Como subdirector estaba encargado del conflicto territorial entre Ensenada y Rosarito; al principio de la administración fungió como director del DIF Municipal.
La mañana de este lunes el alcalde Marco Novelo tomó protesta como nuevo director de Asuntos Jurídicos a Tomás Burns Mendívil, en sustitución de José de las Fuentes Lara.
El nuevo director de Asuntos Jurídicos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, además cuenta con una maestría en Ciencias Jurídicas con enfoque constitucional.
Ha impartido cursos y capacitaciones en materia de grupos vulnerables, derechos de las personas adultas mayores y derecho a la educación en igualdad de condiciones, por mencionar algunas de sus actividades en el área profesional.
En la administración del XXII Ayuntamiento de Ensenada se desempeñó como director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y como subdirector de Asuntos Jurídicos.
RECHAZA SUPREMA CORTE AMICUS CURIAE
El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldivar Lelo de Larrea, se negó a darle entrada al escrito Amicus Curiae que presentó ante ese tribunal el Grupo Interdisciplinario Para La Defensa Del Territorio De Ensenada) dentro de la Controversial Constitucional que interpuso el Ayuntamiento de Ensenada para revertir el acuerdo tomado por el Congreso del Estado que resolvió otorgarle al municipio de Playas de Rosarito 168 kilómetros de territorio que, según el grupo, es propio del municipio de Ensenada.
La razón dada por el Ministro Saldivar fue que los 10 ciudadanos ensenadenses –integrantes del GIT- que presentaron el Amicus Curiae no son parte en la Controversial Constitucional.
Lo anterior lo informó el licenciado Alfonso García Quiñones, coordinador del GIT, quien manifestó que esa decisión del Ministro violó el artículo 14 constitucional porque no razonó ni motivó su negativa, como lo manda ese precepto de la Carta Magna.
Agregó el abogado que en su decisión de no admitir el Amicus Curiae el ministro tampoco expuso razón alguna de por qué no les reconocía a los miembros del GIT el derecho que ellos invocaron contenido en el artículo 23-1 inciso a) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de “participar de manera directa en los asuntos públicos”, derecho que se convierte en una obligación para todos los funcionarios públicos por el hecho de que nuestro país suscribió y es parte de esa Convención.
Por último, García Quiñones señaló que los miembros del GIT están analizando la posibilidad legal de recurrir esa decisión.
