Debido al pleito entre Los Villavicencio y Los Cuevas por la plaza del narcomenudeo, en menos de 24 horas, cuatro personas fueron ejecutadas en sitios concurridos del municipio; Los Cuevas fueron detenidos
“La muerte de ‘El Conejo’ desde luego era evidente, era un hecho que ya estaba planeado, desde tiempo atrás había sido amenazado y salió huyendo a Ensenada, una vez que las cosas bajaron de tono en el Estado, retorna, equivocadamente había un saldo pendiente, fue cuando se dio la persecución y muerte”, revelaron a ZETA fuerzas ministeriales de Baja California Sur.
La mañana del viernes 16 de febrero, las calles de Santa Rosalía fueron escenario de la nueva guerra que intentó desestabilizar las operaciones de venta y distribución de estupefacientes en Mulegé; aunque el terreno ya estaba establecido para que células del Cártel de Sinaloa continuaran operando, la ruptura de los narcomenudistas locales era inminente.
Esa mañana fue privado de la vida Higinio Villavicencio Bastida “El Conejo”, quien quedó tendido junto a una camioneta en una cuesta en el viejo acceso a la colonia Nueva Santa Rosalía en la comunidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé.
“Se escucharon varios disparos de arma de fuego, seguido a esto una camioneta de color blanco, lo que se alcanzó a ver es una camioneta que salió por la cuesta y otro vehículo persiguiéndolo; vimos que dispararon pero esto no pasaba aquí, allá en La Paz sí sabemos de mucho movimiento, acá se sabía de gente armada, pero hasta ahí”, dijo un testigo de la balacera.
Fuerzas de inteligencia colocaron a Los Villavicencio en el control de la venta y distribución de estupefacientes en la zona de Mulegé, principalmente en Guerrero Negro y Vizcaíno, además de grupos criminales afines a dicho grupo que han mantenido el control de la plaza al norte.
La cacería que iniciaron los conocidos como Los Cuevas, supuestamente para desestabilizar la plaza y controlar parte de la distribución de estupefacientes, “empezaron a cazar a parte de los ocupantes de la zona, narcomenudistas fueron los primeros para poder entrar, lo que se dice es que chapulinearon y quisieron apoderarse de la plaza o al menos tener participación; una vez hecho esto, podrían negociar su permanencia”, comentó un agente militar en el norte del Estado.
Pero la cacería no terminaría con “El Conejo”. La mañana del 4 de marzo, las operaciones criminales de la célula continuaron con la generación de violencia, “dando muestra de la fuerza que cargaban”, cuando tres vidas más fueron cobradas ese día, sembrando terror en la comunidad.
Ese domingo fueron ultimados Enrique Rangel Aguilar, de 35 años de edad, originario de San Ignacio, y Eduardo González Soto, de 26, procedente de Santa Rosalía, ambas comunidades de Mulegé. Los hechos ocurrieron en el Bulevar La Fundición, en la Mesa Francia Santa Rosalía. Los cuerpos estaban tendidos en el pavimento con múltiples impactos de bala.
“Ciudadanos informaron que del sitio se llevaron una camioneta, y habían secuestrado a un joven más, pero en la búsqueda que se intensificó, no pudo ser localizada”, expuso un agente municipal de la cabecera mulegina.
Sin embargo, unas horas después fue localizada una camioneta Nissan Pathfinder de color guinda a un costado de la carretera, en su interior se encontraba Erick Carreón Villalobos, originario de Santa Rosalía, quien “presentaba un disparo en la cabeza, el tiro de gracia, por lo que hace pensar que sicarios antes de darle muerte lo interrogaron y, una vez obtenida la información, le quitaron la vida”, señaló el agente municipal.
CALENTARON LA PLAZA
“Buscando apoderarse de una plaza pequeña, que más bien funge como el acceso y traslado de la droga, Los Cuevas trataron de incursionar en el negocio del narcomenudeo en una plaza ocupada, lo que provocó presencia de fuerzas de seguridad, llamar la atención e infundir terror a la gente local”, situación que se salió de control según las fuerzas de seguridad que fueron enviadas desde La Paz a Mulegé para controlar el problema.
Aunque la comunidad se encuentre a ocho horas de la Capital, los gritos de ayuda de la comunidad de Santa Rosalía hicieron eco en el Palacio de Cantera.
“Los altos mandos de Baja California Sur, desde luego que resintieron que La Paz y Los Cabos estén con índices por debajo de los últimos meses, como para que se dispararan los hechos en otros puntos, generaría una explosión en cadena y por ello se buscó controlar”, agregó el elemento del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.
