Mientras buscan a sus familiares desaparecidos, viven bajo la sombra de las amenazas del crimen organizado y elementos policiacos. A pesar de la instauración de una Ley que obliga a las autoridades a la búsqueda, investigación y resolución de los casos, familiares no ven avances y actúan sin el amparo de los encargados de administrar la justicia, pues no les garantizan la seguridad, el reencuentro con los suyos, la resolución de los casos, mucho menos los castigos y reposiciones del daño
Los familiares de desaparecidos en Tijuana y las organizaciones civiles que coadyuvan en investigaciones y denuncias, viven con temor de las represalias por parte del crimen organizado; desconfían de las autoridades gubernamentales y de seguridad pública, debido a que no les garantizan la indagación ni resolución de sus casos, además sospechan que estén coludidas con la delincuencia organizada.
Esta situación provoca que algunos familiares opten por el silencio y la resignación, mientras los más “aguerridos” deciden actuar desde sus trincheras e investigar con sus propios recursos, aunque eso les signifique poner en riesgo sus vidas; en otros casos hay quienes deciden adherirse a organizaciones civiles donde encuentran respaldo y protección.
De acuerdo a la estadística recopilada, el colectivo Una Nación Buscando “T”, coordinado por Angélica Ramírez, en el Estado hay alrededor de dos mil 350 casos de personas desaparecidas de manera forzada y no localizadas; 70% en Tijuana, cifra que se complementa con los 350 casos que registró la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, que coordina Fernando Ocegueda Flores, luego del muestreo de ADN que realizaron en todo el Estado a finales del año pasado.
Números que contrastan con los tres casos por desaparición forzada (dos en Tijuana y uno en Mexicali) que tiene registrados la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), o los tres mil 524 casos de personas reportadas solamente como no localizadas con que cuenta la institución, según la información obtenida a través de transparencia.
Foto: Cortesía.- Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California
ZETA platicó con ambos activistas y familiares que han sido víctimas de la desaparición forzada, quienes coincidieron en que este camino por el reencuentro de sus seres queridos es largo y sinuoso, además de riesgoso, ya que, aparte de tener que lidiar con las amenazas del crimen organizado, no cuentan con el apoyo necesario del gobierno.
A pesar de que denuncian, proporcionan información relevante e incluso que señalan a los agresores, las investigaciones no se materializan, al contrario, les piden que “no hagan nada, no realicen ningún movimiento o ya no le busquen porque las van a matar o a secuestrar”, lo cual ven como una clara amenaza.
El caso de la señora María del Pilar Chávez es uno de ellos; desde hace más de dos años había buscado por cuenta propia a su hijo Marco Antonio Lozano Chávez, hecho que denunció ante el Ministerio Público, pero del que nunca recibió llamado de quienes quedaron a cargo de la investigación.
Fue gracias a sus propias indagatorias que en agosto del año pasado dio con un predio en Módulos de Otay, donde le aseguraron que se encontraban los restos de su hijo; sin embargo, su petición para realizar una excavación no dio eco entre las autoridades, por lo que desistió ante el temor y las amenazas que podrían devenir en su contra.
PREOCUPAN LAS INTIMIDACIONES DE LAS AUTORIDADES
Para los activistas y los familiares, las provocaciones que reciben por parte del crimen organizado y personas “desconocidas” son frecuentes y constantes, hay quienes mejor se retiran de la búsqueda, pero la mayor preocupación que tienen es cuando las amenazas vienen de las propias autoridades.
La activista Angélica Ramírez considera que las recomendaciones dadas por elementos de justicia respecto a que no hagan nada porque “está en riesgo su vida”, “los van a matar”, “porque tienen más familia y pueden desaparecer a otros”, no solo son un acto intimidatorio, sino claramente amenazas directas que les dan los policías para que no denuncien, ni se organicen, mucho menos que levanten la voz.
Coincide con ello, la activista Fernando Ocegueda, así como la señora Judith Arcadia, quien luego de varios años de investigación tratando de encontrar a su hijo, en septiembre del año pasado localizó un predio en la Zona Norte, donde, por cuenta propia y con la ayuda de deportados, comenzó una excavación y búsqueda de los restos óseos de su hijo.
Días después se unieron investigadores de la PGJE y lograron encontrar dos cuerpos de los cuales, después se supo que ninguno era el de su hijo; sin embargo, luego de esa situación, la señora tuvo que salir de Tijuana con protección federal a causa de las amenazas que recibió y las constantes confrontaciones que tuvo con la autoridad, quienes le prometieron que continuarían una búsqueda en el mismo predio para solventar las sospechas, cosa que hasta la fecha no han realizado.
Ocegueda Flores agregó que por esta situación, actualmente tienen a tres personas con protección federal, debido a la desconfianza que hay entre las autoridades estatales, con quienes ha tenido muy malas experiencias.
CRIMINALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, EL GRAN OBSTÁCULO
Pese a las amenazas y el constante hostigamiento hacia los familiares, quienes no desisten de ello, se encuentran con otro de los grandes obstáculos en cuanto a la investigación de casos se refiere: la criminalización y la discriminación de los desaparecidos, lo cual genera que las investigaciones no avancen, que se prioricen los casos o que simplemente se dejen de lado y se les dé “carpetazo”.
Para Ocegueda Flores es lamentable que en el caso de los desaparecidos, se permee esa política de estado que es la criminalización de las personas, porque cuando se culpa a alguien, inmediatamente la sociedad cree que “se lo merecía porque andaba mal”, cosa que magnifican los medios de comunicación y las propias autoridades, puesto que en cuanto se hace una denuncia, de inmediato van al archivo para ver los antecedentes.
“Eso genera un impedimento para la investigación, además que minimiza el tema de los desaparecidos”, recalcó.
Para Angélica Ramírez, el tema de la discriminación por parte de las autoridades, también es algo con lo que han batallado, porque el problema con ello es que catalogan a los desaparecidos por apariencias y actividades que realizaban antes, de manera que depende de esa catalogación para que las autoridades prioricen la búsqueda.
SOSPECHAN DE COLUSIÓN CON LA DELINCUENCIA
Un familiar afectado por esta situación y consultado por este Semanario, quien prefirió omitir su nombre por seguridad, refirió que todas estas situaciones son las que les generan desconfianza hacia la autoridad e incluso les ha llevado a sospechar que también son parte del problema y que hay colusión entre ellos y la delincuencia organizada, como bien pudo observar en el caso de su hijo desaparecido por ministeriales.
La activista Angélica Ramírez compartió que, así como este caso, hay muchos; por lo tanto cree que a las autoridades no les conviene sacar esto a la luz pública porque están relacionados “con la misma maña y la misma mafia”, ya que se encontró que a principios de mayo de 2016 tuvo un caso en el que, investigando, se encontró que funcionarios públicos y políticos “fuertes” del Estado, están metidos en el tráfico y la trata de personas.
“¿Así cómo vamos a creer que al gobierno le interesa el problema y quiera que encontremos a esas personas que desaparecen a la gente, si ellos están dentro de las mismas mafias?”, amonestó.
PGJE LA MÁS SEÑALADA ANTE LA CEDHBC
Por omitir información de casos, retardar el trámite administrativo e incumplir con asesoría jurídica e información sobre el desarrollo de los procedimientos, la PGJE es la instancia con mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con 27 de ellas; mientras que un Juez Municipal de Ensenada tiene una queja y una más que se remitió a la PGJE de Jalisco, son 29 el total que se presentaron durante 2017.
Las quejas por municipio son: Tijuana, 23; Mexicali, tres; y Ensenada, tres 3. Los principales derechos humanos presuntamente vulnerados son: derecho a la seguridad jurídica, a la libertad y petición.
En cuanto a las quejas por desaparición forzada, la Comisión recibió solamente dos que fueron en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, y el presunto derecho humano vulnerado fue el de la integridad y seguridad personal.
Sin avances en la aprobación de la Ley Estatal de Víctimas Activistas, resaltaron las familiares de las víctimas que también, uno de los grandes temas que conlleva esta problemática son los daños colaterales, porque en una familia donde desaparece uno de sus integrantes, se coarta la tranquilidad, se trastocada la seguridad, se vive bajo la incertidumbre, bajo el dolor eterno del duelo, y lo peor es que en el Estado no existen programas concretos de apoyo para las víctimas.
Por ello urge la aprobación de la Ley Estatal de Víctimas, la cual no ha sido decretada todavía en el pleno del Congreso del Estado.
Una ley que desde 2013 debió haber aprobado el gobierno del Estado, luego de que la Federación aprobara la Ley General de Víctimas, con la cual se podrían haber generado muchos cambios ya en cuanto a los procedimientos que actualmente se hacen con las víctimas.
Ley que podría garantizar también la reparación total del daño, protección de las víctimas y la seguridad de las mismas.
LEY CON OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES YA ENTRÓ EN VIGOR
A propósito, el 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, impulsada por familiares y la sociedad civil, la cual entró en vigor el pasado 16 de enero del presente año.
En ella se manifiesta que todo gobierno del Estado e instancias procuradoras de justicia, están obligados a:
* Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, además de esclarecer los hechos y prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos.
* Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas.
* Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero, así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición del delito.
* Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.
La Ley también establece que “bajo ninguna circunstancia se podrán invocar condiciones particulares de la Persona Desaparecida o No Localizada, o la actividad que realizaba previo al momento de la desaparición para no ser buscada de manera inmediata”, además que se tendrán que aplicar las medidas necesarias para que los desaparecidos “no sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier forma”.
