Un atraso de siete meses, licitaciones fuera de la fecha correspondiente y falta de un Manifiesto de Impacto Ambiental, son algunas de las irregularidades en la construcción del Centro de Justicia Federal en Mexicali, las cuales fueron evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación
Diversas irregularidades fueron detectadas en la construcción del Centro de Justicia Federal en Mexicali, el cual, a más de seis meses de la fecha pactada, no ha sido entregado y según trabajadores de la dependencia, no tienen fecha para ocupar el nuevo inmueble donde aún se realizan trabajos y se subsanan algunos detalles.
En su último informe, la Auditoría Superior de la Federación señaló algunas irregularidades detectadas en el edificio de dos pisos, cuya responsabilidad es de la Constructora Sawam S.A. de C.V., originaria de Hermosillo, Sonora, y representada por Christian Eduardo Amaya Quintero, la cual modificó su domicilio a Mexicali tres meses antes de emitirse la convocatoria y el fallo a su favor.
Cabe recordar que el contrato CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016 fue uno de los últimos que firmó el entonces director General de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, quien fue despedido e investigado por supuestos actos de corrupción; la investigación provocó la remoción de cinco funcionarios en febrero de 2017.
Foto: Cortesía.- Contrato firmado por Francisco Javier Pérez Maqueda
A casi dos años de la implementación del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, en los juzgados federales de Mexicali, los delitos de narcotráfico, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, falsificación de documentos y tráfico de especies en peligro de extinción, entre otros, se llevan a cabo en una sala en las instalaciones tradicionales del Poder Judicial de la Federación, la cual tiene agenda cubierta hasta por un mes, lo que ha generado un “cuello de botella”, según un jurista consultado.
LAS IRREGULARIDADES
Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que no hubo daños al erario durante el desarrollo del proyecto, detectaron omisiones en diversos rubros que competen tanto al Poder Judicial de la Federación, como a la empresa Sawam.
La irregularidad más evidente fue el retraso de la obra del edificio de dos pisos con planta baja, de seis mil 696.40 metros cuadrados de construcción y más de 21 mil de terreno, localizado sobre la calzada de Los Presidentes (antes cause de Río Nuevo), que de acuerdo al contrato CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016, denominado “Proyecto integral para la construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California”, en poder de ZETA, debía concluir en el mes de agosto de 2017.
Por esta obra desembolsarían 189 millones 996 mil 598.65 pesos que se dividirían en un anticipo del 35 por ciento y el resto en mensualidades iguales.
Pese a que ya muestra avances sustanciales, en siete meses no ha sido formalmente entregada la obra y según el documento de la ASF 1809-GB, no se emitieron las penalizaciones correspondientes a la empresa en el mes de septiembre de 2017, es decir, un mes después de la fecha que debió culminar.
Expresamente, el plazo de ejecución dice:
“Las partes establecen un plazo total de 240 (doscientos cuarenta) días naturales para la ejecución del proyecto integral, obligándose ‘La Contratista’ a iniciarlo el día 19 (diecinueve) del mes de diciembre del año 2016, y a concluirlos el día 15 (Quince) del mes de agosto del año 2017; reiterándose que dicho plazo no estará sujeto a modificaciones”.
Ligada a esta primera falla, la ASF emitió una segunda observación, y es que pese a que no cumplió con la fecha de la obra, el Poder Judicial de la Federación no penalizó a la empresa Constructora Sawam S.A. de C.V.
La institución solventó esta observación después de la presión de la ASF, pero a marzo del 2018, la obra no ha sido entregada y aún no cuenta con fecha para su inauguración, según lo expresado por personal de la dependencia.
Otra de las observaciones fue que pese a que se trata de una construcción cercana a donde se ubicaba el cauce de Río Nuevo, nunca se solicitó un Manifiesto de Impacto Ambiental para poder iniciar la obra.
Sobre ello, la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) confirmó que en ningún momento se solicitó este procedimiento que debió hacerse previo al inicio de la obra, lo que es una obligación debido al sitio de construcción.
Otra irregularidad que fue señalada se dio en los plazos de las licitaciones, ya que se dieron ligeramente fuera de tiempo por uno o dos días de diferencia, aunque las irregularidades fueron minúsculas.
Cabe mencionar que el documento establece 11 observaciones entre tres construcciones que fueron realizadas en el mismo término: una en Durango, otra en Mexicali y una tercera en Coahuila; diez fueron solventadas antes de terminada la evaluación. Sin embargo, la misma ASF recalcó que las anomalías habían sido consideradas violatorias de diversas leyes federales.
