseguraban que finalmente esta reforma no entraría en vigor, puesto que se dio un plazo de ocho años para que se fuera incorporando paulatinamente en las diversas entidades de la República; algunas de las cuales, fieles a la reforma en comento, empezaron inmediatamente a incorporar el Nuevos Sistema de Justicia Penal en sus respectivos territorios, como es el caso de Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, dentro de otros y hubo también algunas entidades de la República que se atrasaron de manera muy irresponsable en la preparación para el cambio que se suscitaría en todo el país, como fue el escandaloso caso de Sonora, que a meses de la reforma, se encontraba totalmente incapacitado para ello.
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Recordemos que en México, el abogado no está acostumbrado a realizar estudios de posgrado, como puede ser especialidades, maestrías y en casos más excepcionales, doctorados. Escuchamos como decían: “el sistema no se aplicará al entrar en funciones la administración del entonces nuevo titular del Poder Ejecutivo Enrique Peña Nieto, se dará marcha atrás a esta reforma”.
Finalmente e ignorando muchísimos ciudadanos en el país que México se había suscrito junto con otras naciones al compromiso de incorporar el Sistema Acusatorio. Finalmente llego la fecha y entró en vigor el sistema. Los recursos económicos que se destinaron para implementar este Nuevo Sistema de Administración de Justicia fueron desviados para otras tareas, como ya hemos indicado, fieles al pronóstico de que no se implementaría. En algunas entidades de la República es verdaderamente vergonzoso el tipo de salas penales que se tienen para desarrollar las audiencias. En Baja California, en donde reside quien escribe estas líneas, el caso tampoco es la excepción, más de 12 salas existen en el Partido Judicial de Mexicali, en donde se tienen menos de 65% del trabajo que en el Partido Judicial de Tijuana, por ejemplo, en donde existen cuatro penosas salas, muy reducidas por cierto, para la celebración de estas audiencias del Nuevo Sistema.
En Tijuana desaparecieron los Juzgados Décimo y Noveno de Primera Instancia de lo Penal y ahí se acondicionaron estos locales en donde ahora litigamos quienes nos dedicamos a la Materia Penal. ¿Qué es lo que ha sucedido a partir de la implementación de este sistema? Muchos cuestionamientos, una grave desorientación de la ciudadanía, puesto que nunca se trabajó en mostrarle a los mexicanos cómo sería su nuevo modelo de impartición de justicia, lo que ha servido para que una serie de ineficientes, improvisados y negligentes servidores públicos, tanto de seguridad pública como de la Procuraduría de Justicia Federal y Local, sirvan de pretexto para disfrazar la irresponsabilidad con que se conducen en la difícil tarea de la investigación y persecución del delito.
El diario estadounidense The Washington Post advirtió que, a partir de la implantación del Sistema Penal Acusatorio en todo el país, los resultados habrían de ser caóticos.
En el reportaje citado el WP indica que, si bien este sistema es la revisión más profunda de la estructura legal en México en más de un siglo, el reparto de culpas y la confusión reinan en cada eslabón de la cadena legal, sobre todo en estos dos últimos años en que se ha intensificado la violencia. Así por ejemplo se dice que:
* La Policía se queja de horas perdidas en llenar formas “demasiado laboriosas”.
* Los Agentes del Ministerio Público culpan a los jueces por liberar a los delincuentes.
* Los Jueces acusan a la policía bastante mal capacitada de cometer errores en las escenas del delito y en las detenciones que se tornan inconstitucionales.
Mientras tanto, los poderosos cárteles de la droga están explotando las debilidades en el Nuevo Sistema y están forzando a las autoridades a través de amenazas de muerte y sobornos, según indica el reportaje citado.
El autor fue Presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, A.C., y candidato a Doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
