Si las encuestas no fallan, AMLO será Presidente, lo que significará un cambio político y social en México, pero, ¿tendremos un cambio profundo y permanente? Yo creo que no. Los cambios profundos requieren de nuevas instituciones, de nuevas normas y sus mecanismos para hacerlas efectivas.
Dice mi amigo Rolando Tamayo y Salmorán en su libro “La idea de Constitución”, que si no existe un procedimiento cierto para ejercer un derecho, éste en realidad no existe, es tan solo una declaración política. La democracia contemporánea exige instituciones para que el pueblo participe en la gestión de gobierno.
Muchas veces he repetido la frase de JJ. Rousseau, que realizo con motivo de las elecciones inglesas: “Los ingleses creen que son libres, pero solo lo son a la hora de votar”. Sí, eso pasa también con los mexicanos; solo ejercemos nuestra libertad a la hora de votar y después nos marginan de las decisiones públicas. ¡Esto debe terminar!
Para que de verdad exista democracia, requerimos que se formen nuevas instituciones, tales como el referéndum, para que participemos con nuestro voto al momento de aceptar o rechazar reformas constitucionales. Es necesario contar con la revocación del mandato para retirar de su cargo a los políticos, que no cumplan con sus promesas de campaña o bien no trabajen en beneficio del pueblo. Es indispensable que se cuente con una acción popular, para sancionar a aquellos que violen la Constitución.
En la actualidad, el Presidente está violado la Constitución al no enviar la propuesta al Senado para designar al Fiscal General, nombrando a un encargado de despacho, con lo cual evita la participación del Senado, pues éste se encargas de despacho, que por cierto no cumple algunos requisitos para ser fiscal; por lo tanto, no podría ser encargado del despacho. Es en los hechos un nuevo fiscal general y como hay complicidad de los senadores, chicanamente violan la Constitución.
Lo mismo sucede con el Senado al no nombrar al fiscal anticorrupción o la Cámara de Diputados, quien no ha nombrado al titular del Órgano Superior de Fiscalización, todos ellos violan la Constitución impunemente, pues solo a través del juicio político podrían ser castigados, pero como hay complicidad entre ellos, nada pasa.
Por eso propongo una acción popular para castigar la violación a la Constitución y la sanción con pérdida del cargo al que reiteradamente, como es el caso, la violen. La corrupción que se da en las obras públicas tanto en la adjudicación, como en su realización debe ser vigilado por los ciudadanos; por ellos, cada obra debería tener un comité de vigilancia ciudadana que monitoree la adjudicación y ejecución de cada obra pública.
Creo también que la Constitución debería dividirse en tres grandes apartados, aquellas normas fundacionales del Estado mexicano, las cuales Jorge Carpizo denominaba las decisiones jurídico político fundamentales, que necesariamente deberían aprobarse por referéndum o a través del sistema francés, que una legislatura las apruebe y la siguiente lo ratifique o rechace.
Un segundo paquete de normas donde se encontrarían las garantías sociales, las cuales deberían seguir aprobándose como hasta ahora, con el sistema norteamericano, en el cual intervienen el Congreso Federal y los congresos estatales.
Un tercer paquete de normas, las llamadas programáticas, que son las que cada gobierno puede incluir en la Constitución, para establecer su programa político, que deberían ser aprobadas con el 51% de la totalidad de los legisladores.
Una nueva institución debería incorporarse a la Constitución, misma que ha sido propuesta por el gran jurista mexicano Héctor Fix-Zamudio, que consiste en crear normas similares a las brasileñas para que en caso de que el Congreso no legisle, la Suprema Corte intervenga creando una legislación de emergencia que tendría vigencia hasta en tanto no legisle el Poder Legislativo, así se reducirían las violaciones constitucionales y el vacío legislativo.
Este sistema ya existe en Chiapas. En los municipios de la Ciudad de México deberían crearse asambleas legislativas municipales, con atribuciones reglamentarias, como los arrondissements (barrios) parisinos, especialmente la facultad de aprobar el cambio de uso de suelo. Esta última atribución se debería establecer para todos los ciudadanos del país en los municipios. También la consulta ciudadana para las obras municipales.
Es realmente terrible que llegue un presidente municipal y cambie en las calles, el concreto por adoquín y el siguiente quite el adoquín y ponga concreto, en un juego sin fin de caprichos y corruptelas. Estoy convencido que, de aprobarse estas y otras instituciones similares, el país sí tendría un cambio profundo y permanente.
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana. Correo:amador_rodriguezlozano@yahoo.com
