Desde el inicio de 2017 se tuvo registro de una serie de conflictos con las diferentes modalidades de transporte. Muchos de estos partieron de una petición por el aumento a la tarifa de transporte, misma que fue frenada tras la participación ciudadana y donde autoridades, después de ello, se comprometieron a poner sobre la mesa y llevar hasta el
Congreso del Estado, una nueva Ley de Transporte que pudiera adecuarse a las necesidades actuales de los usuarios y los transportistas en el Estado. Frente a ello, en el mes de octubre, a cargo de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad (Sepuim) del Estado, se realizaron diferentes foros en los cinco municipios a fin de aportar a lo que sería la nueva Ley de Transporte.
Sin embargo, tras el paso de casi cinco meses que se llevaron a cabo dichos foros donde participaron diferentes asociaciones civiles, empresarios, transportistas, concesionarios, estudiantes y ciudadanía en general no consiguieron llegar a una respuesta.
“La verdad es algo raro. Los foros se llevaron a cabo la tercera semana de octubre del año pasado y ya estamos en marzo, ya pasaron que cuatro o cinco meses; entonces a nosotros, después de que se llevaron a cabo los foros, no nos entregaron un resumen ni un acta ni nada de qué iba pasar con nuestra participación en estos foros. Nadie ha salido a decir nada”, expresó Yuma Pérez, activista social en la lucha del transporte público.
En un inicio, el reclamo principal se dirigió a las tarifas del transporte, esto tras la solicitud de su incremento. Actualmente existen nuevas modalidades del mismo que no son contempladas en la ley y eso ha generado algunos disturbios y conflictos sociales.
En el mes de noviembre, la plataforma Uber se incorporó a la capital del Estado a la prestación de sus servicios y aunque en su primer día apenas circularon alrededor de siete vehículos, hoy en día son más de 50 los que andan por las calles de la ciudad.
Sin embargo, apenas el fin de semana pasado se suscitó una polémica, luego de que dos choferes de Uber fueran detenidos en un operativo y se les decomisara el automóvil por no contar con una concesión para el transporte de pasaje, tal cual lo marca la ley obsoleta de transporte, pero sí fueron infracciones con base en ella, pese a no tener la regulación como transportes.
De acuerdo a la versión de uno de los afectados, esta detención no debió ser y sobre todo, afectó su economía
“La infracción sin descuento porque, por suerte, las pagamos dentro de las primeras 72 horas; ascienden a casi cuatro mil 500 pesos, más 500 pesos de arrastre de la grúa que en ningún momento se debió haber pagado; eso se me hizo muy incorrecto porque el carro estaba en condiciones operables de conducir, entonces básicamente nos obligaron a pagar esa grúa y fueron cinco mil pesos que teníamos que pagar por algo que no estamos cometiendo y que sinceramente es bastante incómodo y un golpe considerable a nuestra economía. Principalmente y adicional súmale que no nos dejaron trabajar en los mejores días”, comentó de manera anónima a ZETA uno de los choferes afectados.
Frente a este conflicto que causó muchos debates en redes sociales y usuarios del transporte público, autoridades lo único que argumentaron fue que hasta el momento ya tienen idea de las necesidades de los mismos; sin embargo no se contempla para corto plazo la ley que habían asegurado, saldría a principios de este 2018.
“No puedo decir que tenemos un boceto, pero sí como ideas muy concentradas de cada una de las partes. Tenemos claridad en que el parque se tiene que renovar, también entendemos que no lo podemos solicitar de hoy para mañana, porque sería poner en una situación financiera muy difícil a nuestros transportistas; pero sí lo tenemos en mente, solo que esto podría llevar algún tiempo, a mediano plazo”, comentó José Luis Escalera Morfín, secretario de la Sepuim en Baja California Sur.
Por su parte, desde 2017 hasta la fecha, lo único que se ha realizado en temas de transporte ha sido la detención de la tarifa del mismo a fin de no perjudicar a los usuarios.