Los mensajes fueron claros y directos a la población estudiantil, el Colegio de Bachilleres (Cobach) Plantel 6 emitió una alerta a través de redes sociales, la cual con mayúsculas hizo el llamado a los padres y madres de familia para evitar que manden a sus hijos a labores educativas: “ATENTO AVISO: COMO MEDIDA PREVENTIVA Y DE SEGURIDAD POR LOS SUCESOS DE ESTOS DÍAS, EL DÍA DE HOY SE SUSPENDEN CLASES”.
El caos desencadenado de la inoperancia de las fuerzas de seguridad de Mulegé llevó al temor de salir de las casas, tanto así que Santa Rosalía se convirtió en un pueblo fantasma por la sensación de inseguridad.
“Somos un pueblo muy pequeño, todos son familia, conocidos o alguna relación, entonces los rumores se corrieron rápidamente, si en La Paz se conocen, imagínate aquí que somos muchos menos, hay miedo de salir de la casa, las mamás prefirieron no mandar a sus hijos a la escuela, por supuesto que nos pega y más que tenemos un puerto de acceso no solo para la gente de la zona; también personas no gratas entran, y eso nos preocupa más”, dijo un comerciante de Santa Rosalía, quien prefirió el anonimato.
Las expresiones en redes sociales también subieron de tono, pues por días, los residentes de Mulegé han vivido en la zozobra de los hechos violentos. En menos de 24 horas, por lo menos cuatro personas fueron ejecutadas en sitios concurridos.
Ante el incremento desmedido de hechos violentos y la presencia de células criminales, sobre todo ante la inoperancia de la Policía Municipal de Mulegé, un Grupo de Reacción fue enviado desde La Paz con el apoyo del procurador de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, y del secretario de Seguridad Pública en Baja California Sur, Capitán de Navío Germán Wong López, para desarticular la amenaza en la zona.
AMENAZA FUE DESARTICULADA
Una vez que fueron encendidos los radares y puesto en marcha el operativo para desarticular a la peligrosa banda denominada Los Cuevas, agentes operativos fueron desplegados en diferentes puntos de la comunidad con el fin de realizar un cerco criminal; el equipo de inteligencia reunió cada una de las pruebas, testimonios y denuncias no atendidas.
Los recorridos fueron delimitados hasta una vivienda de la colonia La Nopalera en Santa Rosalía, allí se logró la detención de los conocidos como Hermanos Cuevas, presunta célula delictiva dedicada a la venta y distribución de estupefacientes al menudeo.
En el operativo cayeron cuatro personas.
De igual manera, la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) celebró un fuerte aseguramiento y la contención momentánea de los hechos violentos en la zona donde capturaron y decomisaron un rifle tipo fusil calibre .22, rifle tipo carabina, al parecer escopeta; arma corta tipo pistola 9 milímetros, un arma tipo revólver; cartuchos útiles y bolsas de plástico con sustancia granulada de la droga conocida como cristal, correspondiente a mil 334 dosis.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, cabe mencionar que los nombres se han mantenido con total sigilo para poder consignarlos.
“Se elaboró un mapa de riesgo en Mulegé, se identificaron los pilares endebles de la zona, la principal, la complicidad de cuerpos de seguridad de la municipal con la participación con grupos criminales, principalmente para brindar protección y dejar operar, esto representó un grave problema, pues dimos cuenta que había intereses y conflictos familiares de por medio”, subrayó una fuente de la PGJE.
El primer cambio para modificar la estrategia criminal que había reinado con total impunidad en Santa Rosalía se dio en la Dirección de Seguridad Pública y Policía Preventiva de Mulegé; fue destituido el director, Eduardo Cuesta Aguilar.
Además, trascendió que había reprobado los Exámenes de Control y Confianza necesarios para mantenerse al frente de la institución.
En su lugar habría de ser nombrado como encargado de despacho, el Teniente de Fragata Luis Antonio Navarrete, el cual mantendría como encargo principal la erradicación de la corrupción al interior de la corporación y romper los lazos entre la institución con las diferentes células criminales que operan en la geografía mulegina.
“Actualmente nuestro municipio está viviendo una situación complicada en materia de seguridad, una problemática que nos aqueja a nivel estatal y nacional. Como instancia municipal tenemos la gran responsabilidad de ser los primeros responsables de atender la seguridad de nuestras familias, pero esa responsabilidad no es exclusiva de nosotros, nos compete a todos los órdenes de gobierno”, indicó Cecilia López González, alcaldesa de Mulegé.
