El gobierno municipal de Juan Manuel Gastélum Buenrostro creó la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable en octubre de 2017, con el propósito de concentrar en una sola oficina los esfuerzos de dependencias ya existentes para agilizar el tránsito vehicular y peatonal en la ciudad. Sin titular y sin operar a la fecha, contempla la creación de seis nuevas plazas y un aumento de 31 millones de pesos al Presupuesto de Egresos. A pesar de su aprobación en 2017, la dependencia sigue sin titular
La Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable que el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, creó en octubre de 2017, y que dijo no costaría al erario, realmente costará y mucho: 31 millones de pesos.
En el Presupuesto de Egresos 2018, destinaron una partida de 4 millones de pesos para sostener tan solo la oficina de quien será el secretario y cinco auxiliares, además de los incrementos a presupuestos de las dependencias a su cargo.
El Artículo 27 Bis del Reglamento de la Administración Pública Municipal, faculta a la nueva secretaría para la redacción de un Plan Integral de Movilidad Urbana Municipal que dé prioridad al acceso de bienes y servicios a peatones, ciclistas y transporte público; procurar la accesibilidad universal de las personas a vialidades, medios de transporte, rutas y destinos; incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte integrados y establecer políticas, planes y programas encaminados al mejoramiento de la infraestructura vial, entre otras.
SECRETARÍA DE GRAN TAMAÑO Y AMPLIAS FACULTADES
Tal como lo señala su reglamento interno, la Secretaría de Movilidad tendría a su cargo tres dependencias ya existentes, dos actualmente dependientes de la Secretaría de Gobierno, y la restante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
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Para el ejercicio fiscal 2017, la Dirección de Vialidad y Transporte contó con un presupuesto asignado de 3 millones 194 mil 748 pesos, además de 126 plazas de personal autorizadas, entre personal de confianza, de tiempo determinado, honorarios asimilables y comisionados de otras dependencias. Ahora transformada en la Dirección de Transporte Publico Municipal, para 2018 dicha dependencia ve incrementado su presupuesto en más del 900 por ciento, para quedar en 29 millones 280 mil 812 pesos, pero sin aumentar su personal.
A través de esta Dirección, la Secretaría de Movilidad se encargaría de la inspección, vigilancia, revisión mecánica e imposición de sanciones contra concesionarios del transporte público, así como presentar propuestas para la modernización del servicio, expedir la documentación necesaria para la circulación de los vehículos y elaborar dictámenes respecto a la definición de las vías e itinerarios del servicio de transporte público, así como las tarifas aplicables a cada modalidad.
El Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), responsable de la operatividad de la Ruta Troncal, contó para 2017 con un presupuesto de 15 millones 080 mil pesos, provenientes de un subsidio municipal y contemplando 21 plazas laborales. Con el mismo número de plazas para 2018, el SITT ve incrementado su presupuesto a 32 millones 080 mil pesos.
Con ello, la secretaría tendría a su cargo la gestión, planeación, administración, operación, control, construcción, mantenimiento y conservación del SITT, así como la administración, operación, mantenimiento y conservación de vialidades, portales terminales, sitios y cualquier otro espacio público o privado que tenga injerencia directa con la operación del sistema, según lo señala el reglamento interno del organismo.
El Instituto Metropolitano de Planeación (Implan), que en 2017 contó con un presupuesto de 34 millones 148 mil 976 pesos y 33 plazas autorizadas, continuará con el mismo personal, pero viendo reducido su presupuesto a 18 millones 611 mil 192 pesos.
Además, el Implan aportará sus atribuciones a la Secretaría de Movilidad, entre las que se encuentran inventariar y registrar la obra pública ejecutada en la ciudad, así como proponer políticas en materia de desarrollo urbano mediante la elaboración de planes, programas y normas técnicas necesarias respecto de infraestructura urbana, estructura vial, transporte, equipamiento, servicios públicos y la zonificación urbana, entre otras.
De igual forma, la secretaría contaría en su estructura con la creación de tres nuevos cargos directivos, como lo son el secretario, director general y coordinador administrativo, contando entre los sueldos de estos y sus auxiliares y la incorporación de las tres dependencias ya existentes, un presupuesto total de 83 millones 976 mil 049 pesos; incremento al gasto respecto a 2017, de poco más de 31 millones y medio de pesos, es decir, 60% adicional.
Lo que también permanece incierto es donde se ubicará físicamente la dependencia, contemplándose como opciones otorgarle un espacio al interior de Palacio Municipal, al interior de la Delegación Centro o en las oficinas del SITT, como también se desconoce quién será nombrado titular de la misma, a pesar que el acuerdo de creación fue publicado en el Periódico Oficial del Estado desde el 30 de octubre de 2017.
PROBLEMAS A RESOLVER
“El término de movilidad tiene temas muy importantes, es la cuestión de las vialidades, va a concentrar el término de la señalización, a concentrar el término del transporte público y transporte privado, todo lo que tenga que ver con darle agilidad al transporte de ciudad” manifestó respecto a la finalidad de la nueva dependencia el secretario de Gobierno del Ayuntamiento, Leopoldo Guerrero Díaz.
“En Tijuana tenemos un problema muy fuerte en términos de tráfico, en todos los ámbitos, en transporte particular, en transporte vehicular, en transporte de carga, en términos de señalamientos, y toda esa parte la va a concentrar un área que si nos va a permitir que pueda concentrarse netamente con un presupuesto directo y cuya función sea darle, precisamente como lo dice el nombre, más movilidad a la ciudad”, respondió a ZETA el funcionario, al cuestionársele si la conformación de una nueva dependencia era un paso necesario.
