El diputado Luis Moreno Hernández consideró que el acto encabezado por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, al colocar la primera piedra de la desalinizadora en Playas de Rosarito hace dos días, se trató de un acto de simulación debido al que el predio donde lo hizo está embargado.
Como se publicó en la edición más reciente de ZETA, una demanda interpuesta por uno de los socios de las empresas que conforman la asociación público-privada para la construcción y operación de la desaladora, resultó en que el Juzgado Décimo Civil ordenara el embargo del predio.
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Lo anterior implica además la suspensión de toda actividad comercial de las empresas involucradas. Por ello, para el diputado del Partido Encuentro Social (PES) que el gobernador y funcionarios federales, estatales y municipales, se hayan prestado a participar en un evento público para así dar el banderazo de inicio de la construcción, es un juego de simulación que muestra la falta de institucionalidad de la administración de Kiko Vega.
“Esta situación legal se viene a sumar a la serie de tropiezos y atropellos que el gobierno ha orquestado para forzar la desalinizadora que costará a los baja californianos más de 76 mil millones de pesos durante los próximos 37 años y que ha acumulado, desde su inicio, severos cuestionamientos y voces de rechazo desde diversos sectores”, dio a conocer el legislador a través de un comunicado de prensa.
Además, Moreno Hernández condenó que ninguna de las autoridades que participaron en el evento abordaran la situación del embargo ni la demanda que se discute en los juzgados, además de estar bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Recordó que el presidente de la compañía Consolidated Waters ha admitido públicamente que no cuentan con todos los permisos requeridos en ley para la construcción, por lo que resulta preocupante que tanto la autoridad federal como el Ayuntamiento de Rosarito, los cuales están encargados de emitirlos, avalaran el acto político al participar en él.
“El evento fue un montaje para dar certeza y calmar el nerviosismo de los inversionistas del proyecto en manos del gobernador, una estrategia irregular y sospechosa que busca legitimar sin razón ni argumentos ni diálogo el multimillonario endeudamiento a los bajacalifornianos”, opinó el diputado del PES.
Y añadió “es inaceptable que quienes participaron en ese evento no se muestren sensibles a las voces que han externado su preocupación por las consecuencias financieras, sociales y medioambientales de esta obra”, señaló.
Referente a la fuerte presencia policiaca que colocó varios filtros de revisión en el perímetro del evento para impedir el paso a un grupo de ciudadanos inconformes que buscaban llegar a los funcionarios, expresó “una vez más, el gobernador se escudó en la fuerza pública para callar las voces de los ciudadanos y esconderse en una posición de comodidad y simulación”.