Este Semanario buscó durante tres días a los encargados del Centro de Justicia Federal, pero en ningún momento aceptaron proporcionar información oficial sobre los cuestionamientos. Incluso se les facilitó un número telefónico en reiteradas ocasiones, pero al cierre de la edición no se recibió una respuesta.
FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ OBRA, FUE DESPEDIDO POR CORRUPCIÓN
Dos meses después de autorizada la obra en diciembre de 2016, el entonces director General de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, fue removido de su cargo debido a acusaciones de corrupción derivadas del hallazgo de cuatro millones de pesos al interior de un vehículo bajo su responsabilidad.
El contrato se firmó en el mes de diciembre y para los primeros días de febrero, Pérez Maqueda ya no desempeñaba dicha labor al igual que el entonces director de Presupuestos y Concursos, José Alejandro Mc Naught Salguero, quien se encargó de seleccionar a las empresas ganadoras en ese último procedimiento. En total, cinco funcionarios fueron removidos por investigaciones que partieron de este hallazgo.
Previo a su ingreso al Poder Judicial, Pérez Maqueda fue señalado por la ASF por haber entregado más de 92 millones de pesos sin licitar a una empresa fantasma llamada Red Corporativa, según consta en el contrato PGR/AD/CN/SERV/147/2012, expuesto por el Diario Reforma, cuando era director General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Esto no fue analizado por la ASF, pero se lleva a cabo una investigación por parte del control interno del Poder Judicial Federal.
HAY UN CUELLO DE BOTELLA: CORTEZ
A casi dos años de entrar en vigor el Sistema Acusatorio Adversarial a nivel federal, Mexicali no cuenta con instalaciones ideales para llevar a cabo los juicios, pues solo se cuenta con una sala para todos los procesos
Según la revisión de las agendas disponibles a través de internet, se cuenta con audiencias iniciales programadas, así como también en espera.
Foto: Eduardo Villa.- El Poder Judicial de la Federación funciona con una sola sala
Aunque la Procuraduría General de la República (PGR), a través de su vocero, comentó que no existen problemas en el retraso de las audiencias, grupos de abogados se mostraron molestos por el diferimiento de audiencias.
Hernán Cortez, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali, dijo que es urgente la culminación del edificio del Centro de Justicia Federal, debido a que existen retrasos importantes en los procesos.
Luego de una consulta con abogados agremiados, el penalista señaló que se ha formado un cuello de botella a causa de la saturación de la sala donde se realizan los juicios, por lo que incluso han tenido que esperar horas para llevar a cabo una audiencia.
“Básicamente esto, se hace un cuello de botella, es una sala y pues, obviamente asuntos que se están judicializando, pero no se puede materializar y tiene que estar a expensas en los horarios”, puntualizó el jurista, quien agregó que el proceso judicial se está llevando de buena manera, ya que ha habido adecuaciones basadas en la experiencia de la implementación en otros estados.
Agregó que el Poder Judicial de la Federación ha extendido sus horarios de trabajo en el desarrollo de audiencias, pero esto no ha sido suficiente.
En una audiencia de juicio abreviado que se llevó a cabo el día martes, un joven de 21 años de edad, llamado Jesús Elías, fue sentenciado a pasar dos años de prisión por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, cometido el pasado 6 de diciembre en la colonia Hacienda de Castilla, una de las comunidades con mayor incidencia delictiva.
Jesús Elías, de escolaridad secundaria, fue sorprendido por policías estatales y federales portando un arma calibre .40 de la marca Glock, cuya penalidad alcanzaría los cinco años de prisión, pero al irse por juicio abreviado, ésta se redujo.
El Ministerio Público Federal presentó todas las pruebas en su contra y accedió a que tuviera los beneficios de libertad. De hecho, por este crimen no permanecía en prisión, puesto que se le impuso la medida cautelar de firmas semanales.
Tras declararse culpable frente al Juez Marín Acevedo Peña, se le fijó un plazo de cinco días para decidir si quería pasar los dos años en prisión, o bien, acceder a los beneficios que son el pago de 55 mil pesos, la semilibertad -permanecer preso solo los fines de semana-, o bien, realizar trabajo comunitario sin paga.
Al término de la audiencia, Jesús Elías salió por la puerta principal, junto con el Fiscal y su defensor; afuera ya esperaban otras personas para llevar a cabo el siguiente proceso.