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Sobre el par de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el 2 de enero, que señalan un estado general de poco o nulo acceso de las personas con discapacidad al transporte y espacios públicos en los cinco municipios de la entidad, afirmó que en cuanto al transporte, esta se encuentra garantizado con la Ruta Troncal, sin embargo, se buscará extender esa accesibilidad al resto de las opciones de transporte en Tijuana.
“Se está trabajando con el empate de lo que son las leyes tanto federales, estatales y municipales. Una vez que se haga este ajuste de las normas, podremos hablar lo que es la propuesta de quien la encabezará y donde estará instalada”, declaró, agregando se espera tener definidas estas cuestiones a más tardar en junio próximo.
En su momento, el antecesor de Guerrero en el cargo, Raúl Felipe Lúevano Ruiz, manifestó a ZETA que la creación de la Secretaría de Movilidad no se derivaba de un pobre desempeño del Director de Vialidad y Transporte, Javier Salas Espinoza, sino que al contrario, se había logrado llevar una buena relación con el sector transportista, como lo demuestra la falta de inconformidades por parte de los concesionarios y que estos hayan accedido a becar con transporte gratuito a estudiantes de bajo nivel económico.
RESULTADOS JUSTIFICARÁN O NO CREACIÓN DE DEPENDENCIA
Lejos de requerirse la creación de una nueva dependencia, lo que hace falta es una correcta coordinación entre dependencias, sostuvo el doctor Tito Alegría, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), si bien señaló deberá dejarse trabajar a la nueva Secretaría y pronunciarse sobre su justificación de acuerdo a sus resultados.
Para el catedrático, el principal problema de movilidad que presenta Tijuana es la concentración de fuentes laborales, bienes y servicios privados y públicos en una zona de alrededor de cinco kilómetros cuadrados, siendo esta el área comprendida entre el Centro Histórico de la ciudad y la “5 y 10”.
Esto genera que los habitantes de Tijuana concentren gran parte de sus traslados -en vehículo propio o transporte público- hacia dicha zona, por lo que una alternativa para combatir el denso tráfico sería la creación de subcentros urbanos, para lo que se requeriría incentivar a la iniciativa privada para desarrollar otras zonas de la ciudad.
Para lograr este propósito, se requeriría que el Implan tome el papel principal, dotándose a esa dependencia de toda la información que puedan recabar la Dirección de Vialidad y Transporte y el SITT sobre demanda y trayectos en el transporte público, de manera que pueda preverse el crecimiento de la ciudad, de acuerdo a los patrones ya existentes.
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A través del Implan puede realizarse una zonificación adecuada de los usos de suelo en la periferia de la ciudad, lo que permitiría una redistribución del mercado y los servicios públicos, contribuyendo a la reducir los tiempos y distancias de los traslados vehiculares, lo que Alegría estimó, puede realizarse sin la necesidad de crear una nueva dependencia.
Al respecto, el regidor independiente Roberto Quijano Sosa expuso que su voto contra la creación de la Secretaría de Movilidad obedece a que las atribuciones y responsabilidades que se están asignando a la misma, ya las tienen otras dependencias existentes y que no están cumpliendo con las mismas, por lo que debe evaluarse lo que se tiene y “echarlo a funcionar”.
POCO ESPACIO PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Por solicitud de información por parte de ZETA, el XXII Ayuntamiento de Tijuana manifestó que la Secretaría de Movilidad no contará con un comité ciudadano propio, sino que se servirá del Instituto Municipal de Participación Ciudadana (Impac), dependencia que no ha cumplido con sus funciones, según señala el regidor Quijano, y que a través de las administraciones municipales solo ha servido para la colocación de funcionarios sin trabajo.
La dependencia contaría, a través del Implan, con un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, próximo a constituirse, además del Consejo Municipal del Transporte Publico, que en la administración de Jorge Astiazarán no fue tomado en cuenta para la creación del SITT.
Dichos consejos han sido utilizados para la legitimación de decisiones, ya que en la actual administración las decisiones trascendentales no se toman de manera colegiada, sino que se lleva a cabo el designio del alcalde. Quijano concluyó que para que la ciudadanía realmente participe de las acciones del gobierno municipal, debe consolidarse el uso de figuras legales como el referéndum, el plebiscito y las iniciativas y consultas ciudadanas, de manera que la sociedad pueda impulsar las medidas que considere pertinentes para el correcto desarrollo de Tijuana y revertir aquellas que le sean perjudiciales.
OCURRENCIA DEL ALCALDE, ACUSA OPOSICIÓN
Entre los señalamientos contra la creación de esta nueva secretaría, vertidos durante la discusión en sesión de Cabildo por regidores ajenos a la fracción panista, el regidor por el Partido Encuentro Social, Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, acusó que el hecho de que el tema se considerase de pronta y obvia resolución era equivocado, al entregarse los documentos del punto de acuerdo con solo un par de días de antelación a la discusión.
Por esto y por la manifestación del regidor panista Arnulfo Guerrero respecto a que el reglamento aprobado estará sujeto a revisión y perfeccionamiento, la regidora priista Julieta Aguilera consideró que la propuesta debió mandarse a las comisiones correspondientes, como la de Fortalecimiento Municipal, presidida por el independiente Roberto Quijano Sosa, la que no participó en la elaboración del punto de acuerdo.
Por su parte, Mónica Vega opinó que esta secretaría bien pudiera ser otra ocurrencia más de Gastélum, la que no se justificaría si las dependencias que se agruparán bajo la misma, realizarán su trabajo eficientemente.
En la visión de la regidora, la creación de esta dependencia podría ser un pretexto para pagarle mejor a alguien que ya se encuentre en la nómina, como sucedió durante la administración de Carlos Bustamante y con la creación de la Secretaría de la Juventud, encabezada por Juan Carlos Chairez, quien en dicho cargo percibía alrededor de 70 mil pesos mensuales.