Al menos 18 agentes municipales se encontraban en una situación de no haber aprobado los Exámenes de Control y Confianza, aunado a que el equipamiento es prácticamente nulo, al igual que las condiciones laborales no son las adecuadas, pero tal parece que eso lo ha olvidado la presidenta municipal en su periodo de dos años y cinco meses.
Sin embargo, reconoció que por años la institución había estado en el olvido, incluso de ella misma: “Lamentablemente el abandono de más de siete años no se puede solucionar en poco tiempo, pero seguimos en la lucha, y precisamente en esta lucha me acompañó y asumió en septiembre de 2015 la responsabilidad como director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Eduardo Cuesta Aguilar, a quien agradezco y reconozco su compromiso y dedicación en el tiempo que estuvo al frente de esta corporación”.
SIN PREVENCIÓN ANTE DELINCUENCIA EN LA PAZ
“Desde que tuvimos a la vista al grupo criminal que mantenía las operaciones criminales, sabíamos que esto apenas el inicio de lo que llaman la ‘limpia’, pero desde luego, estamos analizando la información obtenida de las recientes detenciones, sobre todo que lo principal es evitar que se mantenga la impunidad, nos genera una fuerte sensación de ingobernabilidad; aunque lo cierto es que hemos logrado bajar los índices un 80 por ciento”, apuntó un elemento del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.
Identificados con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Paz ha entrado en un proceso de purga criminal, tras un 2017 con los índices más altos de violencia en la Capital y de todo BCS, incluso llevaron a ese municipio a colocarse entre los 50 más violentos del país.
Al contrario de la estrategia que planteó el Presidente Enrique Peña Nieto y de la orden emanada desde la propia Secretaría de Gobernación para sacar a estos municipios, se incluyó a Los Cabos, situación que atrajo los reflectores del gobierno de Estados Unidos a través de la Embajada, con Roberta Jacobson.
La Paz pasó a un incremento importante. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el 31 de julio de 2014 en que inició el periodo violento en BCS, la entidad habría acumulado 12.36 homicidios dolosos en promedio por mes hasta agosto de 2016, periodo en que se destinaron recursos para un programa fallido de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
A partir de agosto de 2016, cuando Peña Nieto dio a conocer el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en promedio mensual se cometieron 49.66 homicidios dolosos, incrementando en un 400% la incidencia de homicidios violentos en BCS, la mayoría a cargo de la delincuencia organizada.
“Venía operando anteriormente solo en La Paz, con acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia, hoy se amplía el polígono a Los Cabos y nos da la pauta para que a través de la delegaciones federales que tienen reglas de operación que tienen que ver con la emisión de convocatorias para los polígonos de prevención del delito, puedan desplegar sus recursos”, señaló Ricardo Millán Bueno, delegado de Gobernación en la entidad.
Pero es más que obvio que la operación falló y no solo no pudieron sacar a La Paz de este rango, sino que arrastraron a Los Cabos, uno de los destinos más importantes del país, a caer en las tasas de homicidios más altas en la historia.
“El aumento de la violencia en La Paz y Los Cabos no se debe a otra cosa, tiene que ver con la impunidad y que en BCS no pasa nada, pero el que no pase nada, no me refiero a la violencia, eso es lo que pasa; lo que no pasa es la justicia que los ciudadanos estamos esperando con los miembros de la delincuencia organizada, ya todos sabemos quiénes son y dónde los pueden encontrar”, expuso el miembro del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
Es claro que las autoridades de los tres niveles de gobierno han quedado a deber en el combate a la delincuencia organizada, cifras de ZETA dan cuenta de 66 homicidios cometidos por células de la delincuencia organizada de enero a la fecha, siendo un promedio de 7.33 homicidios por semana y 29.32 por mes.
Preocupante porque los homicidios se han extendido de La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas en Los Cabos, a Santa Rosalía en Mulegé.
CIFRAS MANIPULADAS
“El repunte más fuerte en la violencia por la que atraviesa Baja California Sur se vivió en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, los meses más violentos en la historia y que colocaron a los destinos de La Paz, sobre todo a Los Cabos en la mira de todo el mundo, lo que obligó a que por fin metiera las manos el Gobierno Federal después de dos años y medio sin intervenir”, refirió el experto del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito consultado.
