Luego de que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) acusó que 34 personas detenidas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron torturadas por autoridades federales para auto inculparse y señalaran a otros posibles responsables por dicho caso, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que dicha práctica no ha sido acreditada con base a dictámenes del Protocolo de Estambul, “salvo en algunos casos excepcionales”.
“Como en su momento se hizo notar a la OACNUDH, su Informe omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul). Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el Informe”, respondió la PGR sobre las acusaciones de la ONU-DH.
“Al respecto, y como también se informó a la [Comisión Interamericana de los Derechos Humanos] CIDH, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente. No obstante, se continúan realizando las diligencias correspondientes”, y añadió la Procuraduría.
La PGR añadió que existen otras pruebas en los expedientes, “más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales”, además de que mostró preocupación que el informe de la OACNUDH arroje conclusiones sobre situaciones “que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial”.
“Como lo reconoce la OACNUDH, este informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes. En este sentido, el Informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso”, reiteró la Procuraduría.
“Como se informó a la CIDH en su último período de sesiones, celebrado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018, la investigación de este caso constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado mexicano, que ha registrado avances importantes recientes, que no se consideran en el informe de la OACNUDH”, indicó la PGR.
Además, la dependencia Federal abundó que el caso Iguala es objeto de un trabajo “intenso” con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha Comisión. La PGR recordó que en las últimas semanas se ha allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas.
La Procuraduría reveló que en diversas reuniones de alto nivel con el Representante en México de la OACNUDH, Jan Jarab, el Gobierno de México compartió consideraciones y puntualizaciones importantes sobre el contenido del informe de la ONU-DH, en particular en relación con su metodología y los vacíos de información que contiene, “señalando que todas las presuntas violaciones e irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes”.
El informe titulado “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, que documenta las torturas sufridas por los detenidos entre septiembre de 2014 y enero de 2016, fue presentado este jueves, en Ginebra, Suiza, por parte del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein; y en la Ciudad de México, por el representante en el país de dicha Oficina, Jan Jarab.
En 34 casos de personas procesadas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, hay evidencia sólida que revela tortura por parte de elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal (PF) o la Secretaría de Marina (Semar), según concluyó el informe de la ONU-DH.
Según el documento las 34 personas -33 hombres y una mujer- fueron torturados con el objetivo de que se auto inculparan y señalaran a otros posibles responsables, además de que fueron víctimas de otras violaciones a sus garantías fundamentales, durante y después de ser detenidas, por parte de agentes del Gobierno Federal, entre ellos, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón De Lucio.
