Debido a una negligencia médica, acusan familiares, un joven de 19 años falleció el 28 de marzo en las instalaciones del Hospital General, luego que se infectó de una bacteria maligna en dicho nosocomio y no le proporcionaron el medicamento adecuado, a pesar que contaban con un amparo federal que obligaba a la institución a ello. La familia espera se haga justicia e interpusieron una demanda ante la PGJE. Derechos Humanos abrió carpeta de investigación para seguir el caso, mientras autoridades del hospital se reservaron la opinión
Acusados por el delito de responsabilidad médica y técnica, médicos y autoridades del Hospital General de Tijuana (HGT) que resulten responsables tendrán que responder ante el Ministerio Público, por la muerte de Luis Francisco Cervantes Palma (19 años de edad), quien falleció el miércoles 28 de marzo en esa institución de salud, luego de una negligencia.
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Amparo.
La responsabilidad que buscan fincar, es debido a que no se respetó un amparo federal promovido por Juana Corral -abuela del joven- otorgado en suspensión de plano por el juez Francisco Caballero Green, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en Baja California, el 12 de marzo, en el que se obliga a las autoridades responsables de la salud del paciente a brindar el tratamiento y atención adecuada para que no se ponga en riesgo la salud e integridad física de la persona.
Omisión que se materializó después que al joven no se le suministrara el medicamento adecuado, de nombre Colistina, para contrarrestar una infección por una bacteria llamada Acinetobacter Baumannii, considerada “riesgosa y mortal”, que contrajo en dicho nosocomio a través del respirador artificial, luego de una operación quirúrgica de emergencia que le realizaron en febrero.
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Consultado por ZETA, el abogado Benigno Licea González, especialista en la materia y ex presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, detalló que un desacato a una suspensión otorgada por el Juez de Distrito, sobre todo cuando es “de plano”, es un delito federal grave que tiene como merecimiento la pena privativa de la libertad y como consecuencia, la destitución del funcionario o los funcionarios que no acataron dicha suspensión.
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SOBRE LOS HECHOS
El 23 de febrero, Luis Francisco fue llevado por paramédicos -no especificados- a la sala de urgencias del Hospital General, debido a que al parecer había sido baleado en la calle Miguel F. Martínez en la Zona Norte de la ciudad y presentaba dos heridas de consideración en abdomen y mandíbula derecha.
De esas intervenciones salió estable, aunque presentó altos índices de fiebre y se le estuvo suministrando antibiótico; el 2 de marzo el joven presentó un cuadro diarreico y se le ajustó el medicamento para contrarrestarlo, como se menciona en la nota de defunción que personal del Hospital General proporcionó a los familiares.
Luego de una valoración por medicina interna, el día 9 del mismo mes se detectó la infección de la bacteria que se le había contagiado al momento de ponerle el respirador artificial, por lo que se le diagnosticó neumonía por Acinetobacter Baumannii, y se le pidió a la familia conseguir el medicamento especializado Colistina.
La abuela del joven, Juana Corral, fue avisada de dicha situación por un visitador de Derechos Humanos de nombre Sergio “N”, como lo hizo saber a ZETA y como refiere también en la declaración que rindió ante el Ministerio Público, en la que detalla que una doctora de apellidos Gaytán Galván le expidió una receta médica -número 643044- para que consiguiera ese medicamento que no manejaba el hospital y de suma importancia, de lo contrario, su nieto “iba a morir”.
A la abuela no le fue posible conseguirlo, le dijeron que este “solamente se consigue en Colombia”, por tal situación los médicos cambiaron el medicamento indicado por Linezolid, antibiótico que suele utilizarse para el tratamiento de infecciones bacterianas graves, y se le informó a la familia que luego de otra valoración, se había detectado finalmente una tuberculosis pulmonar, por lo que medicaron a Luis Francisco acorde a ese “nuevo diagnóstico”.
NO SE RESPETÓ SENTENCIA DEL JUEZ SEÑALADA EN AMPARO
Esto generó incertidumbre y sospechas en la abuela, debido a que anteriormente le habían resaltado la importancia del medicamento que no pudo conseguir, sobre todo porque la doctora que le expidió la receta le había dicho que su nieto podría morir, por ende, el 12 de marzo promovió un juicio de amparo con número 390/2018-E, decretado por el juez anteriormente mencionado.
Receta médica.
En este amparo de suspensión de plano se señala que es “imperativo que las autoridades responsables, dentro de sus facultades, establezcan las medidas que estimen convenientes para brindarle el trato médico apropiado y, atento a su resultado, se suministren los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar su vida”.
Sin embargo, esto nunca fue respetado, porque nunca se consiguió dicho medicamento y el paciente falleció unas semanas después, el miércoles 28 de marzo, en las instalaciones del HGT por choque séptico, como se informó en la nota de defunción -firmada por la doctora Lorena Álvarez Rimi y el doctor Estolano-, en la que también se menciona que el paciente tuvo neumonía por Acinetobacter Baumannii y tuberculosis pulmonar, además de una lesión renal aguda.
BACTERIA MORTAL QUE SE CONTAGIA EN HOSPITALES
De acuerdo con un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado el 27 de febrero de 2017, la Acinetobacter Baumannii es una bacteria “patógena” de prioridad crítica, por su condición de ser resistente a la mayoría de los antibióticos, es considerada como una de las 12 familias de bacterias “más peligrosas para la salud humana”, sobre todo porque se contagia en hospitales mediante ventilación artificial o catéteres intravenosos.