Los Cabos y La Paz, colocadas en el ranking mundial como primer y sexto lugar respectivamente, de las 50 ciudades más violentas del mundo, ha sido la estocada más fuerte que ha recibido BCS, “estamos en días que se ha sentido una tranquilidad o una contención de la violencia, cosa que no ocurría en al menos año y medio, estos días de marzo hemos visto una mejora y con registro de apenas siete homicidios en lo que va de marzo, uno por día a comparación de meses atrás como octubre y noviembre, eso no lo dicen”, manifestó un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal presentó el “Ranking de las Ciudades de Más de 300 Mil Habitantes con las Tasas de Homicidio más Elevadas del Mundo”.
Entre las “novedades” que considera, “ingresaron las ciudades de Los Cabos y La Paz por primera vez” en 2016, entre otras localidades de países como Brasil, Honduras, Estados Unidos, Venezuela, Sudáfrica y Guatemala.
Según datos contemplados por el Consejo, “Los Cabos pasó de 61 homicidios en 2016 a 365 en 2017”, lo que denota un incremento del 500%, sin embargo, la situación en 2017 fue más grave, cuando se cometieron 738 homicidios dolosos -según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- lo que equivale a 184.5 homicidios por cada 100 mil habitantes e incrementa la tasa catastróficamente.
“Estamos conscientes del problema que significó 2017, lo que tenemos en 2018 es una estrategia que ha sido puesta en marcha y nos ha reducido considerablemente los índices, y por supuesto que estamos en la etapa de contención y se están aplicando los candados para que siga así y poco a poco puedan bajar aún más”, confió el agente del Grupo de Coordinación, sin embargo, aunque están en etapa de contención, “se han incrementado los robos con violencia y las extorsiones, es un tema que traemos y nos preocupa, porque están tocando hebras muy sensibles de nuestros empresarios”.
Acorde con el Consejo Ciudadano, en otros países se ha logrado el éxito de bajar los índices delictivos, “estos cambios no ocurrieron por casualidad, sino que son resultado de un encomiable esfuerzo del gobierno de Honduras por erradicar en forma sistemática a las células de grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos, distintos a los homicidios que cometen pandillas, así como poner orden en las prisiones”.
El procurador estatal Daniel de la Rosa Anaya afirmó que se terminaría con la impunidad y habría más castigo a delincuentes, contrario a ello, la impunidad sigue reinando en las calles, las células delictivas siguen cometiendo homicidios, y en los Centros de Reinserción Social, el tráfico de drogas y distintas sustancias, así como el uso de celulares, sigue presentándose.
Eduardo Herrera, presidente de Emprhotur La Paz, consideró que pese al artero golpe político que se intentó, “para nosotros aparentemente es un duro golpe, pero estamos haciendo nuestra labor, seguimos atendiendo al turista, tenemos el triatlón con casa llena, el evento de la semana pasada estuvo lleno; la verdad no tenemos una afectación directa, porque no ha habido un daño al turismo, realmente son hechos aislados, lamentablemente es una población muy pequeña la que radica en esta zona, y entonces eso es lo que hace daño”.
Mientras que el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, quien presentó el ranking anteriormente mencionado, habría sido expulsado de México Unido contra la Delincuencia, asociación fundada por Josefina Ricaño de Nava, quien en 1997 padeció el secuestro y homicidio de su hijo.
La expulsión de Ortega Sánchez se dio en ese año, por intentar manipular políticamente el movimiento que pretendía buscar justicia no solo por el caso de Josefina, sino de todos los mexicanos que por la impunidad les habían arrebatado algo; la convocatoria logró unir a más de 120 mil mexicanos hartos y con sed de justicia.
José Antonio fue vinculado rápidamente con la organización de derecha “El Yunque” y catalogado como manipulador; finalmente, para evitar que el movimiento social se viera ensuciado, fue expulsado.
Hoy, el propio Ortega Sánchez presenta datos que muchos han criticado por las formas en que se dan y la estrategia estadística utilizada, ya que compara a las ciudades de Baja California Sur con la de otros países que tiene millones de habitantes, como Caracas, Venezuela.
Además, no contempla ciudades de Afganistán y Siria, actualmente están en guerra, y que han generado cientos de muertos en un solo día.
Aún hacen falta acciones concretas que no se han sentido, si bien la violencia está en etapa de contención, sicarios siguen operando con total impunidad a cualquier hora del día y por colonia, sin que las autoridades puedan intervenir.
Ejemplo de ello es Santa Rosalía en Mulegé, una comunidad pequeña con presencia de células criminales que operaron hasta que hubo hartazgo; sin embargo, actuaron con impunidad.