Esta bacteria suele causar severas infecciones en los pulmones, la sangre y el cerebro, lo cual puede ser mortal, debido a que cuando se contagia en un hospital, las personas hospitalizadas con frecuencia están más enfermas y no pueden combatir los microbios, de ahí la importancia de suministrar el medicamento acorde y adecuado para contrarrestar la bacteria.
RESPONSABLES TENDRÁN QUE SER DESTITUIDOS; PODRÍAN ENFRENTAR UN PROCESO LEGAL
Debido a la omisión de los médicos que llevó a la muerte a su nieto, aunado a la falta de seriedad médica por tratarse de una bacteria tan peligrosa que ronda en dicho hospital, el 3 de abril, la señora Juana Corral interpuso una demanda ante el Ministerio Público que quedó asentada bajo el Número Único de Caso (NUC) 0204-2018-15700 por el delito de responsabilidad médica y técnica en contra de quien resulte responsable.
Consultado por este Semanario, el abogado Licea González señaló que ya con la demanda se tiene que investigar a fondo el porqué del cambio del diagnóstico que hicieron los médicos, porque si así fue, se prevé como una acción para no acatar la suspensión del Juez de Distrito de dar el medicamento necesario y eso se considera como un delito federal grave, que tiene como merecimiento la pena privativa de la libertad y como consecuencia, la destitución de los funcionarios.
Resaltó que el asunto se torna grave porque al analizar la demanda de amparo, el juez otorgó la suspensión de plano, es decir, la sentencia que se dictó para que las autoridades responsables otorgaran el medicamento y atención adecuada, era definitiva, tomando en cuenta la gravedad de la omisión de las propias autoridades; por lo tanto, en definitiva cree que hay un asunto violatorio y de delito en este caso, por lo que necesariamente tendrán que separar de sus cargos a quienes resulten responsables.
Esto se cataloga como delito de responsabilidad médica, técnica y profesional consistente en homicidio, dijo, porque aunque no hay una conducta dolosa, sí existe una conducta por omisión, debido a que la institución médica dejó de hacer lo que era su obligación: atender al paciente y proveerle su medicamento, lo cual le ocasionó la muerte.
CEDHBC ABRIÓ EXPEDIENTE PARA DOCUMENTAR EL CASO
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) abrió el expediente de queja 199/18/4VG en contra del HGT, la cual se encuentra en integración en la Cuarta Visitaduría General.
En esta se especifica que los principales hechos violatorios fueron el omitir recibir atención médica y omitir suministrar medicamento al paciente ya fallecido, además, los presuntos derechos humanos vulnerados son el derecho a la protección de la salud, al trato digno y a recibir un trato digno y respetuoso.
Con esta, el HGT suma 14 quejas en su contra en lo que va de 2018, en las que se señalan que los hechos violatorios son por omisiones en cuanto a proporcionar atención médica, implementar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud y suministrar medicamentos.
En 2017 se presentaron 129 quejas contra del mismo nosocomio, por omisiones al proporcionar atención médica, no proporcionar atención médica por un especialista, negligencia médica y realizar deficientemente los trámites médicos.
HOSPITAL QUERÍA COBRAR 42 MIL PESOS; REALIZARÁN SEGUNDA AUTOPSIA
Angélica Ramírez, coordinadora del colectivo Una Nación Buscando “T” y asesora jurídica de la familia de Luis Francisco, detalló a este Semanario que el mismo miércoles 28 de marzo solicitaron la liberación del cuerpo del joven y no le quisieron realizar el trámite, so pretexto de que tenían que pagar 45 mil 285 pesos por el servicio médico que se le otorgó al paciente y por los días de estancia en el lugar, por lo que familiares amenazaron con hacer pública esta situación tras encontrar imprudente dicho cobro.
Reporte de defunción.
Ese día, la señora Angélica recibió una llamada de una persona que “no se quiso identificar”, pero que le dijo era del HGT, quien le comentó, estuvo bien que le advirtiera a la trabajadora social que llevaría el asunto a los medios de comunicación para que se enteraran de esta situación, porque aunque ellos solamente siguen órdenes, saben que eso de los cobros lo impuso la subdirectora administrativa, Nancy Ramos Hernández.
La persona no identificada le confirmó que esa noche el cuerpo de Luis Francisco había sido liberado y sería llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lo cual confirmaron al día siguiente que fueron al sitio, como también lo reafirmaron a ZETA autoridades de dicha institución, donde le realizaron una autopsia que determinó que la causa de muerte fue por un “choque séptico”, que tiene que ver precisamente con una infección.
Sin embargo, la familia determinó que al cuerpo le practicaran una segunda autopsia para tener una segunda opinión respecto a los resultados emitidos por el HGT y Semefo -la cual podría realizarse este viernes 6 de abril- y poder enterrar al joven, y con ella obtener un resultado con el cual se haga justicia por la muerte de Luis Francisco, además, que se les repare el daño por las omisiones cometidas.
HGT SE RESERVA CUALQUIER OPINIÓN
ZETA buscó una entrevista con el director del Hospital General de Tijuana, doctor Clemente Zúñiga Gil, para conocer la versión y postura de las autoridades del nosocomio; sin embargo, mediante un comunicado oficial, hicieron saber que por el motivo de ingreso del paciente, el caso es considerado “médico-legal, por lo que no se cuenta con autorización para otorgar información detallada del mismo”.
Sin más explicación, indicaron también que actualmente la institución trabaja en coordinación con las instancias correspondientes para dar seguimiento a dicha investigación, en particular con la Procuraduría General de Justicia del Estado
